Apagón político: cuando la energía se convierte en arma electoral
El apagón que sumió a España en la oscuridad durante varias horas el pasado 28 de abril ha encendido, más que nunca, los focos del enfrentamiento político. A falta de un informe técnico claro y asumido públicamente, Gobierno y oposición se enzarzan en un cruce de reproches donde lo que menos importa, paradójicamente, es la luz. Las acusaciones han tomado el protagonismo en lugar de las soluciones, y la ciudadanía asiste a un nuevo episodio de ruido partidista mientras la seguridad energética sigue sin una hoja de ruta fiable.
El Partido Popular ha aprovechado la ocasión para cargar contra la apuesta del Ejecutivo por las energías renovables, culpando directamente a Pedro Sánchez de “invertir las prioridades” en la política energética. Según su discurso, el Gobierno antepone la transición verde a la fiabilidad del sistema eléctrico. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, fue incluso más lejos al tachar la política energética del Ejecutivo de “sectaria” y alejada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Insistió, además, en reabrir el debate sobre la energía nuclear como alternativa “barata, limpia y segura”, respaldándose en los argumentos más favorables de la normativa europea.
Sin embargo, el verdadero problema no es la defensa —más o menos razonable— de las nucleares, ni siquiera el choque entre renovables y fuentes convencionales. Lo preocupante es la absoluta falta de consenso en un asunto estratégico que afecta directamente a la seguridad nacional, la economía y el bienestar de millones de personas. La política energética no puede gestionarse a golpe de tertulia o de tuit, y mucho menos convertirse en munición electoral cuando el país aún espera una explicación oficial de lo ocurrido.
Por su parte, el PSOE ha reaccionado con un tono defensivo, acusando al PP de “desear el caos” e insinuando que la oposición esperaba un desastre para poder sacar rédito político. Esther Peña, portavoz socialista, centró su intervención en destacar la madurez de la ciudadanía frente al apagón, pero no ofreció ni una sola respuesta técnica que disipara las dudas sobre la fragilidad del sistema. Tampoco eludió la tentación de crispar aún más el ambiente, atribuyendo al PP una estrategia basada en la confrontación y el alarmismo.
Mientras tanto, el país sigue sin una explicación clara del fallo en la red, más allá de interpretaciones de expertos independientes que han apuntado a un desajuste entre la oferta de generación y las oscilaciones en la demanda. El propio Consejo de Seguridad Nacional había solicitado hace tiempo una Estrategia de Seguridad Energética que sigue sin materializarse. Y Red Eléctrica, con el Estado como accionista mayoritario, guarda un silencio que resulta cada vez más inquietante.
La gran paradoja es que este incidente, lejos de provocar una reflexión profunda sobre el modelo energético, ha servido como excusa para la escenificación política más clásica: la de los reproches vacíos, los discursos prefabricados y las soluciones simplistas. Una política energética seria exige realismo, visión de futuro y, sobre todo, voluntad de colaboración entre fuerzas que, más allá de sus diferencias ideológicas, deberían compartir un mínimo sentido de Estado.
Si algo ha quedado claro tras este apagón es que España no solo necesita una transición energética bien planificada, sino también una transición política hacia una cultura del acuerdo en cuestiones estructurales. Y, de momento, ni unos ni otros parecen estar preparados para dar ese paso. @mundiario
