Trump sabe que no puede imponerle aranceles a España sin pasar por la UE pero sigue erre que erre

La reiteración importa porque, en política exterior, la insistencia produce hechos: “no estoy nada contento con España”, “no estoy nada contento con España”, “no estoy nada contento con España”. Es la letra de las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, que durante encuentros y ruedas de prensa —en el marco de su agenda internacional y de la recepción al presidente argentino— cargó contra Madrid por no elevar su gasto en defensa hasta ese 5% del PIB que tanto defiende la Administración estadounidense y propuso, incluso, medidas de castigo comercial.

Hay varias capas en este asunto y por eso conviene desgranarlas con calma. La primera es la factual: Trump ha acusado a España de ser “increíblemente irrespetuosa” con la OTAN y ha llegado a sugerir que podría imponer aranceles como castigo por no alinearse con la cifra acordada por varios miembros del bloque. Sus declaraciones han ido abriendo titulares en la prensa internacional en los últimos días y han reavivado una crisis de confianza entre Washington y Madrid.

La segunda capa es normativa y práctica: las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España no son bilaterales en solitario, sino que se insertan en el marco de las relaciones entre EE UU y la Unión Europea. Cualquier medida arancelaria general contra mercancías españolas implicaría —en la práctica— a la UE, a sus procedimientos internos y a organismos multilaterales como la OMC. No es algo que un presidente pueda imponer de manera instantánea y sin consecuencias diplomáticas y legales complejas; además, las cadenas de valor integradas en Europa harían que la cuenta del “castigo” la pagaran consumidores y empresas tanto en España como en otros países europeos.

La tercera capa es política interna española: el debate sobre cuánto dedicar a Defensa y con qué horizonte temporal es legítimo. El Gobierno español defiende una hoja de ruta distinta —con un objetivo intermedio realista y con prioridad en equilibrio social y programas públicos—, y recuerda que España ya aporta a misiones y capacidades aliadas, aunque en porcentaje del PIB aparezca por debajo del 5% que promueve la Casa Blanca. Señalar estas diferencias no exime a nadie de la crítica, pero tampoco convierte automáticamente esa diferencia en traición o deslealtad.

Finalmente, la cuarta capa —y quizá la más relevante desde una perspectiva de política exterior responsable— es que la amenaza de “castigo” comercial por motivos de discrepancia en gasto militar es una herramienta de doble filo. Puede tensionar alianzas útiles, generar efectos adversos en sectores económicos que no tienen nada que ver con la política de Defensa y reducir la capacidad de influencia estadounidense en Europa al convertir cada disputa política en una guerra arancelaria. Con todo, también es comprensible que EE UU, y en particular la Administración Trump, use la espada arancelaria como instrumento de presión: ha sido una constante en su política exterior comercial.

Un juicio equilibrado exige reconocer más de una verdad: España tiene razones públicas y legítimas para diseñar su política presupuestaria conforme a sus prioridades sociales y estratégicas; al mismo tiempo, la insistencia de un socio tan poderoso en elevar el gasto de Defensa no es gratuita, y obliga a Madrid a explicar mejor su contribución colectiva y a negociar. Pero responder a la invectiva con amenazas económicas recíprocas sería un juego peligroso que debilita la cohesión aliada y puede erosionar la capacidad de España para defender sus intereses económicos y geoestratégicos.

¿Qué pasos, pues, deberían explorarse? Primero, diálogo público y privado: explicar con datos las aportaciones concretas (misiones, despliegues, apoyo a Ucrania, capacidades logísticas) y negociar calendarios creíbles de aumento del gasto, si se decide dar ese paso. Segundo, usar foros multilaterales (OTAN, UE) para evitar que un conflicto bilateral con Washington derive en una disputa comercial entre EE UU y la Unión Europea. Y tercero, diseñar respuestas proporcionales y calibradas si efectivamente hubiera medidas económicas unilaterales, priorizando siempre la protección de sectores vulnerables y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. 

En resumidas cuentas: la repetición de “no estoy nada contento con España” tiene un efecto político real —presiona y polariza—, pero no convierte en automática ni legítima la vía de los aranceles. El interés español pasa por transformar la presión en negociación y por recordar que, en un mundo de interdependencias, las sanciones comerciales son un arma que corta en dos direcciones. La alianza transatlántica será más sólida si sustituimos los ultimátums por explicaciones, compromisos verificables y, sobre todo, por coordinación entre aliados antes de que la retórica se traduzca en medidas que paguen, al final, las economías y los ciudadanos. @mundiario