La sostenibilidad de las pensiones: una cuestión de equilibrio fiscal global

En el debate público sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, se ha instalado una preocupación constante que, en ocasiones, roza el alarmismo. No es para menos: estamos hablando de uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Sin embargo, plantear la pregunta de si son sostenibles las pensiones como un interrogante aislado es, según advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una trampa conceptual.

El verdadero reto no está solo en las cifras del sistema de Seguridad Social, sino en la salud fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas.

España, como otros países europeos, enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento demográfico. La combinación de una esperanza de vida creciente y una natalidad persistentemente baja conduce a un cambio estructural en la pirámide poblacional. Este fenómeno tendrá un impacto directo sobre el gasto en pensiones, que ya representa una parte sustancial del presupuesto público.

Según las proyecciones de la AIReF, de mantenerse la legislación actual, el gasto en pensiones pasará del 12,9% del PIB en 2022 al 16,1% en 2050. Esta tendencia es comprensible: habrá más personas jubiladas durante más tiempo y menos población activa para sostener el sistema con sus cotizaciones. Pero, incluso con esta presión creciente, el sistema no tiene por qué ser inviable.

¿De dónde salen los recursos para pagar las pensiones?

El sistema español de pensiones se financia fundamentalmente a través de tres vías. En primer lugar, las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, que sostienen las pensiones contributivas, aquellas a las que se accede tras haber cotizado lo suficiente durante la vida laboral. En segundo lugar, los Presupuestos Generales del Estado, que cubren las pensiones de clases pasivas, destinadas principalmente a funcionarios incorporados antes de 2011. Y en tercer lugar, las transferencias del Estado, que permiten sufragar las pensiones no contributivas, dirigidas a personas que no han podido cotizar lo necesario pero que, aun así, tienen derecho a una protección mínima.

A estas fuentes de financiación se suman lo que se denominan “transferencias implícitas”, es decir, recursos extraordinarios que el Estado o los Fondos de la Seguridad Social destinan a las pensiones cuando las vías ordinarias no alcanzan. Según la AIReF, este tipo de transferencias irán en aumento y llegarán a triplicar su peso en el PIB de aquí a 2050. Es aquí donde aflora el nudo central del problema: si estas transferencias crecen sin una estrategia fiscal sólida, el desequilibrio afectará al conjunto de las cuentas públicas.

La regla de gasto y su alcance limitado

Para atajar las incertidumbres, se ha implantado una regla de gasto para las pensiones, fruto del acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea. Esta regla establece un límite al gasto en pensiones del 15% del PIB entre 2022 y 2050, y exige medidas que generen ingresos adicionales equivalentes al 1,7% del PIB.

A día de hoy, la AIReF prevé que el gasto se situará en un 14,6% y que los ingresos cubrirán un 1,4%, lo que permitiría cumplir formalmente con la regla. Sin embargo, este cumplimiento es más aparente que real. El problema no es solo cuánto gasta el sistema de pensiones, sino cómo se financia ese gasto. La regla no tiene en cuenta la evolución del resto de las finanzas públicas ni el impacto creciente de las transferencias implícitas que serán necesarias para cerrar el desfase.

Por eso, aunque la regla de gasto no se esté incumpliendo, no se puede afirmar con rotundidad que el sistema sea sostenible en el largo plazo. De hecho, la propia AIReF y el Gobierno, en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, coinciden en la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en su conjunto.

Sostenibilidad fiscal: una responsabilidad colectiva

La sostenibilidad del sistema de pensiones no es un compartimento estanco dentro del presupuesto público. Está directamente vinculada al conjunto de ingresos y gastos del Estado y de todas las Administraciones. En otras palabras, el sistema de pensiones será tan sólido como lo sea la salud fiscal del país. Si el déficit estructural persiste, si la deuda pública no se contiene o si los ingresos fiscales no se ajustan a las necesidades del gasto, el sistema de pensiones, como cualquier otra política pública, estará en riesgo.

En este contexto, se abre un abanico de opciones. Las medidas pueden orientarse a contener el gasto –es algo que suele implicar decisiones políticamente delicadas como retrasar la edad efectiva de jubilación o moderar el crecimiento de las pensiones– o a incrementar los ingresos públicos mediante reformas fiscales que mejoren la recaudación. En cualquier caso, se trata de decisiones que deben tomarse desde una perspectiva de responsabilidad política y visión a largo plazo, no como reacciones coyunturales.

Un debate mal planteado conduce a soluciones erróneas

Preguntar si el sistema de pensiones es sostenible sin preguntarse al mismo tiempo por la sostenibilidad de las cuentas públicas en su conjunto conduce a diagnósticos equivocados y soluciones incompletas. Lo que debe preocuparnos no es únicamente si hay dinero para pagar las pensiones hoy o mañana, sino si el conjunto del sistema fiscal y presupuestario del Estado es capaz de afrontar los desafíos del futuro.

La clave está, por tanto, en asegurar un marco fiscal estable, transparente y eficaz, que permita garantizar no solo las pensiones, sino también la sanidad, la educación, la dependencia o la inversión pública. Todas ellas son piezas del mismo engranaje. Desatender una pone en riesgo al conjunto.

En definitiva, sí, el sistema de pensiones español puede ser sostenible. Pero su sostenibilidad dependerá, inevitablemente, de que lo sea el conjunto de las Administraciones públicas. Solo así se podrá garantizar el derecho a una jubilación digna para las generaciones actuales y futuras, sin comprometer la solvencia del Estado ni la equidad intergeneracional. Esa es la verdadera discusión que debería estar teniendo el Pacto de Toledo en el Congreso, si funcionase. @mundiario