La mentira del "gran reemplazo": cuando el odio se disfraza de política migratoria

Torre Pacheco, en Murcia, ha sido escenario de una nueva noche de violencia instigada por la ultraderecha. Gritos contra migrantes, cargas policiales, heridos, un detenido y un municipio sitiado por el miedo. Medio centenar de agentes no bastaron para contener la tensión, porque lo que se libra en sus calles va más allá del orden público: es la consecuencia directa de una narrativa política que ha normalizado el odio, revestido de teoría conspirativa.

Detrás de estos disturbios no hay simples exaltados. Hay una arquitectura ideológica bien definida que encuentra su máxima expresión en ciertos discursos políticos. Sin ir más lejos, esta semana Rocío de Meer, diputada de Vox, tuvo algo más que un lapsus o una exageración mal entendida. Habló de deportar a millones de personas, incluidos aquellos nacidos en España, si no se adaptan a lo que su partido considera la “forma de vida” española. El problema, explicó, no es la delincuencia ni el uso de los servicios públicos, sino la "sustitución demográfica" que, según vaticina, culminará en 2040 con una España irreconocible.

Lo que De Meer deslizó no es nuevo. Es una versión castiza del delirio del "gran reemplazo", una teoría de la conspiración racista popularizada por la extrema derecha francesa y exportada a otros rincones de Europa. A esto se suma el concepto de "remigración", un término acuñado por neonazis alemanes que defiende la expulsión masiva de migrantes y sus descendientes. La dirección de Vox no solo no ha desautorizado estas declaraciones, sino que ha redoblado la apuesta: su programa propone revertir regularizaciones, auditar concesiones de nacionalidad e incluso privar de ella a quienes ya la tienen. Una regresión jurídica incompatible con cualquier Estado de derecho.

Más allá del esperpento ideológico, lo verdaderamente alarmante es cómo parte de la derecha tradicional empieza a mimetizar el lenguaje y las ideas de la extrema derecha. El Partido Popular ha recordado que las deportaciones masivas son ilegales según el derecho internacional, pero no ha roto con el discurso de fondo. Incluye la inmigración en el apartado de seguridad de su ponencia política, repite conceptos como “descontrol migratorio” y pone trabas al arraigo y la reagrupación familiar. En algunas comunidades, ha pactado con Vox el cierre de centros de acogida de menores extranjeros. Y figuras como Isabel Díaz Ayuso no han dudado en acusar al Gobierno de “fomentar la inmigración para reventar el país”. ¿Qué diferencia queda, entonces?

La inmigración no es una amenaza

Es necesario repetir lo que la evidencia sostiene: la inmigración no es una amenaza. Es una necesidad y una oportunidad. En la última década, ha contribuido con más del 12% anual al crecimiento del PIB y ha sido esencial para sostener el sistema público de pensiones. En un país envejecido y con baja natalidad, expulsar población joven y activa es una insensatez, además de una injusticia.

Cuando se plantean “remigraciones” masivas, no se habla solo de personas sin papeles o de delincuentes, que ya pueden ser expulsados bajo la legislación vigente. Se señala a millones de personas por su origen, su religión o sus costumbres. Se niega la ciudadanía plena a quienes, aunque nacidos aquí, son considerados eternamente ajenos. Es el retorno del “cristiano viejo”, del “linaje puro”, de una España racializada que creíamos enterrada.

Las proclamas de Vox no surgen en el vacío. Se alimentan de un ecosistema digital que amplifica bulos y refuerza prejuicios. Y lo más peligroso: ganan terreno porque quienes deberían plantarles cara deciden contemporizar o mirar hacia otro lado. Frente a esta amenaza, la tibieza no basta. Se impone una respuesta firme y clara: la democracia no puede convivir con quienes quieren dinamitar sus cimientos.

Lo ocurrido en Torre Pacheco no es una anécdota. Es un síntoma. Y como todo síntoma, debe ser atendido antes de que la enfermedad se extienda. La convivencia no se construye señalando culpables imaginarios, sino con políticas públicas justas, con pedagogía social y con valentía política. No es tiempo de ambigüedades: es tiempo de defender sin complejos una España plural, democrática y acogedora; léase también el propio Estado de derecho. @mundiario