Juan Carlos I, el Faruk español

Esta monografía que, me honro en presentar, tiene su origen en una tesis doctoral –de cuya dirección he sido responsable– que se defendió brillantemente en la Universidad de A Coruña ante un tribunal académico integrado por cinco reputados catedráticos y profesores universitarios. Conviene destacar de entrada que, el entonces “doctorando”, ya era doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, amén de Profesor Titular y autor de un elevado número de libros y artículos científicos. Esta tesis, con prólogo mío, fue publicada en 2018 por la Society For Institutional Studies y alcanzó gran éxito de difusión y crítica. Allí, entre otras cosas laudatorias, escribí lo siguiente: “Lo extraordinario del Prof. Fernando Ramos es que, bajo un tono vital de escepticismo, subyace una inmensa curiosidad por casi todo lo imaginable y una enorme erudición y conocimientos que, naturalmente, no se adquieren espontáneamente, sino merced a miles de horas de lecturas y estudio. Si su obra es variadísima, su curiosidad es aún más”. De ahí, sin duda, emana su capacidad de hablar de todo con contenido, cosa que no es nada fácil, porque como muy acertadamente dijo su también referente Azaña: “Si cada español hablara sólo de lo que sabe, habría un gran silencio nacional que aprovecharíamos todos para estudiar”.

Transcurrido el preceptivo lapso de tiempo de decantación de las ideas allí expuestas, constato a plena satisfacción que aquellas cualidades específicas del oficio universitario, han eclosionado con más fuerza –si cabe– en este libro al que, con alegría y placer no disimulado, ofrezco estas palabras de presentación. Con todo, siguiendo el imperativo gracianesco, trataré de ser breve, porque –como señala Marañón– “En los banquetes exquisitos, los aperitivos huelgan”.

Tomo, pues, la palabra, con sumo gusto, no sólo por el deber de amicitia inviolable que me une con el autor, sino también porque debo decir aquí y ahora, a modo de exordio a mi comentario, que este recién impreso representa ante todo, y sobre todo, un ejercicio de dominio académico asumible por aquellos –muy pocos- que a su experiencia dilatada a una auctoritas incontestable. A mayor abundamiento, pasando al terreno de los hechos recientes y repetitivos que implican al monarca emérito en actividades presuntamente delictivas que tan sólo se columbraban en la primera monografía; no cabe duda que se hacía de todo punto necesario acometer de nuevo el análisis de ese grave problema institucional bajo un prisma exclusivamente científico.

Y ello nos lleva a calificar a la obra que prologamos como una nueva aportación rigurosa y original que el Prof. Dr. Dr. Ramos Fernández hace a la ciencia histórico- jurídica. A su muy amplia obra publicada, se une pues el presente libro que se ubica en una línea investigadora -la monarquía hispana- acerca de la cual el A. ha estudiado, investigado y pensado durante decenios, labor ímproba que ha fructificado en numerosos trabajos.

Los objetivos que se intentan alcanzar con esta investigación quedan paladinamente claros desde el propio índice analítico y la extensa y explicativa introducción y, para su consecución, esta monografía se estructura en diez capítulos secuenciales en los que –con precisión cartesiana– y a través de apartados muy desarrollados, se van espigando los avatares por los que discurrió la reinstauración monárquica en España desde sus primigenios orígenes tardofranquistas hasta nuestro tiempo actual, que podríamos abrir en la abdicación de 2014. Todo ello está “salpimentado” con un precioso cronograma de las actividades “picarescas” del Rey Emérito.

Unas sumarias precisiones en relación con el método de investigación realizado y de algunas de las conclusiones obtenidas. Yo concuerdo con el A. en que el puntum dolens de toda esta enmarañada urdimbre ético-jurídica en la que está presa nuestra monarquía, radica en la quiebra del principio fiduciario, clave de bóveda de la legitimidad de ejercicio que es -al fin y a la postre- la que justifica ante los ciudadanos la permanencia de tan anacrónica institución. El Prof. Ramos Fernández denomina a Juan Carlos I en el título de la obra que prologamos como “El Faruk español”, un calificativo nada honroso, porque este último rey de Egipto pasó a los anales históricos como el paradigma del sátrapa corrupto; más también por una frase antológica que pronunció sin rebozo alguno: “Dentro de cincuenta años sólo quedarán cinco reyes, los de la baraja y el de Inglaterra”. Al decir esta rotunda afirmación no le faltaba un ápice de razón. Abstracción hecha de las monarquías del Norte de Europa que siguen el modelo británico y, por tanto, subsisten porque los vínculos entre Rey y Pueblo constituyen una relación fiduciaria, de confianza: el Rey, además de su líder es ante todo un representante del Pueblo, un intermediario, por lo que queda atado ante su gente y obligado ante ella, del mismo modo que su pueblo le guardará la lealtad debida. Evidentemente, nuestro A. ha puesto sin ambages las cosas claras, dejando al descubierto deslealtades, felonías y comportamientos corruptos. Los juristas señalamos claramente estas conductas con el resultado de la desaparición de la legitimidad de ejercicio. Obviamente si se rompe este sutil vínculo con trapacerías de todo tipo, el monarca perderá su carácter ejemplar, arbitral y moderador con el lógico corolario de que su ratio essendi se derrumbará como un castillo de naipes. De la anécdota a la categoría, lo importante radica en que, precisamente porque la Corona es un ejercicio, tiene tasados sus poderes.

La institución monárquica choca frontalmente con los dos principios básicos sobre los que descansa el Estado constitucional democrático desde las revoluciones americana y francesa: el principio de igualdad y el carácter representativo y, por ende, electivo de todo poder político. Esta es la razón por la que la monarquía como forma política es, desde la imposición efectiva del Estado constitucional, una especie bajo amenaza permanente de extinción. En última instancia, el Estado constitucional democrático no es más que un proyecto racional del poder, tanto en su origen, como en su ejercicio, y en el mismo no tiene cabida una magistratura de tipo hereditario. La herencia es una institución coherente con la propiedad privada, pero no con el ejercicio del poder del Estado, que se caracteriza precisamente por la separación del poder político y la propiedad.

La monarquía, en consecuencia, no tiene ni puede tener una justificación de tipo racional en el interior del Estado constitucional democrático, sino que tiene, allí donde todavía existe, una justificación exclusivamente histórica. Es una consecuencia del peso de la institución monárquica en el proceso de formación del Estado nacional en el continente europeo. Por eso, a pesar de que la Revolución Francesa y los procesos subsiguientes a través de los cuales se puso fin al Antiguo Régimen en Europa fueron fundamentalmente antimonárquicos en los principios, no fueron capaces de serlo institucionalmente. En la Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX una forma política no monárquica resultaba sencillamente inimaginable. Los siglos de Monarquía Absoluta pesaban demasiado todavía.

En primer lugar, aquellas monarquías que no supieron convertirse a lo largo del siglo XIX en monarquías parlamentarias y en las que el rey continuó siendo un poder real y efectivo del Estado, resultaron incompatibles con la propia esencia del Estado constitucional en el tránsito del Estado liberal al democrático en los primeros decenios del siglo XX. Serían, en consecuencia, barridas por la historia. Es el caso de las monarquías autoritarias centroeuropeas, alemana y austrohúngara, de la rusa, la portuguesa, la italiana o la española, aunque esta última, a diferencia de las demás, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su utilidad para el país en el último cuarto del pasado siglo. La sigue teniendo.

En segundo lugar, las monarquías que supieron adaptarse al Estado constitucional a lo largo del siglo XIX consiguieron de esta manera sobrevivir a la marea democrática posterior a la I Guerra Mundial, han experimentado un proceso de democratización sui generis que las hace depender cada vez menos de su carácter hereditario y, por tanto, de su legitimidad histórica, y más de su aceptación por la opinión pública.

La monarquía es, pues, una anomalía histórica que ha tenido que ser corregida por el Estado constitucional, bien mediante su supresión pura y simple, bien mediante el sometimiento de la misma, de una manera peculiar por supuesto, a eses axiomas del constitucionalismo democrático según el cual “todo poder procede del pueblo” y “el rey reina, pero no gobierna”. La monarquía, o ha dejado de existir o allí, donde todavía se mantiene, se ha convertido en una institución enormemente dependiente de la opinión pública del país. Su legitimidad de origen o histórica no basta para continuar justificando su existencia en nuestros días, sino que necesita una legitimidad de ejercicio, que sólo puede obtener de su sintonía con la opinión pública.

Aquellas monarquías en las que los miembros de la dinastía reinante no sepan estar a la altura de lo que la opinión pública espera de ellos, van a tener enormes dificultades para sobrevivir. La monarquía, como la nación en la famosa definición de Renan, se está convirtiendo en el estado democrático de nuestros días, si es que no se ha convertido ya, en un plebiscito permanente.

No quisiera extenderme más en lo que sólo pretende constituir una mera presentación, incumpliendo así mi inicial propósito gracianesco. Concluyo, pues, felicitando públicamente –en privado ya lo he hecho– al Prof. Dr. Fernando Ramos Fernández por su escrupulosa investigación que tantas enseñanzas encierra para que nuestra monarquía adquiera la legitimidad de ejercicio que tan necesaria es para el porvenir de España. Dixit. @mundiario