Isabel Perelló antepone el corporativismo a la responsabilidad de los jueces
El acto mismo de inaugurar solemnemente el inicio del año judicial tiene en su subconsciente un ensimismamiento corporativo y una demostración pública de autoridad, que puede confundirse con prepotencia y soberbia. Tal vez un poco extemporánea, porque en realidad, y en pura lógica democrática, el poder judicial no deja de ser un poder doblemente supeditado: por una parte, porque no nace ni directa, ni casi indirectamente, de la voluntad popular, que es la única base de la soberanía de un Estado, y por otra, porque su función no puede (o no debería) rebasar la tarea de aplicar las leyes, cuya creación sólo le corresponde al único poder directo, que es el de los únicos representantes de la Soberanía.
Aunque se da la paradoja de que, mientras ese único poder directo, y el otro poder indirecto, que es el ejecutivo, son obligadamente renovados y rehabilitados cada cierto tiempo, el judicial es vitalicio, y muy difícil de controlar. Primero, porque el verdadero poder (que no es el de su Consejo General) se ejerce individualmente; y, en segundo lugar, porque nuestra Constitución atribuye a los individuos que lo encarnan una autonomía que sólo puede ser difusamente examinada -y no en todos los casos- por instancias superiores compuestas por colegas de la misma profesión y afinidades. Generando un laberinto de legitimidad sustentada -desde el punto de vista de la filosofía y la lógica políticas- por unos frágiles hilos, más inconsistentes que sólidos y palpables. Y que, dada su propia lógica y estructuración, se prestan al desarrollo de un corporativismo autista y cerrado que puede terminar siendo una trampa para la democracia.
Dicho por lo directo: una jueza o un juez no tiene que dar cuentas ante nadie, y sus decisiones (y no siempre) sólo pueden ser revisadas por instancias y tribunales superiores, que pertenecen a la misma estirpe y que, como humanos, están expuestos a la misma fragilidad de criterio y de cultura que los jueces que emitieron la sentencia recurrida. Y, para más inri, aunque la sentencia final les sea desfavorable, y aunque el perjudicado por ellas reclame daños y perjuicios, la indemnización por su error en la aplicación de las leyes, ni siquiera la paga quien lo cometió: la sufragamos todos con nuestros impuestos.
Y, además, muchas de las sentencias en última instancia no pueden ser recurridas ante el órgano jurídico de arbitraje que es el Tribunal Constitucional, a no ser que se demuestre que afectan a derechos fundamentales. Podría decirse, por tanto, que los “pecados veniales” de los individuos que encarnan el colectivo del poder judicial se quedan por el camino. Y que un juez o una jueza puede tener un currículo plagado de pecados veniales -que no dejan de ser una especie de plaga de carcomas-, sin desdoro social ni orgánico de sus atribuciones y poderes. Todo este entramado de realidades (aparentemente pequeñas) termina llevándonos a todos a repetir como un mantra suplicante aquello de que “confiamos en la justicia y la respetamos”: una especie de jaculatoria (“Jesusito, Jesusito, que me quede como estaba”), que trata de conjurar la humana y estadísticamente posible equivocación de los jueces.
Frente a ello, en el acto mencionado, el fiscal general del Estado, en su discurso oficial, tuvo la lucidez de añadir al mantra un matiz menos tópico y más inteligente: la afirmación de que creía en la Verdad. Sin duda la frase más vinculada a la realidad y a la Justicia de todo el acto.
Todo esto conforma una cultura que muy bien podríamos llamar corporativa. Y -como todo lo que deriva de las corporaciones- con el peligro de estar cerrada sobre sí misma, o ensimismada. Y el ensimismamiento, aparte de quitar contacto y comprensión de la sociedad en que se vive, puede fácilmente generar soberbia, y una carencia de visión amplia y colateral.
Pues bien: en el acto de inauguración solemne del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, anfitriona del mismo, hizo un discurso que – aun intentando un tono moderado y neutral, muy tópico, por cierto- cayó de una manera carente de matices en la trampa corporativista, censurando las críticas a los jueces, con el argumento de que socava su poder.
Y salió sin rubor alguno, y sin citarlo, a refutar implícitamente la afirmación del presidente del Gobierno de que hay jueces que hacen política. Y digo sin rubor alguno, porque muy poca gente en nuestra sociedad puede no estar de acuerdo con tal afirmación, cuando ve a jueces chapoteando en un estanque de causas con intencionalidad política. Hasta el punto de que se andan manifestando, desde el estrado mismo, desde la sede del Consejo del Poder Judicial -que ella también preside-, o desde las puertas de los juzgados, exhibiendo para la ocasión sus atávicas puñetas y togas, manifestarse en contra incluso de leyes que están aún debatiéndose en la sede del único poder directo que existe en una democracia plena: el Parlamento.
Encarnó muy mal Isabel Perelló, cúspide e icono del poder de la judicatura, la neutralidad debida que ha de practicar cualquier jueza o juez. Y lo hizo escorándose hacia un corporativismo, especialmente discutible en estos tiempos en los que desde los poderes judiciales se está exhibiendo un ánimo y una práctica de injerencia en el ámbito de otros poderes con el mayor de los descaros. El sabor de boca que dejó con su pretendido discurso neutral (que al no llegar a serlo se quedó en anodino) fue el regusto de la parcialidad, de la falta de objetividad, y la inquietante convicción de su falta de autoridad moral dentro de su propia corporación.
Una corporación, la judicial, demasiado rancia y endogámica, que necesita abrir las ventanas y someterse a una especie de “concilio Vaticano II” propio, que la ponga en la senda de una necesaria renovación y actualización. @mundiario
