La inspección y la vigilancia de lo público

Siempre he tenido, en relación con las administraciones una prioridad: “lo importante es que todas las instituciones públicas dispongan de controles claros y permanentes”.

Para que nuestras entidades funcionen bien, interna y externamente, es preciso una vigilancia continua, un ejercicio de autoevaluación permanente.

La confianza en nuestras instituciones pasa por evitar negligencias e inacción propia o de las empresas concesionadas, incrementando así su credibilidad ante la opinión pública.

Existe un empeño ideológico muy extendido en todo el mundo para rebajar la vigilancia sobre las instituciones públicas del Estado.

Llámese a ello desregular, reducir el papel de las administraciones, o eliminar normas sobre la actividad económica e industrial. 

Se produce, desde hace muchos años en este sentido, un debate entre lo público y lo privado que nos lleva, en lo que respecta a su vigilancia con respecto al mercado, a una conclusión empírica terrible:

“El capital y sus representantes políticos prefieren que el control de lo público esté en manos privadas”.

De esta forma, y con tópicos simplistas, como que “lo privado funciona siempre mejor que lo público”, hemos ido comprobando como se destruyen progresivamente muchos servicios públicos que funcionaban razonablemente bien y se remplazaban por empresas privadas.

Incluso, hoy se acepta con naturalidad para gestionar lo público, el designar directivos procedentes del sector privado con intereses concretos en el mismo, o “poner al zorro a cuidar de las gallinas”.

Teniendo en cuenta que muchas concesiones administrativas, obras y servicios, dependen de decisiones públicas, sería obligado evitar la falta de una supervisión eficaz sobre las mismas, desarrollando un mejor control por las propias instituciones, para de este modo evitar basicamente el mal funcionamiento de lo contratado o concesionado, lo cual ayudaría además a corregir disfunciones, sobornos, regalos relevantes, prevaricaciones, comisiones y otras corrupciones del sistema.

Controlar sin burocratizar, supone disponer de una buena autoorganización e iniciativas para completar esas tareas. Le han puesto un nombre, adhocracia.

En las instituciones, el papel de los políticos y funcionarios que las dirigen, debieran procurar siempre esta actitud de vigilancia y el apoyo a favor de la cultura de lo público. No tenemos ni esa cultura ni ese habito bien implantado.

Los pliegos de condiciones, es decir los documentos fundamentales en los procesos de licitación para adjudicar proyectos, obras, o servicios donde se establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas adjudicatarias, solo en contadas ocasiones se utilizan para comprobar si esas exigencias se cumplen o no.

Ni los suelen reclamar los responsables políticos, ni los utilizan como “elemento básico de supervisión” los funcionarios públicos.

Servicios concesionados a terceros por administraciones locales, tales como el abastecimiento de aguas potables, transporte, eliminación de residuos urbanos, parques y jardines… solo son revisados cuando su mal funcionamiento es masivamente denunciado.

Las obras públicas encargadas o contratadas con empresas privadas, suelen rematarse con incrementos de coste exagerados sobre las previsiones iniciales, y sin – a lo largo de su ejecución –, apenas inspecciones de los técnicos oficiales.

“Si una obra pública se puede ejecutar a un precio tasado de mercado, carece de sentido institucional que su importe final sea sensiblemente más alto” (Joaquim Bosch).

Baste comprobar como en 2018, El Tribunal de Cuentas Europeo denunciaba sobre la alta velocidad española, los elevados sobrecostos y el habito de incurrir en desviaciones sobre el gasto previsto, que en varios casos se acercaba a incrementos del 40%, o, que el costo de construir nuestras carreteras era del doble que en Alemania en igualdad de condiciones.

El abandono por tanto de los controles, tanto internos como externos de esta supervisión, suele dar lugar al mencionado descredito social de nuestras instituciones, rebajando su calidad y la de sus dirigentes y funcionarios. 

A estas alturas, nadie puede afirmar que muchos de los grandes proyectos industriales, (Altri en Palas de Rey, Betunes Gallegos, H2 Pole, diversas estaciones de aerogeneradores, o las minas de extracción de cobre de los municipios de Touro y El Pino, entre otros), no cumplan a rajatabla la especificaciones y directrices de la UE, y las normas nacionales, autonómicas, o locales exigibles para su correcto funcionamiento en el acto de presentar sus proyectos.

El documento que se envía a las administraciones tiene en cuenta todo ello, y sirven formalmente para ratificar por los técnicos de la administración su viabilidad.

En consecuencia, el órgano político correspondiente las aprueba. Lo contrario sería prevaricar.

Los problemas y sus graves consecuencias, de haberlos, surgen después de aprobar su implantación, y casi siempre por falta de ese control continuo sobre esas iniciativas industriales o de servicios.

Es más que probable, que si estas y otras empresas y servicios concesionados, se supieran supervisados de forma permanente, no harían esas ofertas sin elevar los costos y corregir las expectativas de funcionamiento, pues las condiciones técnicas que evitan daños al medio ambiente, a la salud, o que exigen los pliegos por las que fueron contratadas, se sabe que requieren de medios y condiciones exigentes, que las haría menos viables.

Sabiéndose poco controlados, suelen incumplirse las normas y pliegos, con relativa impunidad.

Pongamos un ejemplo reciente, la empresa Altri, dedicada a la obtención de celulosa para la obtención de papel, supone un proceso que va desde el descortezado y triturado de la madera, aislar la celulosa por procedimientos mecánicos y químicos, (entre estos últimos el hidróxido sódico, el sulfuro de sodio), el lavado de la pasta obtenida y su blanqueo con cloro, peróxido de hidrogeno, o bien con ozono, y finalmente un secado y embalado del producto.

Solo en depurar las sustancias tóxicas que se utilizan en el proceso de obtención de la celulosa y devolver el agua que necesita usar al rio Ulla en condiciones adecuadas, además, del uso continuo de filtros que impiden emitir a la atmosfera óxidos de azufre, de nitrógeno y partículas tóxicas; si se diera el caso de que la empresa tuviera constancia de que sería controlada estrictamente al respecto, quizás la hubiera obligado a repensar este proyecto.

No será así. @mundiario