Galicia, Euskadi y Cataluña, ante nuevos horizontes
El lehendakari Urkullu ha presentado una profunda reforma del marco jurídico-político español con el objetivo de obtener el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y la capacidad de decisión y garantizar una relación bilateral entre Euskadi y Nafarroa, en virtud de la normativa constitucional que respeta los derechos forales de estos territorios, así como de Cataluña y Galicia como nacionalidades que decidieron su autogobierno democráticamente antes de la aprobación de la Constitución.
La propuesta evita una reforma constitucional formal, consciente de la falta estructural de los 3/5 de diputados y senadores necesarios para la modificación más limitada y opta, en su lugar, por un acuerdo marco que establecería las bases para este desarrollo, seguido de una convención constitucional. Posteriormente, habría que seguir con leyes orgánicas, nuevos estatutos de autonomía y reformas de las leyes básicas necesarias para estructurar esta modificación material del marco jurídico-político. Este conjunto de reformas normativas podría descentralizar ampliamente el gobierno del Poder Judicial y limitar sustancialmente las competencias del Tribunal Supremo, al tiempo que ampliaría y blindaría las competencias de comunidades como Galicia y modificaría sustancialmente el sistema de financiación autonómica.
La FAES, el PP y otros defensores del centralismo se oponen a esta mutación constitucional material basada en los principios de la soberanía única del Estado y su unidad indivisible. Según estos intérpretes, el camino hacia una mutación constitucional que reconozca la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir requeriría una reforma constitucional más rigurosa (votación de 2/3 en ambas Cámaras, disolución posterior y referéndum ratificatorio de toda la ciudadanía española). Para ellos, la Constitución es intocable, pero ni Galicia, Euskadi y Cataluña ni la mayoría ciudadana en el Estado estarían dispuestos a aceptar tal condena.
La sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional, que anuló la declaración de soberanía del Parlament de Cataluña de 23.01.2013 pero reconoció la constitucionalidad del reconocimiento de su derecho a decidir dentro de ciertos parámetros, reconoce que el principio democrático no solo exige respetar, sino integrar las decisiones de las minorías (también de las nacionalidades) a través de un proceso de negociación que podría, si no evita declaraciones unilaterales de independencia, al menos no excluir el rechazo a negociar decisiones futuras constatables y democráticas de la ciudadanía gallega, vasca o catalana.
El BNG aún no ha evaluado esta propuesta, aunque encaja perfectamente en su agenda multifacética de demandas (financiación, autogobierno, infraestructuras, energía...) para Galicia. Por su parte, el Presidente Rueda no ha rechazado la propuesta, lo que augura posibles tensiones futuras dentro del PPdeG en cuanto a la cuestión nacional gallega en caso de que Sánchez logre la investidura en esta complicada coyuntura. Como ha señalado el editor de MUNDIARIO, José Luis Gómez, Urkullu ha generado un debate crucial para Galicia. @mundiario