La financiación autonómica no es algo abstracto: sanidad, educación y pensiones están en juego

Pocas cuestiones son tan importantes para el bienestar cotidiano de la ciudadanía como la financiación autonómica. De ella dependen los recursos con los que se sostienen servicios tan esenciales como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o el transporte público. Sin embargo, se habla de ella como si fuera un asunto técnico, reservado a expertos y sin consecuencias reales en la vida de la gente. Nada más lejos de la realidad.

El reciente impulso a llamada financiación singular para Cataluña, pactado entre el Gobierno central y la Generalitat tras el acuerdo de investidura que llevó a Salvador Illa a la presidencia, debe preocupar. Y mucho. Porque no se trata simplemente de ajustar un modelo, sino de alterar los cimientos fiscales del Estado. Lo que se plantea en el fondo, como advierten los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en su libro La factura del cupo catalán, es la exportación del modelo foral vasco a Cataluña. Es decir, el privilegio fiscal de una comunidad rica a costa del resto.

El falso déficit fiscal y la narrativa del agravio

Uno de los argumentos recurrentes del nacionalismo catalán para reclamar esta singularidad es el supuesto “déficit fiscal” con el Estado. Una cifra de 30.000 millones de euros que se presenta como un expolio. Pero, como explican los autores, los impuestos no los pagan los territorios, los pagan los ciudadanos. Cataluña aporta más, sí, porque tiene más contribuyentes de rentas altas. No porque esté siendo robada. Aplicar una lógica de balanza fiscal entre territorios es como decir que un barrio rico “sufre” porque paga más impuestos que uno obrero.

Esta narrativa victimista es profundamente insolidaria. Plantea que las comunidades ricas deben quedarse con más, aunque eso implique desatender a quienes más necesitan apoyo. Rompe con la lógica redistributiva sobre la que se asienta el Estado del bienestar: que quien más tiene, más contribuya. Que los recursos se asignen según las necesidades sociales, no según la capacidad recaudatoria.

Alemania, Canadá y otras comparaciones engañosas

Otro argumento a favor de la singularidad es que modelos federales como el alemán o el canadiense respetan la “ordinalidad”, es decir, que ninguna región reciba menos de lo que aporta. Es falso. En Alemania, la Constitución obliga a redistribuir para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos. Lo mismo ocurre en Canadá, donde provincias con menos renta –como Quebec– han llegado a superar en recursos netos a regiones más ricas gracias a las transferencias federales.

La verdadera lógica federal moderna no consiste en blindar a los ricos, sino en asegurar la igualdad de derechos. Pretender lo contrario es una manipulación interesada que, además, busca revestirse de tecnicismo para evitar el debate político.

Trocear la agencia tributaria es debilitar el Estado

Más allá de las cifras, el plan contempla un paso aún más peligroso: permitir que Cataluña gestione de forma autónoma impuestos estatales como el IRPF. Esto supondría fragmentar la Agencia Tributaria y abrir la puerta a una recaudación dual. Las consecuencias serían devastadoras: duplicidades administrativas, mayores costes, menos control del fraude y mayor opacidad.

No hay sistema tributario eficaz sin una administración central robusta. Trocearla es debilitarla. Y lo que se debilita, inevitablemente, es la capacidad del Estado para sostener los servicios públicos que dependen de esa recaudación.

Más para unos, menos para otros

El Estado no es una fuente inagotable de recursos. Sus partidas con margen de ajuste son muy limitadas, y la principal –las pensiones– no puede tocarse sin romper un pacto intergeneracional. ¿Qué ocurrirá si se otorga más a Cataluña? Que habrá que recortar en otras comunidades o subir impuestos al conjunto de los ciudadanos. Es decir, que el privilegio de unos lo pagarán todos los demás.

Esto no es una hipótesis. En 2022, Cataluña ya recibió más financiación por habitante (3.822 euros) que la media nacional (3.400 euros) y que Madrid (3.105 euros), debido a factores objetivos como su policía autonómica o su dispersión territorial. Plantear que está infrafinanciada carece de base y busca justificar una cesión política envuelta en eufemismo técnico.

La ciudadanía no puede construirse sobre excepciones

El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat legitima una antigua aspiración del nacionalismo catalán: blindar su soberanía fiscal y romper los lazos de solidaridad interterritorial. Pero lo que se gana en excepcionalidad, se pierde en cohesión. Si Cataluña obtiene un modelo propio, ¿por qué no Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana? ¿Cómo se sostiene el principio de igualdad entre ciudadanos cuando unos retienen sus impuestos y otros los comparten?

La financiación autonómica no es un debate contable. Es un debate democrático. Se trata de cómo se garantizan los servicios públicos en todo el territorio, de cómo se reparte el esfuerzo y de cómo se asegura que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades.

Una reforma sí, pero en clave de equidad

El sistema actual necesita reformas, sin duda. Es complejo, opaco y ha permitido demasiados apaños discrecionales. Pero la solución no es multiplicar los privilegios, sino garantizar un reparto transparente, justo y auditable. Un sistema que combine descentralización con solidaridad, que incentive la responsabilidad fiscal sin romper la cohesión nacional.

 La factura del cupo catalán no es un libro contra Cataluña. Es un alegato en favor de la ciudadanía común. Sus autores –de reconocido prestigio académico y técnico– alertan de un riesgo estructural que no se limita a lo económico: se trata del modelo de Estado que queremos construir.

La financiación autonómica importa. Y mucho. No es un asunto de tecnócratas ni de barones territoriales. Es la base sobre la que se sostiene el derecho a una educación de calidad, a una atención sanitaria digna, a una ayuda cuando llega la dependencia. Es, en definitiva, una cuestión de justicia social.

Romper ese equilibrio por razones políticas es hipotecar el futuro de todos. Frente a la tentación de los privilegios, MUNDIARIO defiende un modelo de financiación basado en el principio más sencillo y más poderoso de todos: igualdad entre ciudadanos. Porque sin igualdad no hay democracia que resista. @mundiario