A favor de la huelga judicial: política fuera de la judicatura
Bien saben los amables lectores que me siguen en esta sección que una de mis cuestiones recurrentes, en las que llevo años haciendo hincapié, es la del respeto a la independencia judicial. No en vano es uno de los pilares de nuestra democracia, tal y como consagra la Constitución Española.
Pues bien, incontables son las situaciones en las que esa independencia se ha puesto en tela de juicio en España en los últimos tiempos. Especialmente durante los años de mandato del gobierno que preside Pedro Sánchez. Hasta el punto de que tengo la sensación de que el control del Poder Judicial, ya sea a través de su Consejo General, del Fiscal General del Estado o de otras entidades, ha sido uno de sus objetivos primordiales, en tanto en cuanto Sánchez es sabedor de que ese control puede configurar el soporte de su Gobierno incluso en momentos tan complicados para su partido o para él personalmente como están siendo estos.
El último episodio de esta ansia de control de la judicatura por parte del gobierno socialista ha sido la última reforma de la carrera judicial. Tal ha sido el despropósito que jueces y fiscales han convocado una huelga de tres días. Algo que en España solo había ocurrido en dos ocasiones en democracia: en 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y en 2018, bajo el mandato de Mariano Rajoy.
Lo interesante de este caso es que los jueces y fiscales españoles no van a la huelga por una reivindicación salarial o por una exigencia de derechos o privilegios, que suele ser el motivo principal de estas movilizaciones. No. Van a la huelga para defender la independencia judicial y para que la política saque las manos de la judicatura. Como leía estos días en un reciente artículo, si quienes investigan los delitos pasan a depender jerárquicamente del poder político, perdemos como sociedad una de las pocas garantías reales frente al abuso, la corrupción o la arbitrariedad.
Es por ello que como sociedad civil debemos apoyar esta movilización y esta reclamación de los jueves y fiscales. Yo, desde luego, me declaro absolutamente solidario y entiendo y comparto su hartazgo.
Decía el ministro Félix Bolaños cuando presentó este Proyecto de Ley que era “una reforma valiente”. No, señor ministro. Valientes son quienes se enfrentan a ella, sabedores de que son ellos y ellas quienes van a sufrir en primer lugar sus nefastas consecuencias. Valientes son quienes van a la huelga, pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -cuyos miembros son elegidos por el Parlamento y no por los propios jueces- acordó dar por no convocado el paro porque “no tiene sustento legal”. Valientes somos quienes en negro sobre blanco dejamos expuestas nuestras opiniones y nuestras reclamaciones abogando por defender a capa y espada el principio sagrado de la separación de poderes y de la independencia judicial.
Por último, me gustaría que la Comisión Europea, que hace unos meses tuteló la negociación para desbloquear la renovación del CGPJ, también tomase partido en esta situación. Su gravedad y las consecuencias a las que nos encamina esta reforma así lo requiere. @mundiario
