Defensa europea: ¿enemiga del Estado del bienestar o aliada de la industria?
Por mucho que la defensa se haya mantenido durante años en los márgenes del debate público español, el nuevo contexto geopolítico ha terminado por devolverla al primer plano. La guerra en Ucrania, el deterioro de la relación transatlántica y el avance hacia una mayor integración en la política de defensa de la Unión Europea han forzado a países como España a tomar posiciones. Y esa toma de posiciones, que incluye asumir compromisos presupuestarios, industriales y diplomáticos, no es neutra desde el punto de vista económico. Al contrario: afecta de lleno al modelo de país que se quiere construir y sostener.
En el fondo, la pregunta es ¿puede España aumentar sustancialmente su inversión en defensa sin poner en riesgo su Estado del bienestar? ¿O hay margen para que esa inversión, lejos de ser un lastre, se convierta en una palanca de crecimiento industrial, innovación y empleo? La respuesta, como casi siempre en política pública, no es binaria. Es, más bien, un delicado equilibrio.
El dilema presupuestario: gasto militar vs. gasto social
España está lejos de cumplir el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB marcado por la OTAN. Su presupuesto ronda actualmente el 1,28%, y aunque el Gobierno ha anunciado su intención de llegar al 2%, la senda para lograrlo no es evidente. Sobre todo si se tiene en cuenta que la nueva administración estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, ha elevado aún más el listón: pide a los europeos que inviertan hasta un 4, 5 o incluso 6% del PIB.
Para España, eso implicaría dedicar decenas de miles de millones adicionales a la defensa en un contexto de deuda pública elevada, envejecimiento poblacional y necesidades sociales acuciantes. En otras palabras, más gasto en defensa significa menos margen para políticas sociales, educación, sanidad o pensiones. El dilema está servido.
Pero sería ingenuo reducirlo todo a una cuestión de suma cero. Porque el gasto en defensa no es necesariamente improductivo. De hecho, puede convertirse en una inversión rentable si se canaliza adecuadamente hacia sectores estratégicos de la industria nacional.
Del gasto a la oportunidad: el auge de la industria de defensa
La Unión Europea ha empezado a tomarse en serio la construcción de una política industrial de defensa común. El nuevo Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP), que se está negociando para el periodo 2028-2034, podría movilizar entre 100.000 y 500.000 millones de euros. A diferencia del Fondo Europeo de Defensa (FED), centrado en la I+D, el EDIP financiará directamente proyectos de adquisición y desarrollo de capacidades militares.
España está razonablemente bien posicionada para beneficiarse de este programa, siempre que haga sus deberes. Ya ha demostrado su capacidad técnica en el marco del FED, donde ha sido uno de los países con mayor número de proyectos liderados y entidades participantes. Pero dar el salto de la investigación a los grandes proyectos industriales exige una base sólida a nivel nacional: inversiones propias, coordinación interinstitucional, y una estrategia clara.
El reto está en articular un ecosistema que permita que las empresas españolas –punteras en sectores como la construcción naval, la defensa aérea o el mando y control– se conviertan en actores clave de la nueva arquitectura europea de defensa. Si se logra, el retorno en términos de empleo, innovación tecnológica y posicionamiento internacional puede ser muy significativo.
Capital privado y financiación: el otro frente
El desarrollo de una base industrial de defensa robusta no podrá sostenerse únicamente con financiación pública. Hace falta atraer capital privado. Y aquí España, como observa el instituto Elcano, tiene margen de mejora.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por Nadia Calviño, ya ha invertido más de 8.000 millones de euros en seguridad y defensa, aunque sigue limitado por su mandato para financiar directamente sistemas de armamento. España, junto con otros 18 países, ha pedido que se levanten estas restricciones. Pero incluso si se logra, será necesario desbloquear las reticencias internas que frenan la inversión privada en defensa: criterios ASG restrictivos, percepciones negativas del sector, y un coste de capital aún demasiado alto.
Una verdadera estrategia nacional debería incluir incentivos para que el capital riesgo, la banca y otras fuentes de financiación vean en la defensa una oportunidad legítima y sostenible. Y eso requiere un cambio cultural y regulatorio.
El riesgo de quedarse al margen
El problema de no tomarse en serio esta agenda es doble. Primero, que España corra el riesgo de perder peso en las decisiones estratégicas europeas sobre defensa. Y segundo, que se quede fuera del reparto de los grandes proyectos financiados con fondos europeos, lo que supondría una pérdida de oportunidades para su industria. Ya ocurrió en el marco del instrumento EDIRPA, donde España solo fue seleccionada en uno de cinco proyectos. Madrid no puede permitirse repetir ese error.
Además, en un contexto en el que algunos países presionan para que el EDIP excluya a socios extracomunitarios como EE UU o Reino Unido, España tendrá que moverse con habilidad para mantener sus alianzas internacionales y, al mismo tiempo, garantizar que las inversiones europeas beneficien a sus productores nacionales.
Una apuesta que requiere inteligencia estratégica
Invertir más en defensa no es una decisión fácil ni popular. Supone tensiones presupuestarias, debates políticos intensos y una revisión del papel que se quiere que juegue España en el tablero internacional. Pero también representa una oportunidad. No solo para mejorar las capacidades militares o cumplir con los compromisos internacionales, sino para modernizar la industria, atraer inversión y generar empleos de alta cualificación.
La clave está en que esa inversión no se haga a ciegas ni en piloto automático. Se necesita una estrategia de país, un enfoque coordinado entre administraciones, una base industrial sólida y una política exterior que permita influir en las decisiones europeas. Porque si España no tiene la ambición de liderar, otros lo harán por ella.
Invertir en defensa no tiene por qué ser incompatible con el Estado del bienestar. Pero para que no lo sea, debe entenderse que se trata de una apuesta de futuro. Una que solo dará frutos si se hace con inteligencia, visión y compromiso. @mundiario
