El decreto del Gobierno de España que modifica las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el consejo de administración de RTVE ha desatado un intenso debate sobre su legitimidad y sus implicaciones para la independencia de la radiotelevisión pública. Este decreto, que permite aprobar la composición del nuevo órgano de gobierno por mayoría absoluta en caso de no alcanzar los dos tercios en las Cortes, busca desatascar una corporación sumida en el bloqueo institucional. Pero la pregunta clave es: ¿realmente garantiza una mayor pluralidad o es un intento encubierto de control político?

La medida, en principio, parece orientada a desbloquear la renovación de un consejo de administración que tiene a la mitad de sus miembros con el mandato caducado desde abril y una vacante pendiente. El Gobierno ha justificado este cambio como una necesidad imperante para garantizar la operatividad de RTVE, argumentando que el próximo consejo será "el más plural de la historia". Sin embargo, la ampliación del número de consejeros de 10 a 15 y la reducción del peso del Senado, controlado por el PP, han suscitado críticas desde la oposición, que percibe este movimiento como una estrategia para diluir su influencia en la corporación.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, no ha tardado en denunciar lo que considera una maniobra para hacerse con el "control absoluto" de RTVE, alineando esta decisión con otras actuaciones del Ejecutivo, como en el Consejo General del Poder Judicial o el Banco de España. Para el PP, este decreto es una muestra más de la tendencia del Gobierno a colonizar las instituciones públicas, reduciendo el papel de la oposición en la gobernanza de organismos clave.

Es innegable que RTVE, como muchos otros entes públicos, ha estado sometida históricamente a vaivenes políticos. Los distintos gobiernos han ejercido su influencia en la radiotelevisión pública, desde los tiempos de Felipe González hasta Mariano Rajoy, quien también modificó la ley para recuperar el control político de la corporación. Sin embargo, los cambios legales promovidos ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez van más allá de una simple reforma administrativa. La ampliación del consejo y el reparto de consejeros entre los distintos partidos que apoyaron su investidura, como ERC, Junts y Bildu, no solo permite aumentar la presencia de estas formaciones, sino también marginar al PP y, por supuesto, a Vox, cuya exclusión ha sido expresamente señalada por el Ejecutivo.

Un peculiar pluralismo

¿Es esto realmente pluralidad? La representación de varias fuerzas políticas en un órgano de gobierno puede interpretarse como un avance hacia una mayor diversidad. No obstante, también se corre el riesgo de que esta peculiar pluralidad responda a alianzas políticas más que a una auténtica defensa de la independencia informativa. El hecho de que el PP vaya a estar representado solo en el Senado y no en el Congreso, donde se eligen 11 de los 15 consejeros, puede generar un desequilibrio que erosione la credibilidad de RTVE como un medio verdaderamente imparcial y al servicio de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que apoyan al gobierno de turno.

Además, el histórico conflicto en torno a la independencia de RTVE se ha agravado con la reciente inestabilidad en la dirección de la corporación. La dimisión de José Manuel Pérez Tornero en 2022 y los sucesivos nombramientos interinos han puesto de manifiesto la crisis de gobernanza en la radiotelevisión pública. Las disputas internas y la incapacidad de los diferentes sectores para ponerse de acuerdo en la elección de una nueva presidencia han dejado a RTVE sin rumbo claro, afectando no solo a su gestión editorial, sino también a su relación con la plantilla y el público.

Es aquí donde surge la mayor preocupación: ¿puede este nuevo decreto garantizar que RTVE recupere su autonomía y cumpla con su misión de servicio público? O, por el contrario, ¿estamos ante otro episodio de control político sobre los medios de comunicación públicos, disfrazado bajo el paraguas de la pluralidad? Lo que está en juego no es solo la composición de un consejo de administración, sino la capacidad de RTVE para cumplir con su labor informativa en un contexto cada vez más polarizado.

Si bien es cierto que las reformas legales a menudo son necesarias para adaptarse a las circunstancias cambiantes, estas deben hacerse con el máximo consenso posible para evitar que se perciban como instrumentos de poder partidista. RTVE, como cualquier otra institución pública, no puede estar sujeta a los caprichos de los gobiernos de turno. La independencia y la credibilidad de los medios públicos son pilares fundamentales en una democracia. Cualquier reforma que los afecte debe estar orientada, ante todo, a reforzar su imparcialidad y su compromiso con la verdad, no a servir de campo de batalla para los intereses políticos del momento.

Por tanto, aunque el Gobierno asegure que esta medida pretende desatascar un bloqueo institucional, es fundamental que se garantice una auténtica pluralidad que incluya a todas las sensibilidades políticas. De lo contrario, la reforma de RTVE no será más que otro ejemplo de cómo las instituciones públicas pueden convertirse en piezas de ajedrez en la lucha por el poder, socavando la confianza de los ciudadanos en la independencia de los medios. @mundiario

Publicado el libro Una televisión sin ley: 50 años de fracasos legislativos sobre RTVE, de Mundiediciones

Coincidiendo con esta situación de crisis en RTVE, Mundiediciones, la editorial de libros de la compañía editora de MUNDIARIO, acaba de publicar la obra Una televisión sin ley: 50 años de fracasos legislativos sobre RTVE, del periodista Arturo Maneiro, ya a la venta en Amazon.

Este ensayo, según Mundiediciones, no es el relato de una televisión donde reine la inseguridad, la ley de la selva ni de la ley del más fuerte. El título tampoco quiere describir un estado de caos legal o de arbitrariedad. "Simplemente nos recuerda que RTVE nació en España sin una legislación propia, pensada para este nuevo fenómeno comunicativo que hizo las delicias de todos los españoles desde sus comienzos. Esto ha sido así desde el comienzo de la democracia –hace ya casi 50 años– hasta nuestros días. Incluso en la actualidad siguen los litigios, los atajos legales o las argucias normativas, que suelen acabar en recursos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo", recuerda la editorial de libros de MUNDIARIO.

En el recorrido histórico legal de TVE que aborda el libro Una televisión sin ley aflora "una de las más discutidas, cambiantes y, casi se puede decir abiertamente, ineficaces normas legislativas para mantener una estabilidad en el Ente Radio Televisión Española", avanza Mundiediciones. En el recorrido histórico de las normas y de las decisiones, se puede comprobar que los legisladores no lograron prever los conflictos políticos ni las luchas para controlar RTVE. Tampoco consiguieron el clima de consenso que pretendían con cada texto legal elaborado o modificado. Incluso llegaron a decidir el nombramiento de un máximo ejecutivo de forma tan defectuosa que resultó anulado por el Tribunal Constitucional. Según Mundiediciones, "estamos ante un trabajo exhaustivo del periodista Arturo Maneiro Vila, ideal para iniciados y para todos aquellos que quieran bucear en los entresijos del ente público." @mundiario