En Cádiz el PP se hace liberal y centrista

Feijóo ha presentado en Cádiz un Plan de Calidad Institucional que contiene 60 medidas agrupadas en diferentes ámbitos y precedidas de una fundamentación. El Plan lleva como subtítulo La necesaria Regeneración Democrática, lo que advierte de su ambición y se presenta en un texto con la única simbología del escudo de España y no bajo las siglas del PP. La presentación ha sido revestida de solemnidad eligiendo como marco nada menos que el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, precisamente donde se debatió y aprobó la Constitución de 1812 que significó el primer liberalismo español. Los mensajes subliminales son claros: sentido de Estado, apelación a la tradición liberal y visión institucional.

Los contenidos contienen propuestas interesantes junto a otras meramente declarativas. Las omisiones también ofrecen pistas sobre los compromisos. El punto de partida es la presunta crisis institucional causada por la alianza con populistas y nacionalistas que estaría debilitando la Constitución y la igualdad de derechos para imponer la visión sesgada de una parte, alterando la convivencia y el bienestar. El documento se presenta abierto al diálogo al tiempo que se anuncia la pretensión de regular sus propuestas en cuanto el PP alcance el Gobierno.

En los medios la noticia se ha centrado en una de las propuestas, la elección de Alcaldes, reiterada en ocasiones anteriores por el propio Feijóo y que, como otras medidas similares, la fusión de municipios o la reducción de escaños parlamentarios, han producido más ruido que resultados. Es más, el mismo día de la presentación, la Presidenta Ayuso enmendaba ese punto concreto proponiendo la doble vuelta electoral como único mecanismo legitimador para sustituir el actual sistema de elección en segundo grado por parte de los Concejales electos por el resultado electoral salido de las urnas. Caso contrario se daría la paradoja de que la lista más votada pudiese tener una mayoría hostil. Sin embargo, el problema de fondo es mucho más serio. Alterar el actual modelo municipal, similar al parlamentario, obligaría a redefinir las atribuciones de los distintos órganos municipales. Cualquier reforma de los municipios debe tratar de mantener el equilibrio adecuado entre la eficiencia gestora y el control democrático.

Se propone mejorar el funcionamiento de las Cortes en su función legislativa, acotando el uso del Decreto-Ley. Se omiten otras consideraciones igualmente necesarias como limitar o prohibir el abuso legislativo de las leyes de Acompañamiento presupuestario, mejorar la Transparencia de las Administraciones Públicas o reforzar los mecanismos de control parlamentario sobre el Gobierno. Tampoco se dice nada sobre el acceso a los archivos oficiales, regidos por una normativa franquista y donde todas las propuestas de reforma han fracasado. La omisión no es casual, pues el Gobierno Popular de Galicia presidido por Feijóo ha hecho justamente lo contrario.

Se propone además la derogación de las últimas y controvertidas leyes de modificación del Código Penal para recuperar la sanción de conductas contra la Constitución. Otras medidas con más eficacia retórica que influencia real tienen que ver con el tamaño del Gobierno, el uso de medios institucionales, los períodos electorales o las relaciones entre Gobierno y oposición.

Mayor interés tienen las propuestas para garantizar la independencia de órganos reguladores y de otros como el INE, el CIS o el CNI. También se proponen medidas de incompatibilidades para los miembros de la carrera judicial que ocupen puestos políticos, se reforma el Ministerio Fiscal, así como el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y se proponen mejoras en el Consejo de Estado. Sin embargo, no se considera la reducción de las atribuciones del citado Consejo que hoy traslada los criterios partidistas a todos los Presidentes de Sala de Tribunales Superiores y de Audiencias Provinciales, en detrimento de una carrera profesional.

Sobre la reforma de la Administración las propuestas son similares a las que formulan todos los partidos políticos y cuya aplicación práctica es mucho más lenta de lo que se desea por el propio funcionamiento de los servicios públicos.

La mezcla entre propuestas coyunturales y otras de largo alcance no beneficia al documento. Sin embargo, al margen del contenido discutible de unas u otras medidas, tiene la virtud de proponer ideas para el debate, mostrando algunas de las medidas de gobierno que se pueden esperar de quienes hasta ahora han hecho una oposición de confrontación. Si el PP acierta en la forma de someter a debate sus propuestas y otras que pueda hacer en el futuro, podremos tener debates y elecciones basados en razones y datos, no solo en emociones y descalificaciones. Es un primer paso positivo. @mundiario