Alfonso Guerra acierta: claro que habrá referéndum en Cataluña, pero disfrazado

Para cerciorarse de que antes o después, disfrazada como convenga, va celebrarse en una consulta popular avaladora no era preciso que Alfonso Guerra expusiera su conocida intuición. Bastaba con repasar el propio proceso desde aquella reunión primera de Pedro Sánchez con Torra en diciembre de 2018 para “desjudicializar” lo que llegó a calificarse de “agresión del Estado contra Cataluña” (SIC). Claro que no. Bastaba con atenerse a la estadística que con tanto acierto invoca la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Para saber de qué hablamos no se debe uno fiar de las simplezas del portavoz Bolaños, sino de lo que dicen los beneficiados y tramitadores de los acuerdos con Sánchez como la citada, quien acierta cuando dice que diga lo que diga el Gobierno la estadística les es favorable. He ahí sus palabras: "el Gobierno no veía bien los indultos y también dijo que no derogaría nunca la sedición". Y los hubo. Como hubo pacto con Bildu, acuerdo con los independentistas, o incorporación de Podemos al Gobierno, pese a que, “por sus principios” Sánchez dijera que eso nunca ocurriría. O sea, que la estadística confirma que basta que se anuncie una cosa para que al final se haga lo contrario. La única duda en este momento es si ese referéndum se llevará a cabo por la llamada “Vía montenegrina” (pactado en principio como quiere ERC y Aragonès) o unitalteral, como Junqueras no descarta. En Cataluña no tienen dudas:E l conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacado que son muchas las cosas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que no pasarían y han acabado pasando, y cree que esto es lo que ocurrirá con la petición de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Bien es cierto que convocan hoy en día un referéndum en España, uno de verdad, es harto complejo, pero no imposible, y dada la experiencia, no nos extrañaría que fabriquen ese sucedáneo en forma de consulta (¿cómo y con que efectos y utilidad que proponen Illa e Iceta y que pretende ser una consulta diferente de la que quieren Junqueras y Aragonés?). Como señala Oliver Araujo en su libro “El Referéndum en el sistema constitucional español” en Cuadernos de la Facultad de Derecho, 15 (Palma de Mallorca 1986),“el referéndum consultivo español responde al planteamiento de la Constitución de Suecia; es decir, se ha optado por incorporar a la Constitución la figura de la consulta popular, pero sin que esta interfiera en el carácter representativo de nuestra democracia ni, sobre todo, en el funcionamiento del régimen parlamentario. Oliver destaca que el referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución tiene carácter facultativo ya que los poderes públicos pertinentes podrían adoptar la decisión política de especial trascendencia. A ver por donde salen

Los españoles tenemos que agradecer a personajes como la señora Rovira  y Rufián que nos orienten adecuadamente sobre la marcha del asunto, especialmente a este último, en cuanto a que las reformas que le han impuesto a Sánchez (“al que de vez en cuando hay que empujar”, como dice este portavoz nacionalista, con la gracia que le debe a ser hijo de andaluces). Pero conviene empero revolver un poco los archivos de este proceso, para hallar el hilo conductor que permita seguirlos documentadamente. Tras la reunión que Pedro Sánchez mantuvo con Torra el 20 de diciembre de 2018, cuando éste le entregó un documento con 21 medidas, una de las cuales proponía la negociación de la independencia de Cataluña entre el Generalitat y el Estado, con un “arbitro neutral”, como correspondía a un conflicto entre naciones, se hizo público un comunicado conjunto, donde se evitó citar a la Constitución, como único marco posible de cualquier acuerdo. Y con rebuscado estilo se decía: “Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica. La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible”. ¿Y qué otra seguridad jurídica cabe que no sea cumplir la Constitución y las leyes ordinarias, como el Código Penal? La solución vendría con el tiempo, amoldar la legislación penal a los acuerdos de “desjudicialización”. Pero eso era sólo el inicio.

Diálogo de besugos

Cuando Sánchez y Aragonés retomaron el diálogo intergubernamental en septiembre de 2021, las referencias del acuerdo, aunque con contradicciones, según las versiones, aludían directamente, por parte del “honorable_president” a que lo pactado entre gobiernos tendría que ser confirmado mediante una consulta a la ciudadanía de Cataluña, esto es un referéndum o qué otra cosa. Y vista la experiencia, resulta más fiable lo que dice Aragonès, que nunca ha cambiado su mensaje, de lo que dice Sánchez o sus portavoces. Literalmente, el comunicado de la Generalitat concluía afirmando que "el acuerdo final de la mesa deberá ser avalado por la ciudadanía de Catalunya en una votación", aspecto que no figuraba el comunicado del Gobierno, centrado en "recuperar la normalidad en Catalunya tras años de desencuentros" y en la 'Agenda del reencuentro'; la Generalitat reiteraba que solución pasa por el "referéndum, la amnistía y la autodeterminación".  ¿O es que todo era un diálogo de besugos?

¿Y qué paso se han dado por parte del Gobierno, que no se correspondan a la hoja de ruta del independentismo, desmontando de cara al futuro que el Estado pudiera responder con instrumentos eficaces si los independentistas catalanes reiteren, si no hay referéndum pactado, al camino unilateral para alcanzar su irrenunciable objetivo? En ese sentido hay que agradecer a Junqueras su claridad, Ahora van a por el referéndum (en principio, pactado; luego ya se verá): Un día después de que ERC y el PSOE alcanzaran un acuerdo para reformar el delito de malversación, con la introducción de supuestos nuevos que favorecen a los condenados por el procés y también a algunos de los actualmente investigados, el líder de ERC insistía en que el 1-O no fue un delito y remachaba que "organizar un referéndum no está en el Código Penal". En su opinión, “la vía unilateral es una vía democrática porque permite votar a la ciudadanía y decidir sobre su futuro”. Tenía razón, Zapatero lo había quitado de donde lo pusiera Aznar.

Lo más indignante del proceso que vivimos es que de nuevo el Gobierno crea que los españoles somos una masa de bóvidos, y mientan con todo descaro. La más burla de las mentiras es decir que, con sus cesiones a costa de la seguridad y existencia del Estado mismo, se ha rebajado la tensión y que Cataluña está mejor. Lo que está mejor es el envalentonamiento de quienes de modo tan fácil imponen su hoja de ruta hacia la independencia. ¿O no? Veamos, primero, la supresión del delito de sedición y la reforma a la baja del de malversación, a lo que se añade la triquiñuela de un añadido como si fuera una medida profiláctica y necesaria contra un aspecto de la corrupción. Luego vienen los efectos de dejar sin efecto las previsiones del Código Penal sobre las conductas que el propio Sánchez calificara en su día no ya de “sedición”, sino de “rebelión”, al tiempo que dijera que estaba en contra de que unos políticos indultaran a otro. Los efectos prácticos de esa reforma a la carta del Código Penal equivaldrán en la práctica al primer punto del orden de aquella hoja de ruta, o sea amnistía. Queda por ver cómo alcanza esa medida de gracia a la serie de procesos pendientes de los diversos delitos que se cometieron en torno al ilegal referéndum de octubre de 2017.

Y si ya tenemos amnistía, vamos al paso siguiente, referéndum de autodeterminación. Será el tema estrella del próximo congreso de ERC y ya lo adelantó Junqueras. Y tiene razón. Convocar un referéndum ilegal o unilateralmente no está contemplado en el Código Penal, insisto, porque Zapatero lo quitó de allí, luego de que lo introdujera Aznar. ¿Pero cómo se atreven a decir que lo de Cataluña va mejor? La inmoralidad se ha adobado con el cinismo. Y para convencernos de ello, los turiferarios de Sánchez y el aparato del Estado en manos de los suyos se esmeran. Este proceso de manipulación responde al objetivo de someter a los ciudadanos a un proceso de ocultación de la realidad continuo, abrumando al público menos crítico para conseguir en la opinión pública un efecto acumulativo o sobredosis aletargadora.

Bolaños debería consultar la Constitución

Pero la respuesta del portavoz del Gobierno, Bolaños, aparte de floja, denota sus carencias: "El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar”. ¿Pero qué dice? El artículo 92 de la Constitución Española establece la posibilidad de someter a referéndum consultivo las decisiones políticas de especial trascendencia, dentro del Título III dedicado a las Cortes Generales y más en concreto dentro del Capítulo II, que hace referencia a la elaboración de las leyes. O, sea, que adecuadamente disfrazado, claro que se puede atender lo que ahora le exigen a Sánchez. Así que, ya veremos. Alfonso Guerra acierta. El Gobierno puede convocar referendos o consultar a la ciudadanía sobre temas de interés general que estime oportuno y necesario; pero claro, en este caso, ¿cómo lo iba a disfrazar sin que se nos consultara a toda la nación sobre un asunto que afecta a la nación misma en su conjunto? ¿Y cómo hacer y con qué efecto esa consulta limitada al vecindario civil de Cataluña sobre los acuerdos a que se llegara en la mesa de negociación? Si justifican sin razones las reformas del Código Penal a la carta, seguro que hallaran el modo de colar la consulta, que ya piden Illa e Iceta, enmascarando que no será un referéndum. ¿Entonces qué será y cual su efecto?

Otro aspecto refleja en qué se ha convertido el que fuera partido de los socialistas, tras la queja indignada de los presidentes de Castilla-la Mancha y Aragón, García Page y Javier Lambán, por las cesiones de Sánchez a Cataluña, El senador por Badajoz Baldomero Espinosa Moreno ha exigido "lealtad" a Pedro Sánchez, y pidiéndole que "no intente obtener votos metiéndose donde no le llaman". O sea, que un senador del PSOE no sólo se opone a que otro miembro de su partido exprese su punto de vista sobre un asunto que afecta al conjunto del Estado. Me temo que este padre de la patria no conoce los propios estatutos, bases y reglamentos de su partido, donde se consagra la libertad de crítica y exposición. Por lo visto, ahora lo que se lleva en el PSOE es una forma de culto a la personalidad indiscutible del líder.@mundiario.