Uribe baja a la arena con su candidatura al Senado: un motor para la derecha en Colombia
La política colombiana entra en un nuevo terreno de confrontación con el anuncio de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez al Senado en 2026. El expresidente, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal, vuelve a colocarse en el centro del tablero político. Su decisión no solo remueve el escenario judicial y electoral, sino que también redefine la estrategia de la derecha en un momento de profunda polarización.
El regreso de Uribe, de 73 años, está marcado por un pulso abierto entre la política y los tribunales. La condena que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por ocho años aún no está en firme, pendiente de una decisión en segunda instancia. El expresidente, sin embargo, insiste en que es víctima de persecución política y ha convertido su defensa judicial en una bandera electoral contra el Gobierno de Gustavo Petro.
Uribe no aspira a encabezar la lista del Centro Democrático, sino a ocupar el puesto 25 en una lista cerrada. Aunque su elección es improbable, su presencia asegura arrastre electoral y sirve para cohesionar al partido en torno a un liderazgo que sigue siendo determinante.
La candidatura de Uribe responde a un vacío de liderazgo dentro del Centro Democrático. Tras el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, y otros senadores como María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia centradas en la carrera presidencial, el expresidente se convierte en el rostro que fortalece la lista a la Cámara Alta. Su inclusión en el tarjetón busca evitar fracturas internas y consolidar una bancada robusta frente al Pacto Histórico, que ya trabaja en una estrategia unificada para ampliar su representación legislativa.
El anuncio revela además un cambio de prioridades: la derecha, al igual que la izquierda, entiende que el Congreso será el verdadero campo de batalla en 2026. Uribe coloca al legislativo en el centro de su estrategia, incluso en un contexto en el que la derecha carece de un candidato presidencial sólido.
El peso del juicio y la politización de la justicia
Uribe es, probablemente, el político más influyente y controvertido de Colombia en lo que va de siglo. Fue el único mandatario elegido en primera vuelta desde la Constitución de 1991 y llegó a ser el senador más votado de la historia en 2018, con 870.000 votos. Su figura conserva un poder simbólico capaz de movilizar a sectores conservadores, religiosos y anti-petristas, lo que explica su valor estratégico para el Centro Democrático.
El mayor obstáculo para Uribe sigue siendo la justicia. Si el Tribunal Superior de Bogotá confirma su condena en segunda instancia, podría quedar inhabilitado para presentarse. La discusión jurídica es compleja: mientras algunos penalistas sostienen que la apelación mantendría abierta la posibilidad de su candidatura, otros consideran que una condena confirmada bastaría para cerrarle las puertas al Congreso.
El caso, iniciado hace más de una década por acusaciones de manipulación de testigos, ha adquirido una dimensión política inevitable. Uribe renunció a la prescripción de su proceso, lo que permite más tiempo a los jueces, pero también prolonga la incertidumbre. Su eventual inhabilitación sería un golpe histórico: la primera condena penal en firme contra un expresidente de Colombia.
La candidatura de Uribe señala que la derecha no está dispuesta a ceder terreno en Congreso. Su apuesta pasa por usar la figura del expresidente como motor de movilización, aun con el riesgo de que los tribunales frenen su ambición política. @mundiario
