La UE endurece su política migratoria: abre la puerta a deportaciones masivas a terceros países

Por mucho tiempo, la Unión Europea se presentó al mundo como un baluarte de derechos humanos y asilo, una región que, con sus imperfecciones, ofrecía refugio frente a la persecución y la violencia. Esa narrativa se desmorona con rapidez ante las nuevas propuestas de la Comisión Europea, que avanza en una reforma que permitirá a los Estados miembros deportar a solicitantes de asilo a terceros países, aunque estos no tengan ningún vínculo previo con la persona afectada.

El nuevo plan comunitario, que forma parte del controvertido Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2023, representa un punto de inflexión. Ya no se exige que el país de destino sea de tránsito o de origen. Ahora basta con que cumpla, en teoría, unos estándares mínimos de “tercer país seguro”. En la práctica, esta formulación ambigua puede abrir la puerta a acuerdos con países como Ruanda, Albania, Túnez o Marruecos, donde la situación de derechos humanos es, como mínimo, preocupante.

Bruselas justifica esta propuesta como un intento por “agilizar” los procedimientos de asilo y “evitar abusos”. Traducido: reducir al mínimo el número de personas que puedan permanecer legalmente en territorio europeo. La eliminación del efecto suspensivo automático en los recursos legales, es decir, que los migrantes puedan ser expulsados incluso si han apelado, agrava aún más la situación jurídica de quienes buscan protección internacional.

Esta nueva vuelta de tuerca no es una anomalía, sino un síntoma. Desde hace años, la presión de la extrema derecha —ahora acompañada por sectores del centro político— ha convertido la migración en un chivo expiatorio electoral. Gobiernos como el de Italia, con su polémico acuerdo con Albania, o el del Reino Unido, con su plan Ruanda, han inspirado estrategias que priorizan la externalización de fronteras, la contención y la deslocalización de las obligaciones humanitarias. La Comisión Europea, lejos de frenar esta deriva, parece haber decidido liderarla.

Amnistía Internacional critica la propuesta

Las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional son tajantes: esta medida es “cínica” y “devastadora a nivel humano”. ¿Cómo garantizar que una persona deportada a un país con el que no tiene ningún vínculo podrá rehacer su vida, acceder a derechos básicos o recibir atención jurídica real? La Comisión responde que hará un “seguimiento” y que impondrá condiciones a los países receptores, pero los precedentes no invitan al optimismo.

Además, el enfoque tecnocrático del Ejecutivo comunitario ignora el impacto humano. Deportar a una persona que huyó de una guerra, una dictadura o la pobreza extrema a un país desconocido y potencialmente hostil no es solo una cuestión legal: es una cuestión de dignidad y humanidad. Y en ese plano, Europa está perdiendo la batalla moral que tanto se esfuerza en predicar fuera de sus fronteras.

Lo más alarmante es que la Comisión no elaborará una lista oficial de “países seguros”; dejará esa decisión en manos de cada Estado miembro. Esta descentralización, bajo presión política interna, abre la puerta a decisiones unilaterales. Y todo esto sin esperar siquiera a la entrada plena en vigor del Pacto Migratorio, prevista para 2026. La maquinaria ya está en marcha.

La propuesta aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Pero en una Europa cada vez más escorada a la derecha, no es descabellado pensar que encontrará el respaldo suficiente. No será por falta de advertencias. @mundiario