Bruselas se abre al ‘modelo Meloni’ y avala los centros de deportación fuera de la UE
La Comisión Europea ha dado un paso significativo en el endurecimiento de sus políticas migratorias al presentar este martes una nueva regulación que permite a los Estados miembros firmar acuerdos con países fuera de la Unión Europea para establecer centros de deportación para migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. La medida, que refuerza el giro a la derecha en la política migratoria europea, busca aumentar el número de expulsiones en un contexto de creciente presión de la extrema derecha y el populismo antiinmigración en varios países de la UE.
La propuesta ha generado una fuerte oposición de organizaciones de derechos humanos y partidos de centro e izquierda, que denuncian un enfoque punitivo y discriminatorio hacia los migrantes en situación irregular.
Actualmente, solo el 20% de los migrantes que reciben órdenes de expulsión efectivamente abandonan la UE, según cifras presentadas por el comisario europeo de Interior, Marcos Brunner. Con esta nueva normativa, Bruselas busca revertir esa tendencia y proporcionar un marco legal para el establecimiento de estos centros extracomunitarios, siguiendo el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. Sin embargo, a diferencia del caso italiano, donde se envía a los migrantes a estos centros mientras se tramita su solicitud de asilo, la normativa europea solo contempla su traslado una vez denegada la petición de refugio.
El texto legal establece que los acuerdos con terceros países deberán definir las condiciones de traslado y el periodo de permanencia en esos centros, que podría ser a corto o largo plazo. Sin embargo, aún persisten dudas sobre aspectos clave, como si el plazo máximo de detención de 24 meses dentro de la UE se aplicará también en estos centros extracomunitarios. Asimismo, se excluye de esta medida a menores no acompañados y familias, aunque diversas organizaciones han advertido sobre la falta de garantías efectivas en su implementación.
Paquete de reformas migratorias
El plan podría recibir un respaldo mayoritario en el Parlamento Europeo, donde la correlación de fuerzas favorece a los partidos conservadores y de extrema derecha, que han presionado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que dote de un marco legal a estas políticas de deportación. Sin embargo, varios eurodiputados progresistas han manifestado su oposición.
La normativa forma parte de un paquete más amplio de reformas migratorias, que sustituirá a una directiva vigente desde principios de los años 2000 y complementará el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y que entrará en vigor en 2026.
Este pacto establece un sistema de cuotas para la reubicación de solicitantes de asilo entre los Estados miembros o, en su defecto, una contribución financiera de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. Además, redefine el procesamiento de solicitudes de refugio y el estatus legal de los migrantes mientras esperan una resolución.
Otro elemento clave en el plan de Bruselas es la revisión del concepto de “tercer país seguro” con el objetivo de unificar los criterios entre los Estados miembros. Esto podría reducir la cantidad de países desde los que se aceptan refugiados y ampliar la lista de países a los que se pueden deportar migrantes, incluso si no tienen una conexión directa con ellos, siempre que sean considerados seguros. De esta forma, la Comisión Europea busca cerrar aún más las posibilidades de permanencia para quienes llegan a territorio europeo en busca de asilo. @mundiario
