Un nuevo frente: Trump busca el aval del Supremo para despedir a miles de empleados federales
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha hecho de la reducción del tamaño del Gobierno estadounidense una de sus principales prioridades. Con esa meta, en febrero emitió una orden ejecutiva que instruye a las agencias a preparar despidos masivos —conocidos como reducción de fuerza laboral o RIF— en casi dos docenas de dependencias, incluyendo Agricultura, Comercio, Tesoro y Salud.
El plan no tardó en generar reacciones. Sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos estatales presentaron demandas contra múltiples agencias federales, argumentando que el mandatario se excedió en su autoridad al ordenar despidos a gran escala sin autorización del Congreso. La jueza federal Susan Illston, en San Francisco, dio la razón a los demandantes al bloquear temporalmente los despidos y ordenando incluso la reincorporación de empleados ya cesados.
La Administración Trump, tras perder en primera instancia y luego en el Tribunal de Apelaciones, recurrió esta semana al Supremo. En su petición de “alivio de emergencia”, el Departamento de Justicia alega que los tribunales inferiores han "interferido indebidamente" en una facultad central del Ejecutivo: la gestión del personal federal.
El abogado del Gobierno, D. John Sauer, sostiene que la Constitución no exige una aprobación legislativa para que el presidente reestructure agencias y ejecute despidos. Según su argumento, la orden judicial impide que la Administración actúe con eficiencia y obliga a mantener, con cargo al erario público, a empleados considerados innecesarios por sus propias agencias.
Los fallos de las instancias inferiores han sido contundentes. La jueza Illston determinó que el presidente “excedió su autoridad” y que una reestructuración gubernamental de tal magnitud solo puede realizarse con aprobación del Congreso. Más recientemente, el Tribunal de Apelaciones se negó a suspender la medida de Illston, argumentando que el Ejecutivo no había demostrado sufrir un “daño irreparable”, lo que sugiere que los demandantes probablemente ganarían el caso.
“La orden ejecutiva aquí en cuestión excede ampliamente los poderes de supervisión presidencial según la Constitución”, escribió el tribunal, calificando el intento de reestructuración como algo “sin precedentes”.
Uno de los elementos más singulares del plan de Trump ha sido la creación del grupo DOGE (Dirección para la Eficiencia del Gobierno), que fue liderado por el multimillonario Elon Musk durante los primeros cuatro meses desde su creación. Aunque Musk dejó formalmente su papel el pasado viernes, Trump ha asegurado que el empresario seguirá participando “de forma intermitente”.
Este grupo fue responsable de identificar agencias y programas prescindibles, como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, que han enfrentado también múltiples litigios. Aunque el DOGE funcionó más como fuerza consultiva, sus recomendaciones sirvieron de base para las órdenes ejecutivas de despidos.
¿Poder Ejecutivo o extralimitación? Un debate institucional
El caso plantea una cuestión jurídica de fondo: ¿hasta qué punto puede un presidente rediseñar el aparato estatal sin intervención del Congreso? Para la Administración Trump, se trata de ejercer facultades legítimas bajo el Artículo II de la Constitución. Para los críticos, es un intento peligroso de concentrar el poder y debilitar los controles institucionales.
Históricamente, reestructuraciones importantes del Gobierno federal —como las implementadas durante las presidencias de Ronald Reagan o Bill Clinton— se hicieron con cierto grado de aprobación legislativa. Trump, en cambio, ha optado por un enfoque unilateral, lo que ha desatado no solo resistencia política sino también un muro judicial.
Actualmente, miles de despidos han sido frenados. Algunas agencias habían comenzado a ejecutar recortes antes de la orden judicial, mientras otras estaban en fase de planificación. Los tribunales han obligado al Gobierno a mantener en sus cargos a empleados cuya continuidad había sido descartada por meros motivos presupuestarios o de reorganización.
El gobierno alega que esta parálisis genera incertidumbre, aumenta los costes y debilita la operatividad del Estado. Los demandantes, por su parte, sostienen que se está violando la legalidad constitucional y se socavan los derechos laborales de los funcionarios.
La decisión que tome el Tribunal Supremo será fundamental no solo para los trabajadores federales afectados, sino también para el futuro del equilibrio de poderes en EE UU. Si el Supremo da luz verde a la administración Trump, podría sentar un precedente que permita a futuros presidentes, incluido el actual, rediseñar el aparato estatal sin necesidad de consensos legislativos. Si lo rechaza, reafirmará los límites institucionales a la autoridad ejecutiva.@mundiario
