El Supremo de EE UU despoja la protección a medio millón de migrantes bajo la sombra de Trump
La última decisión del Tribunal Supremo de EE UU ha activado todas las alarmas en materia de derechos humanos y gobernanza democrática. Con una resolución ajustada y sin argumentos de fondo, la Corte ha dado vía libre al fin del programa de parole humanitario que ofrecía residencia temporal y permiso de trabajo a 500.000 personas provenientes de cuatro países asolados por la violencia, el autoritarismo y la crisis económica: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Este fallo, en respuesta a una solicitud de urgencia presentada por la Administración Trump, suspende cautelarmente la orden de un juez federal que había frenado la cancelación del programa. El Supremo no solo reanima así la política migratoria más dura del expresidente, sino que consagra un inquietante precedente: decisiones de profundo calado humanitario pueden ser revocadas por una mayoría conservadora sin deliberación sustancial ni ponderación del daño humano.
El parole humanitario, diseñado por el Gobierno de Joe Biden, fue una herramienta pragmática para reducir la inmigración irregular, a la vez que ofrecía una vía legal de entrada a quienes huyen del colapso institucional en sus países de origen. Al exigir un patrocinador en EE UU y vincular el acceso al trabajo, el programa logró reducir significativamente los cruces fronterizos ilegales.
Sin embargo, esta estrategia de control ordenado y humanitario ha sido objeto de feroz hostigamiento judicial por parte de Trump y sus aliados, que ven en cualquier forma de acogida una amenaza a su narrativa de mano dura. La Corte, con seis jueces conservadores —tres de ellos nombrados por el propio Trump—, ha respondido con una celeridad que contrasta con su habitual lentitud en causas más estructurales.
El poder judicial como extensión del poder presidencial
Lo que está en juego no es solo la protección de medio millón de personas. Es también el papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales frente al Poder Ejecutivo. Y aquí, el Supremo parece inclinarse cada vez más hacia una visión presidencialista, a menudo alineada con los intereses del trumpismo.
La misma semana en que avaló la cancelación del parole, la Corte ya había permitido al Gobierno eliminar el programa TPS (Estatus de Protección Temporal) para 350.000 venezolanos. En paralelo, Trump ha intensificado su discurso contra los jueces que limitan sus aranceles unilaterales, y ha dejado claro que buscará caminos alternativos, o incluso el retorno al Supremo, para proteger lo que define como su “poder presidencial absoluto”.
El presidente llegó a calificar como “horrible” una sentencia del Tribunal de Comercio Internacional que anulaba sus impuestos a las importaciones de Canadá, México y China. Lejos de acatar la separación de poderes, Trump ha vuelto a cargar contra los magistrados —incluido uno nombrado por él mismo—, acusándolos de traición y parcialidad, mientras alienta a su equipo legal a activar un “plan B” para salvar sus aranceles, bordeando los límites legales con nuevas estrategias proteccionistas.
Trump, el Supremo y la deriva autoritaria
Esta concatenación de decisiones judiciales pone de relieve un fenómeno inquietante: el uso de los tribunales como instrumento para desmantelar políticas de protección y consolidar una agenda autoritaria desde la legalidad. Lejos de actuar como contrapeso, el Supremo —en su composición actual— parece cada vez más dispuesto a validar los impulsos ejecutivos de Trump, incluso cuando estos contradicen principios constitucionales básicos, como la proporcionalidad, la no discriminación o el debido proceso.
Las voces disidentes dentro del propio tribunal no han sido tímidas. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson advirtieron que la decisión de cancelar el parole ignora las consecuencias “devastadoras” para miles de personas ya arraigadas en Estados Unidos. Y no se trata de una advertencia retórica: estamos hablando de familias enteras que, de la noche a la mañana, pueden quedar expuestas a la detención o la deportación.
El coste humano y económico de un fallo ideológico
Lo que está en juego, más allá del tecnicismo judicial, es el destino de medio millón de personas. Ciudadanos que han seguido las reglas, que han encontrado trabajo, que están integrados en comunidades. Su expulsión masiva no solo sería moralmente reprobable, sino económicamente contraproducente: miles de empleadores perderán mano de obra, muchas ciudades verán resentidos sus servicios, y el sistema judicial se saturará con procedimientos de deportación sin precedentes.
Como alertó la organización FWD.us, se trata de “la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna” de EE UU. Un retroceso que no solo afecta a los migrantes, sino que tensiona las bases democráticas del país: ¿dónde queda la función moderadora del derecho frente al capricho del poder?
La Corte Suprema ha dado un paso decisivo hacia la desprotección sistemática de los más vulnerables en aras de una política migratoria cada vez más alineada con el maximalismo trumpista. El parole humanitario era un ejemplo de cómo una gestión racional y humana de la inmigración es posible. Su demolición por vía judicial sienta un precedente preocupante: que el derecho puede ser instrumentalizado para anular el progreso, reforzar la arbitrariedad ejecutiva y perpetuar una lógica de exclusión. @mundiario
