Starmer, en retroceso, impulsa la reforma de asilo más dura en décadas para frenar a Reform UK
El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, ha optado por un endurecimiento de las políticas de asilo en un momento de desgaste político. Con Reform UK, liderado por el arquitecto del Brexit, Nigel Farage, encabezando varios sondeos y la inmigración convertida en una de las principales preocupaciones de los votantes británicos, Downing Street quiere evitar quedar rezagado en un debate que la derecha populista ha moldeado durante meses.
El Ejecutivo laborista afirma que su objetivo es “reparar un sistema roto”, pero lo hace con medidas que suponen un giro sustancial respecto a las posiciones tradicionales del partido. La decisión de endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente, recortar ayudas y convertir el estatus de refugiado en temporal configura la reforma más ambiciosa —y polémica— en décadas.
La propuesta central consiste en cuadruplicar el tiempo necesario para que los solicitantes de asilo que lleguen de forma irregular accedan a la residencia permanente: de cinco años a 20 años. Esta medida afectará a quienes entren al país una vez que la nueva legislación esté en vigor.
Además, el estatus no será definitivo: el Gobierno podrá revisarlo cada 30 meses y, si considera seguro el país de origen del solicitante, proceder a su deportación. La inspiración procede del modelo danés, uno de los más restrictivos de Europa, aunque incluso Dinamarca exige menos tiempo (8 años) para la residencia estable.
El Reino Unido, de aprobarse la reforma, se colocaría entre los países con políticas más estrictas de acceso a la permanencia legal.
El ascenso de Farage y la presión electoral
Otra pieza clave de la reforma es la reducción de ayudas económicas para quienes estén a la espera de resolver su solicitud de asilo y tengan capacidad legal de trabajar. Vivienda, manutención y otros subsidios quedarán limitados para quienes no demuestren voluntad de autosuficiencia.
El Gobierno también prevé revocar el estatus de asilado a cualquier persona que cometa un delito en territorio británico, reforzando el carácter condicional de la protección.
Para Shabana Mahmood, ministra del Interior e hija de inmigrantes paquistaníes, estas medidas buscan enviar un mensaje claro a quienes intentan llegar al Reino Unido “desde países seguros de Europa con la intención de cruzar en bote desde el norte de Francia”. La ministra insiste en que se trata de un “efecto disuasorio” necesario para frenar las 111.000 solicitudes registradas en el último año.
El endurecimiento llega en un contexto político marcado por el auge de Reform UK, que ha logrado capitalizar la frustración en torno a la inmigración irregular. El discurso de Nigel Farage, centrado en la idea de que el país “ha perdido el control de sus fronteras”, está ganando terreno incluso entre antiguos votantes laboristas.
Desde el verano, protestas masivas —algunas organizadas por la extrema derecha— y una creciente tensión social han convertido el tema migratorio en un asunto prioritario. El Gobierno asume ese diagnóstico y adopta un tono cada vez más similar al de sus rivales políticos, pese a las críticas internas.
Diputados laboristas como Nadia Whittome señalan que la estrategia “copia las políticas de la ultraderecha”, mientras que más de cien ONG denuncian que el enfoque “alimenta el racismo y la violencia”. El Ejecutivo, sin embargo, interpreta esa presión como evidencia de que debe actuar con mayor contundencia.
Entre la necesidad de control y el desgaste de la narrativa laborista
Starmer había prometido un enfoque “pragmático” que equilibrara control fronterizo y rutas seguras. Sin embargo, ante la caída de popularidad y el dominio discursivo de Reform UK, el Gobierno se inclina ahora hacia una narrativa más disciplinaria, centrada en la seguridad y la reducción de atractivo para quienes buscan ingresar por vías irregulares.
Mahmood insiste en que el Ejecutivo abrirá nuevas “rutas seguras y legales”, pero ese componente queda opacado por los cambios estructurales que restringen la permanencia, dificultan la reunificación familiar y limitan la posibilidad de obtener ciudadanía, especialmente si el estatus de refugiado deja de ser una vía hacia la naturalización.
El mensaje político es claro: el Gobierno busca proyectar firmeza en un terreno que, en términos de opinión pública, ha pasado a definir la competencia con la derecha populista.
Las cifras oficiales muestran que las solicitudes de asilo alcanzaron niveles récord y que la inmigración es hoy el tema que más preocupa a la ciudadanía, por encima incluso de la economía. La respuesta del Gobierno intenta atender esa demanda social, pero enfrenta tensiones internas, cuestionamientos jurídicos y la incertidumbre de su impacto real. @mundiario
