Rearme europeo en jaque: Reino Unido rechaza el precio de entrada al programa SAFE
El intento de recomponer la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit atraviesa una gran prueba de estrés. A menos de un año del “reseteo” diplomático impulsado por el primer ministro Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la cooperación en materia de defensa —uno de los pilares del nuevo vínculo— se tambalea.
El motivo: Londres se niega a pagar los 6.750 millones de euros que Bruselas exige para permitir la participación británica en el programa SAFE (Security Action for Europe), el principal plan de financiación militar del bloque frente a la amenaza rusa y el repliegue estadounidense.
El pulso, que se mantiene abierto hasta el 30 de noviembre, no solo pone en riesgo contratos millonarios para las industrias de defensa de ambos lados del canal, sino que podría erosionar la credibilidad política del acercamiento post-Brexit, un proceso cuidadosamente diseñado por Downing Street para no despertar la histeria euroescéptica en su propia casa.
El programa SAFE forma parte del mayor esfuerzo conjunto de inversión militar en la historia de la UE, con un fondo de préstamos de 150.000 millones de euros destinado a reforzar la producción de misiles, sistemas antiaéreos y armamento estratégico. El mecanismo, inspirado en los fondos de recuperación pospandemia, se financiará mediante deuda común emitida por la Unión, y solo podrán acceder a sus beneficios los países de la UE, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Ucrania.
Para el Reino Unido —que tras el Brexit no pertenece a ninguno de estos espacios—, la participación británica requería un acuerdo especial. A cambio de una contribución estimada en 6.750 millones de euros (más una tasa administrativa de 150 millones), Londres podría permitir que sus empresas obtuvieran hasta el 50 % del valor de los contratos financiados por el programa. Sin embargo, el Gobierno británico considera que la cifra “no es justa ni equilibrada”, según fuentes citadas por Bloomberg.
Londres dice no: “No pagaremos por un acceso limitado”
El rechazo de Londres refleja tanto una cuestión de principios económicos como un cálculo político. Un portavoz del Gobierno británico declaró que el Reino Unido “solo aceptará acuerdos que aporten valor a su industria y a los contribuyentes”. Los negociadores de Starmer sostienen que la propuesta europea subestima la contribución estratégica y tecnológica del país a la defensa continental.
Y no sin razón: una de cada 60 personas en el Reino Unido trabaja en el sector de defensa, que genera más de 435.000 empleos directos e indirectos, según datos del Gobierno. La británica BAE Systems, además, es el mayor fabricante de material militar de Europa, con una facturación comparable a la suma de sus tres competidoras continentales —Leonardo, Thales y Airbus—. Dejar a Londres fuera de SAFE implicaría reducir sensiblemente la capacidad industrial militar del continente.
No obstante, Bruselas teme que una rebaja excesiva para el Reino Unido siente un precedente de privilegio que incentive reclamaciones similares de otros países, como Canadá, Turquía o Corea del Sur, que también han mostrado interés en acceder al programa.
Dentro de la Unión, el debate tampoco está exento de tensiones. Francia, que aspira a liderar la autonomía militar europea, se opone a abrir demasiado el programa a socios externos, con el argumento de que SAFE debe servir para reducir la dependencia tanto de EE UU como del Reino Unido. Alemania e Italia, en cambio, muestran posiciones más pragmáticas, conscientes del impacto que tendría excluir a un socio industrial tan potente como Londres.
En este contexto, el desacuerdo amenaza con debilitar la cohesión interna del bloque justo cuando Europa intenta acelerar su rearme frente a una Rusia más agresiva y a un Washington menos comprometido. Según fuentes diplomáticas europeas citadas por The Telegraph, la Comisión “no descarta ajustar el modelo de contribución”, aunque no a costa de comprometer el principio de reciprocidad.
Un problema político para Keir Starmer
Para el Gobierno laborista de Keir Starmer, el pulso con Bruselas llega en un momento políticamente delicado. SAFE fue presentado como uno de los logros concretos del “Brexit reset”, un pacto que buscaba superar la confrontación de los años anteriores y restaurar la confianza mutua.
El fracaso en asegurar el acceso al programa podría ser usado por la oposición conservadora y por el movimiento euroescéptico liderado por Nigel Farage como prueba de que el nuevo enfoque proeuropeo de Starmer no produce beneficios tangibles. Además, dejar fuera a la industria británica de un mercado potencial de miles de millones de euros implicaría una pérdida significativa de competitividad y podría tener efectos sobre el empleo y la inversión en el sector.
El conflicto entre Londres y Bruselas es, en el fondo, un reflejo de una Europa que busca redefinir su arquitectura de seguridad. La guerra en Ucrania ha obligado a acelerar los mecanismos de cooperación militar y de producción común, pero la ausencia del Reino Unido —tradicionalmente uno de los actores más influyentes del continente— sigue siendo una pieza faltante.
SAFE pretende precisamente corregir esa dependencia estructural, pero hacerlo sin Londres parece contradictorio con los objetivos de reforzar la defensa común. El dilema revela una tensión de fondo: cómo equilibrar la soberanía industrial europea con la necesidad de cooperación estratégica transfronteriza. @mundiario
