Una jueza ordena el regreso a EE UU del inmigrante deportado por error a la megacárcel de El Salvador
Una juez federal de Estados Unidos ha ordenado la repatriación inmediata de Kilmar Armando Abrego-García, un inmigrante salvadoreño deportado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La decisión, emitida por la jueza Paula Xinis en un tribunal de Maryland, considera que la deportación fue ilegal y establece un plazo hasta la medianoche del lunes 7 de abril para que la Administración del presidente Donald Trump lo regrese a suelo estadounidense.
Abrego-García, de 29 años, es residente del condado de Prince George, Maryland, y está casado con una ciudadana estadounidense. Es padre de un niño de cinco años y padrastro de otros dos menores, todos nacidos en Estados Unidos. Según su familia, dos de sus hijos padecen autismo y el tercero sufre de epilepsia, lo que ha agravado el impacto de la separación forzada.
La deportación se llevó a cabo el pasado 15 de marzo, cuando Abrego-García fue incluido en uno de los vuelos que trasladaron a más de 200 venezolanos y a decenas de salvadoreños a El Salvador. Allí, fue confinado sin juicio en una prisión de máxima seguridad que alberga a las pandillas más violentas del país, la cárcel símbolo de la política de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Su caso fue parte de un procedimiento de deportación sumaria, a pesar de que contaba con una orden judicial de suspensión de deportación debido a una solicitud de asilo. Los abogados del inmigrante demandaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alegando que su expulsión violó esa protección legal.
Un funcionario de ICE admitió posteriormente en el tribunal que “la expulsión fue un error”, pero afirmó que las autoridades actuaron de “buena fe” y que ya no podían traerlo de regreso. Esta postura fue rechazada por la jueza Xinis, quien declaró que el procedimiento fue ilegal y carente de justificación.
Defensa legal y críticas al Departamento de Justicia
Durante la audiencia del viernes, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, tuvo dificultades para explicar el motivo de la deportación. “Abrego-García no debió haber sido removido”, reconoció en el tribunal. También añadió que ni siquiera sabía por qué había sido arrestado inicialmente, y confesó su frustración por la falta de cooperación de sus superiores.
Sus declaraciones generaron una ola de críticas. Poco después, la fiscal general Pam Bondi anunció que Reuveni había sido suspendido temporalmente, argumentando que todo abogado del Departamento de Justicia “debe defender con celo los intereses del país”. Según Bondi, el incumplimiento de este principio tendría consecuencias disciplinarias.
El equipo legal que respalda a Abrego-García sostiene que su cliente fue injustamente señalado en 2019, cuando un informante anónimo lo acusó sin pruebas de ser miembro de la banda criminal salvadoreña MS-13. Aunque inicialmente se autorizó su deportación, un juez suspendió la orden tras considerar su solicitud de asilo. Sin embargo, ICE lo arrestó nuevamente el 12 de marzo de 2025 alegando un “cambio en su estatus”, sin justificación clara.
La juez Xinis cuestionó fuertemente al Gobierno durante la audiencia, preguntando por qué no se había presentado evidencia del arresto o de los motivos de la deportación. Reuveni respondió: “La ausencia de evidencia habla por sí sola. El Gobierno eligió no presentar pruebas”. También expresó que, al revisar el caso, su primera pregunta fue si se podía traer de vuelta a Abrego-García, sin recibir una respuesta satisfactoria.
Apelación de la Administración Trump y tensiones institucionales
A pesar del fallo judicial, la Administración Trump solicitó a una Corte de Apelaciones que suspenda la orden de la jueza Xinis. Además, pidió a la misma jueza que pause su propio fallo mientras se resuelven las apelaciones. El argumento central del Ejecutivo es que Xinis no tiene autoridad para “interferir con un poder extranjero”, como sería ordenar la repatriación de una persona ya entregada a otro país.
Este episodio profundiza las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que ya han protagonizado varios enfrentamientos por las tácticas migratorias de la Administración Trump. Varios jueces federales han criticado lo que consideran una falta de transparencia y de respeto a los procedimientos legales por parte del Gobierno.
La deportación de Abrego-García ha tenido un impacto devastador en su familia. Su esposa, Jennifer Vásquez, expresó su dolor en una manifestación organizada por la organización CASA, defensora de los derechos de los inmigrantes. “Kilmar es un padre excelente. Siempre ha estado ahí para nuestros hijos. Esta separación injusta ha destruido nuestra familia”, dijo.
La comunidad de Maryland se ha movilizado en su defensa, exigiendo su repatriación inmediata y el cese de las deportaciones arbitrarias. Para muchas organizaciones, este caso simboliza las consecuencias humanas de una política migratoria impulsiva y centrada en el castigo, más que en la protección de derechos fundamentales.
El caso de Kilmar Abrego-García podría sentar un precedente clave en el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, así como en la defensa del debido proceso. A la espera de la resolución de las apelaciones, la Administración Trump deberá decidir si cumple con la orden judicial o insiste en continuar con el conflicto legal.
Mientras tanto, la vida de un padre de familia permanece en peligro, confinado en una prisión de máxima seguridad en un país donde su integridad no está garantizada. Y con ello, el sistema migratorio estadounidense vuelve a colocarse bajo el escrutinio público y judicial.@mundiario
