Golpe judicial a Trump: una jueza federal suspende el despliegue militar en Chicago
En una nueva confrontación entre el poder federal y los gobiernos locales de EE UU, la jueza federal April Perry bloqueó temporalmente la orden del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, una medida que el mandatario justificaba por el supuesto riesgo de “rebelión” ante las protestas contra la política migratoria de su Administración.
La decisión judicial, con vigencia inicial de 14 días, representa otro revés para Trump, quien en las últimas semanas había intentado extender la presencia militar a varias ciudades gobernadas por demócratas. La magistrada consideró que las pruebas presentadas por el Gobierno federal carecen de fundamento y que la presencia de tropas podría, por el contrario, agravar el conflicto social.
En su fallo verbal, Perry subrayó que no existen indicios creíbles de una insurrección organizada en Illinois. Sostuvo, además, que la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalada por provocar enfrentamientos y vulneraciones constitucionales, fue un factor clave en el aumento de las protestas.
La jueza advirtió de que el despliegue militar, lejos de estabilizar la situación, podría amplificar la tensión en una ciudad ya saturada por redadas, detenciones y deportaciones masivas bajo la llamada Operación Midway Blitz. “Permitir el ingreso de la Guardia Nacional solo añadiría combustible al fuego iniciado por las propias acciones del Gobierno”, declaró Perry.
El fallo impide, de momento, que las unidades ya desplegadas en las afueras de Chicago —particularmente en el centro de detención de ICE en el suburbio de Broadview— participen en operaciones activas. La Administración Trump había previsto mantenerlas allí por al menos 60 días, pero la orden judicial congela esa estrategia.
El dictamen también pone en duda la credibilidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al calificar sus informes sobre violencia urbana como “no confiables”. Perry recordó que las autoridades locales han demostrado capacidad para gestionar la seguridad sin intervención militar, un argumento central en la defensa del gobernador demócrata J.B. Pritzker y del fiscal general Kwame Raoul.
La respuesta política: soberanía estatal frente al poder federal
Desde el Gobierno de Illinois, Pritzker celebró la decisión con un mensaje directo: “Donald Trump no es un rey y su Administración no está por encima de la ley”. Su declaración resume el fondo del conflicto: la disputa entre el principio de soberanía estatal y la intención de la Casa Blanca de militarizar la respuesta a la protesta social.
Para Raoul, el fallo de Perry marca un precedente clave sobre los límites del poder presidencial. “La cuestión de si el presidente puede militarizar nuestras ciudades sin restricción alguna ha sido respondida hoy”, afirmó el fiscal, quien destacó el valor simbólico de la resolución más allá del caso de Chicago.
El bloqueo de Perry se suma a decisiones previas de otros magistrados que ya habían frenado el despliegue de la Guardia Nacional en Portland (Oregón) y Los Ángeles (California), consolidando una tendencia judicial de resistencia a las órdenes presidenciales. Se anticipa que la disputa terminará en el Tribunal Supremo, donde podría definirse el equilibrio entre seguridad nacional y autonomía estatal.
Mientras tanto, la Administración Trump insiste en que actuó “en el marco de su autoridad legal” para proteger a agentes federales y propiedades del Gobierno. La Casa Blanca espera revertir la decisión ante una instancia superior, en un litigio que probablemente llegue al Supremo más temprano que tarde.@mundiario
