La Guardia Nacional llega a Chicago: Trump militariza la ciudad ante la resistencia demócrata
La llegada de la Guardia Nacional de Texas a Chicago marca un nuevo episodio en la confrontación abierta entre el presidente Donald Trump y las principales ciudades demócratas de Estados Unidos. Con un centenar de soldados ya desplegados y otro contingente en camino, el mandatario republicano desafía las advertencias de las autoridades locales, que califican la operación de inconstitucional y autoritaria.
Trump, en declaraciones desde el Despacho Oval, justificó la medida asegurando que la violencia y el crimen en Chicago exigen “una intervención federal inmediata”. “Si el gobernador no puede hacer su trabajo, lo haremos nosotros por él”, afirmó, insinuando nuevamente su disposición a recurrir a la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que le otorgaría poderes de guerra excepcionales. Aunque el presidente no precisó si la aplicará formalmente, dejó claro que no permitirá “que el caos continúe en una gran ciudad como Chicago”.
La decisión llega tras semanas de tensiones políticas y judiciales. Un tribunal federal rechazó bloquear temporalmente el ingreso de tropas, a pesar de una demanda presentada por el Estado de Illinois y el Ayuntamiento de Chicago para frenar el despliegue. El fiscal general del estado, Kwame Raoul, argumentó que la intervención vulnera la autoridad de los gobiernos locales y amenaza con erosionar derechos constitucionales básicos.
El gobernador Pritzker fue categórico en su rechazo, denunciando lo que denominó “la marcha autoritaria de la Administración Trump”. En conferencia de prensa, afirmó: “Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para detener este abuso de poder, porque las tropas militares no deben usarse contra comunidades estadounidenses”. Su posición fue respaldada por el senador Dick Durbin, quien acusó al presidente de actuar “por encima de la ley y en contra de los valores federales que sostienen la democracia del país”.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, endureció su postura firmando una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de inmigración (ICE) operar en propiedades municipales. “No permitiremos que conviertan nuestra ciudad en un campo de operaciones sin control. Si el Congreso no detiene a esta Administración, lo haremos nosotros”, declaró. Johnson calificó el despliegue de “ilegal, inconstitucional y peligroso”, y subrayó que no recibió aviso previo sobre el movimiento de tropas y que la ciudad “seguirá defendiendo los derechos civiles frente a cualquier intento de intervención federal”.
El enfrentamiento, que ya ha provocado protestas y choques en los suburbios de Broadview, donde agentes federales utilizaron gases lacrimógenos contra manifestantes, se ha convertido en un pulso político de alcance nacional. La American Civil Liberties Union (ACLU) presentó una demanda adicional contra el Gobierno federal, acusando a las fuerzas de seguridad de “violencia e intimidación sistemática” contra ciudadanos y periodistas.
Desde la Casa Blanca, la respuesta no se hizo esperar. Un portavoz acusó al alcalde y a los líderes demócratas de “proteger criminales y traficantes bajo la excusa de los derechos humanos”, insistiendo en que el despliegue busca “restablecer el orden ante la inacción de los gobiernos locales”.
Hundreds of National Guard soldiers from Texas prepared to start patrolling in Chicago, amid legal battles with Democratic leaders over the limits of presidential authority https://t.co/AX9bP6nBFL pic.twitter.com/NZN5uHZGgr
— Reuters (@Reuters) October 8, 2025
Este conflicto trasciende el caso particular de Chicago. Desde junio, Trump ha ordenado operaciones similares en cinco ciudades, incluyendo Los Ángeles, Washington y Memphis, siempre bajo la justificación de “restaurar la seguridad pública”. En todas ellas, las autoridades demócratas han rechazado la intervención, argumentando que vulnera el principio constitucional que reserva el uso de la Guardia Nacional a cada Estado, salvo en situaciones de insurrección o emergencia nacional.
La controversia amenaza con escalar hasta el Tribunal Supremo, donde se debatirá si el presidente puede federalizar tropas sin consentimiento de los gobiernos estatales. Expertos constitucionalistas advierten de que el caso podría redefinir los límites del Poder Ejecutivo y alterar la relación entre Washington y los Estados federados.
Mientras tanto, Chicago se convierte en el epicentro de un enfrentamiento que combina tensiones políticas, judiciales y sociales. Lo que comenzó como una disputa sobre seguridad y migración se ha transformado en una batalla por la autoridad institucional, donde Trump apuesta por la fuerza del Estado y los demócratas por la resistencia desde los tribunales y las calles.@mundiario
