La gran factura de Trump: una victoria legislativa con alto riesgo político
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha logrado la aprobación, y posterior firma, de su ambicioso paquete fiscal, al que llamó su “Gran y Hermosa Ley”: un amplio proyecto que fusiona recortes impositivos, reducción de servicios sociales, financiación para su agenda migratoria y gasto en defensa. Sin embargo, esta victoria legislativa podría transformarse en un serio pasivo político para el Partido Republicano, especialmente en un contexto de creciente polarización y fragilidad económica.
Aprobada en ambas cámaras del Congreso, esta batería legislativa podría aumentar la deuda nacional en al menos 3 billones de dólares y dejar sin cobertura médica a unos 11.8 millones de estadounidenses en el proceso, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Lo más inmediato es que enfrenta un rechazo significativo por parte de la opinión pública; las encuestas recientes de Washington Post-Ipsos y la analista KFF muestran que entre el 42 % y el 64 % de los estadounidenses se oponen a la ley, mientras que una encuesta de Fox News sitúa la oposición a la medida en un 59 %. De hecho, entre los votantes independientes y republicanos hay un sector notablemente crítico.
La estrategia de Trump en el Congreso replicó su estilo empresarial: insistencia en la marca —“One Big, Beautiful Bill”— y presión intensa sobre sus aliados. Pese a las objeciones internas, logró alinear a casi todos los republicanos detrás del proyecto. Sin embargo, ese esfuerzo forzado deja heridas dentro del partido. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, expresó su preocupación por las pérdidas de cobertura médica en su estado y anunció que no buscaría la reelección tras recibir amenazas desde la Casa Blanca por retener su voto; al final, terminó por rechazar el proyecto de ley. Otros legisladores, como Lisa Murkowski, de Alaska, aunque votaron a favor, señalaron que el texto necesitaba ajustes urgentes, los cuales finalmente no llegaron.
Los demócratas ven una oportunidad
Ante este panorama, los demócratas ya están esbozando la estrategia para las elecciones intermedias de 2026. Apuntan a presentar el proyecto de Trump como una muestra de favoritismo hacia los sectores más acomodados a expensas de los trabajadores y personas con menos recursos. Si bien el presidente había tratado de contrarrestar esa narrativa con exenciones fiscales para trabajadores con propinas o pagos extras, estos segmentos representan una fracción pequeña del electorado, y que al mismo tiempo se verá perjudicada por los recortes a los servicios sanitarios.
La oposición demócrata busca recuperar terreno político resaltando los efectos de los recortes a Medicaid y a los programas de asistencia alimentaria. La promesa de Trump de proteger estos programas, hecha durante su campaña electoral y luego en el mismísimo Despacho Oval, contrasta abiertamente con las medidas finalmente adoptadas.
El precedente de las reformas impopulares
Históricamente, las grandes reformas económicas o sociales rara vez han rendido dividendos inmediatos a sus impulsores. La ley de salud de Barack Obama en 2010 derivó en una derrota demócrata significativa en las elecciones de medio término ese mismo año. En 2017, los recortes fiscales de Trump no evitaron que los demócratas recuperaran la Cámara en 2018 ni su derrota presidencial en 2020.
Además, aunque la herramienta legislativa utilizada —la reconciliación presupuestaria— permite aprobar leyes sin enfrentar el filibusterismo en el Senado, sus resultados no siempre traen réditos electorales. El público, por lo general, no recompensa estas iniciativas de gran alcance si no se traducen en mejoras tangibles inmediatas.
El éxito de Trump y del Partido Republicano en sostener esta reforma dependerá de cómo se desarrollen las consecuencias económicas y sociales en los próximos meses. La promesa de dinamizar la economía con los recortes fiscales será puesta a prueba en un contexto de tensiones comerciales y posible desaceleración.
Mientras tanto, la narrativa demócrata está enfocada en el descontento ciudadano. Apuntarán especialmente a los distritos bisagra en estados como California, Nueva York o Illinois, donde el impacto negativo de la ley puede hacer vulnerable a más de un representante republicano.
