Gaza al límite: burocracia, control y hambre
En Gaza, el tiempo se mide en días sin comida, en hospitales sin medicinas y en familias que se acuestan sin saber si mañana podrán alimentar a sus hijos. Esta tragedia no es fruto del azar ni de una catástrofe natural: es el resultado directo de decisiones políticas que condicionan el flujo de ayuda humanitaria a requisitos imposibles y, en muchos casos, ilegales.
Desde marzo, Israel ha impuesto un nuevo sistema de registro para las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados. Sobre el papel, se trata de un procedimiento administrativo; en la práctica, una medida coercitiva que exige a las organizaciones entregar información altamente sensible: listas completas de trabajadores palestinos, datos de donantes privados y otros detalles que comprometen tanto la seguridad del personal como los principios básicos de independencia humanitaria. Negarse a cumplir estos requisitos significa quedar fuera del circuito de distribución de ayuda.
Las consecuencias son inmediatas y dramáticas. Cargamentos por valor de millones de euros —alimentos, medicamentos, material médico— se acumulan en almacenes y puntos fronterizos mientras en Gaza, según el Programa Mundial de Alimentos, más de un tercio de la población pasa días enteros sin comer. Los hospitales se vacían de suministros esenciales, y el personal sanitario trabaja con el estómago vacío. Según la ONU, prácticamente toda la población vive ya en un estado de inseguridad alimentaria severa.
Israel defiende que no busca “matar de hambre” a los dos millones de gazatíes, aunque el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha admitido una política de “privación” alimentaria. Un reconocimiento que, en términos humanitarios, supone una confesión grave: el hambre se usa como mecanismo de presión. Paralelamente, el Gobierno israelí impulsa su propia Fundación Humanitaria para Gaza, con apoyo de Estados Unidos, que reparte alimentos bajo control militar. Un modelo que las ONG critican por convertir la ayuda en una herramienta de dominación, en lugar de un puente hacia la supervivencia.
El dato más alarmante es que, desde mayo, al menos 859 personas han muerto cerca de los puntos de distribución de esta fundación, muchas por disparos de soldados o fuerzas de seguridad. El reparto de comida, lejos de ser un gesto neutral, se ha convertido en un escenario de violencia.
El trasfondo es claro: el control de la ayuda se convierte en un instrumento más de la guerra. No es solo un problema logístico ni un desacuerdo burocrático; es una violación directa del derecho internacional humanitario, que establece que el acceso a la asistencia no puede condicionarse a fines políticos o militares.
En este escenario, el papel de la comunidad internacional no puede limitarse a declaraciones tibias. Las más de 100 organizaciones que han firmado el comunicado —entre ellas Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Cáritas o Save the Children— exigen que se abran de inmediato todos los pasos fronterizos y que se ponga fin al uso de la ayuda como herramienta de guerra. No hacerlo significa aceptar, de facto, que la hambruna sea un arma legítima.
Gaza se encuentra en el límite: no solo geográfico, sino moral. Y la pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿hasta qué punto el mundo está dispuesto a tolerar que el hambre sea administrado como una bala más en este conflicto? @mundiario
