Europa se vuelca en un acuerdo para financiar a Ucrania: el escollo belga de los activos rusos

La cumbre europea celebrada en Bruselas ha adquirido un tono de urgencia poco habitual incluso para los estándares comunitarios. No se trata solo de diseñar un mecanismo financiero, sino de responder a una pregunta de fondo: hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea para sostener a Ucrania sin poner en riesgo su propio equilibrio institucional y financiero. El mensaje político es rotundo —“la UE no fallará a Ucrania”—, pero el camino para materializarlo sigue siendo una carrera de obstáculos.

La mayoría de los líderes europeos coincide en el objetivo: evitar que Kiev entre en bancarrota y garantizar recursos suficientes para los próximos dos años. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades financieras de Ucrania durante la guerra con Rusia son de tal magnitud que cualquier retraso tendría consecuencias inmediatas, no solo para el país invadido, sino para la seguridad europea en su conjunto. En ese contexto, la utilización de los activos soberanos rusos congelados en la UE se ha convertido en la opción preferente.

La propuesta consiste en usar esos fondos —más de 200.000 millones de euros, en su mayoría custodiados por la entidad Euroclear en Bélgica— como garantía para un préstamo de hasta 90.000 millones destinado a Ucrania. No se trataría, según la Comisión Europea, de una confiscación directa, sino de un “préstamo de reparación” que Kiev debería devolver si, en el futuro, Rusia paga indemnizaciones por los daños de la guerra.

Desde el punto de vista político, la fórmula implica que el agresor contribuya a financiar la resistencia y reconstrucción del país agredido. En la práctica, permite evitar una nueva emisión de deuda común, siempre delicada en una UE donde la unanimidad es cada vez más difícil de alcanzar. Sin embargo, esta vía también abre un terreno jurídico inexplorado. Y es ahí donde emerge con fuerza la posición de Bélgica, convertida en el principal foco de resistencia.

Bélgica y el temor al riesgo sistémico

El primer ministro belga, el independentista flamenco Bart de Wever, ha dejado claro que su oposición no se atribuye a motivaciones políticas, sino que en el Gobierno belga temen que el país se vea envuelto en una espiral de consecuencias legales y financieras. Bélgica alberga Euroclear, la entidad que custodia la mayor parte de los activos rusos congelados, una cantidad equivalente a cerca del 27 % del PIB belga. Cualquier represalia rusa, ya sea mediante litigios internacionales o confiscaciones de activos en territorio ruso, impactaría de forma directa y desproporcionada sobre su país.

De Wever reclama garantías sólidas: mutualización completa de los riesgos, cobertura europea frente a posibles demandas y mecanismos de liquidez inmediata. Sin ese paracaídas, Bélgica no está dispuesta a saltar al vacío en solitario. Su postura ha sido interpretada por algunos socios como un freno excesivo, pero también como una advertencia necesaria sobre los límites de la ingeniería financiera europea.

Con todo, en las últimas horas se perciben señales de flexibilidad. El propio De Wever ha insinuado que podría aceptar el plan si las garantías son colectivas y explícitas, lo que sugiere que el desacuerdo no es insalvable, sino una negociación sobre el reparto del riesgo.

Unidad europea frente a las fisuras

El debate ha puesto de relieve dos visiones dentro de la UE. Por un lado, quienes consideran que el uso de los activos rusos es una cuestión de coherencia política y fortaleza estratégica frente a Moscú. En este grupo se sitúan Alemania, Polonia, España y la Comisión Europea. Por otro, quienes, como Bélgica, alertan de que un paso en falso podría sentar precedentes peligrosos para el sistema financiero internacional.

En los márgenes del consenso aparece, una vez más, Hungría. El primer ministro ultranacionalista magiar Viktor Orbán ha rechazado frontalmente la idea, en un discurso que equipara al agresor y al agredido y que lo aísla del sentir mayoritario de los Veintisiete. Su postura refuerza la percepción de que la UE debe avanzar pese a las resistencias, si quiere preservar su credibilidad geopolítica.

Para Kiev, el debate europeo tiene una dimensión inmediata y otra moral. El presidente Volodímir Zelenski ha insistido en que Ucrania “tiene derecho” a esos fondos, no solo por necesidad financiera, sino por justicia. El préstamo respaldado por activos rusos supone, a su juicio, enviar el mensaje político de que la guerra tiene un coste para quien la inicia.

La cifra en discusión cubriría cerca del 65 % de las necesidades financieras ucranianas para los próximos dos años. En Bruselas se asume que garantizar esa estabilidad es clave incluso si se abre una vía hacia la paz: un país financieramente asfixiado negociaría en clara desventaja.

Más allá del resultado concreto, la cumbre se ha convertido en una prueba de madurez para la Unión Europea. No solo se mide su capacidad para ayudar a Ucrania, sino para hacerlo de forma unida, innovadora y jurídicamente sólida. Si el acuerdo llega, será fruto de un delicado equilibrio entre audacia política y prudencia financiera. Si no, la UE se enfrentará a una incómoda pregunta sobre sus límites reales como actor estratégico. En Bruselas lo saben: más que dinero, lo que está en juego es la credibilidad de Europa en un mundo cada vez más incierto. @mundiario