Europa impulsa un tribunal para juzgar los crímenes de guerra rusos: un paso valiente pero incompleto
Mientras Moscú exhibe su poder militar en la plaza Roja, la UE aprueba un tribunal especial para juzgar la agresión rusa en Ucrania, pero la ausencia de EE UU debilita este avance en la rendición de cuentas por la guerra.
La decisión de una coalición de casi 40 países, liderada por la Unión Europea y sellada en Leópolis, Ucrania, supone un hito jurídico y político: la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Se trata de una herramienta judicial destinada a imputar a los altos dirigentes rusos, incluido Vladímir Putin, por la planificación y ejecución de la invasión a gran escala de Ucrania. Aunque todavía es un proyecto en fase inicial, la iniciativa se presenta como una respuesta contundente al vacío que deja el Tribunal Penal Internacional (TPI), incapaz de juzgar el crimen de agresión cuando el Estado agresor —en este caso Rusia— no forma parte del Estatuto de Roma.
A diferencia de otras figuras del derecho penal internacional —como los crímenes de guerra o de lesa humanidad, que se imputan a quienes los ejecutan directamente—, el crimen de agresión apunta a la cúpula del poder: el presidente, el primer ministro, el ministro de Exteriores y los altos mandos militares responsables de violar la soberanía de otro Estado. En este caso, la llamada “troika” del poder ruso y figuras clave como el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov o el exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, aparecen como objetivos potenciales.
El nuevo tribunal tendrá autoridad para emitir penas severas, incluida la cadena perpetua, así como multas y confiscaciones de bienes cuyos ingresos irán a un fondo de compensación para las víctimas ucranianas. Esto supone un avance significativo en el vínculo entre justicia penal y reparación para el Estado ucraniano.
Sin embargo, el camino hacia la justicia será largo y lleno de trabas. Los acusados que formen parte del Gobierno ruso no podrán ser juzgados mientras ejerzan sus cargos. Por lo tanto, la posibilidad real de enjuiciar a Putin u otros miembros de la troika depende de un hipotético cambio de poder en Rusia. Además, aunque se permitirá el juicio en rebeldía para otros acusados, este procedimiento está limitado legal y moralmente, pues el derecho a defensa plena sólo se garantiza con el acusado presente.
Otro reto es la legitimidad y la cooperación internacional. La falta de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU —bloqueado por el veto ruso— y la ausencia de consenso global limitarán el reconocimiento de este tribunal más allá de las democracias occidentales. Aquí entra en juego un actor clave cuya ausencia no puede ignorarse: Washington.
La sombra de Estados Unidos
La no participación de EE UU en la aprobación de este tribunal revela una grieta preocupante entre Washington y sus aliados europeos. Durante la Administración del expresidente Joe Biden, EE UU había sido un socio comprometido con la rendición de cuentas en Ucrania. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha alterado profundamente esa postura.
Trump ha dado señales de acercamiento a Moscú y ha criticado abiertamente a Zelenski, atribuyéndole responsabilidades en una guerra donde Ucrania es la víctima. Su reticencia a apoyar resoluciones en la ONU que legitimen el tribunal, así como su inacción en Leópolis, muestran un viraje diplomático que debilita no solo a la iniciativa, sino al propio sistema de justicia internacional.
Sin el respaldo estadounidense, el tribunal pierde fuerza disuasoria, capacidad de influencia y poder simbólico. La ausencia de la primera potencia mundial dificulta la coordinación política, limita el alcance de las órdenes de detención y mina la credibilidad del tribunal ante la comunidad internacional.
Un paso audaz, pero aún insuficiente
La creación de este tribunal especial es, sin duda, un avance en el fortalecimiento del orden internacional basado en normas. Europa ha dado un paso valiente, coherente con su defensa de los valores democráticos, el derecho internacional y los derechos humanos. También envía un mensaje claro a Ucrania: la comunidad internacional no olvidará los crímenes cometidos en su contra.
Pero la falta de apoyo global, especialmente por parte de Estados Unidos, muestra las limitaciones de la iniciativa. Sin una coalición realmente global, este tribunal corre el riesgo de convertirse en una plataforma simbólica más que una herramienta efectiva de justicia.
Como sucedió tras la II Guerra Mundial con los juicios de Núremberg, el crimen de agresión solo puede ser juzgado con la cooperación de los vencedores y el colapso del régimen agresor. En la actualidad, ni una ni otra condición está garantizada. @mundiario
