Donald Trump golpea a Colombia en plena crisis de la lucha contra las drogas
La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Donald Trump no es un simple trámite burocrático. Es un gesto de fuerte carga política, que coloca a Bogotá en la misma lista que Venezuela o Myanmar y que rompe con tres décadas de cooperación preferente. Aunque las cifras de cultivos ilícitos son innegables —253.000 hectáreas al cierre de 2023—, conviene subrayar que la decisión no responde solo a esos números. El proceso de certificación, instaurado en los años ochenta, siempre ha tenido un componente político. Estados Unidos lo utiliza para premiar o castigar gobiernos según sus afinidades estratégicas, más allá de los datos técnicos.
Trump acusa a Gustavo Petro de “liderazgo político fallido” y centra en su figura todo el peso de la crisis. Pero reducir un fenómeno tan complejo como el narcotráfico a la voluntad de un presidente es una simplificación peligrosa. El narcotráfico ha demostrado ser un negocio transnacional que se alimenta tanto de la debilidad institucional en Colombia como de la demanda insaciable en Estados Unidos y Europa. Ignorar esa dimensión compartida significa cargar todo el peso sobre el eslabón más débil: los países productores.
Lo que está en juego para Colombia
Las consecuencias de esta descertificación no son simbólicas. Aunque Washington concedió una exención parcial para mantener la cooperación, el golpe puede traducirse en mayores dificultades para acceder a créditos internacionales, restricciones en compras de armamento e incluso en recortes en los programas de desarrollo. En un país donde millones de campesinos dependen de economías de subsistencia vinculadas a la coca, cortar recursos externos puede resultar devastador.
El Gobierno colombiano ha intentado destacar los avances en incautaciones —cerca de 900 toneladas en 2024, un récord histórico—, pero ese esfuerzo no pesa tanto en Washington como la reducción de cultivos, que sigue estancada. Aquí surge un dilema clave: la erradicación forzada ha mostrado ser costosa, violenta y de eficacia limitada, mientras que los programas de sustitución productiva avanzan lentamente, en parte por falta de financiación internacional. ¿Cómo exigirle a Colombia que transforme la economía cocalera sin el respaldo económico suficiente?
Más allá de la confrontación entre Trump y Petro
La descertificación llega en un momento de tensiones crecientes entre ambos gobiernos. Petro, con su apuesta por la “paz total” y su insistencia en abordar el narcotráfico desde una óptica distinta, choca frontalmente con la lógica militarizada de Washington. Trump, en cambio, utiliza este episodio para reforzar un discurso de mano dura que también le da réditos internos.
Sin embargo, lo que debería preocupar es el mensaje a largo plazo: si Colombia queda estigmatizada como un socio poco confiable, se abre espacio para que el narcotráfico se fortalezca. En lugar de reforzar la cooperación para atender tanto las causas estructurales como la represión de las mafias, la descertificación genera un ambiente de desconfianza y aislamiento.
El reto es evidente. Colombia necesita diversificar sus alianzas internacionales, garantizar inversión en sustitución de cultivos y exigir, con firmeza, que los países consumidores también asuman su cuota de responsabilidad. La lucha contra el narcotráfico no se ganará desde los discursos punitivos ni con sanciones cruzadas, sino con un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo rural y corresponsabilidad global. De lo contrario, la descertificación no será un capítulo aislado, sino el inicio de una fractura mucho más profunda. @mundiario
