La cuenta atrás para aprobar la ley fiscal de Trump avanza, pero el Senado se resiste
La Administración Trump intensifica la presión sobre el Congreso para aprobar su ambicioso proyecto fiscal antes del Día de la Independencia de EE UU, pero dentro de su propio partido encuentra reticencias.
La Administración del presidente Donald Trump, ha puesto en marcha una ofensiva política para lograr que el Congreso apruebe su nueva iniciativa fiscal antes del Día de la Independencia de EE UU. Este proyecto, conocido como "Una Gran y Hermosa Ley" (One Big Beautiful Bill), que combina recortes fiscales, cambios presupuestarios y ajustes al gasto social, se ha convertido en la nueva piedra angular de la agenda republicana. Sin embargo, lejos de contar con respaldo unánime, la propuesta enfrenta resistencia dentro del propio Partido Republicano y un claro rechazo entre los votantes, según múltiples encuestas recientes.
Trump, respaldado por los líderes del Congreso como el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, quiere promulgar la ley antes del 4 de julio, un gesto simbólico para mostrar unidad y resultados legislativos. “Gran unidad en el Partido Republicano, quizá como nunca antes. Ahora terminemos este gran, hermosa ley”, escribió Trump en redes sociales este fin de semana.
Pero más allá del entusiasmo presidencial, la realidad en el Senado es menos fluida. Aunque los republicanos tienen mayoría (53-47), no todos están convencidos. Varios senadores —especialmente del ala fiscalmente conservadora del partido— exigen recortes de gasto más profundos y advierten de que, tal como está, la legislación no es fiscalmente responsable.
Uno de los críticos más vocales es el senador Ron Johnson de Wisconsin, quien asegura que no puede apoyar el texto actual sin modificaciones. Johnson, junto con sus colegas Mike Lee (Utah) y Rick Scott (Florida), presiona para reducir aún más los créditos fiscales sobre energías verdes y limitar el servicio de Medicaid. Scott fue directo: “estamos teniendo déficits de 2 billones de dólares. No podemos actuar como si tuviéramos dinero ilimitado”.
La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que el proyecto aprobado por la Cámara aumentaría la deuda nacional en al menos 2.4 billones de dólares en una década, una cifra que preocupa incluso a legisladores del partido en el poder. Además, persisten dudas sobre si el texto logrará cumplir con las reglas del Senado para ser aprobado por mayoría simple, sin necesidad de apoyo demócrata.
Este panorama interno se ve agravado por los malos datos en las encuestas. Algunos sondeos recientes muestran que la ley fiscal de Trump es impopular en amplios sectores del electorado, incluso entre votantes tradicionalmente favorables al trumpismo.
Una encuesta de Fox News ha mostrado que solo el 38 % de los votantes registrados apoya el plan, frente a un 59 % que lo rechaza. Un dato significativo es que los hombres blancos sin título universitario, un bastión del trumpismo, se oponen por un margen del 53 % frente a un 43 % de apoyo. Además, los independientes rechazan ampliamente la propuesta: solo un 22 % la apoya, mientras que un 73 % se opone.
Los motivos del rechazo son variados, pero hay dos factores recurrentes: el impacto sobre programas sociales como Medicaid y el aumento previsto de la deuda pública. El proyecto plantea nuevas condiciones de elegibilidad y requisitos laborales para acceder al sistema de salud federal, algo que preocupa tanto a expertos como a usuarios del programa.
Otros sondeos refuerzan esta tendencia. El Pew Research Center encuentra que solo el 29 % de los adultos favorecen el proyecto, mientras que el 54 % cree que tendrá un efecto mayoritariamente negativo en el país. Una encuesta conjunta de The Washington Post e Ipsos arroja números similares: solo el 23 % apoya los cambios fiscales y de gasto público, frente a un 42 % en contra.
A pesar del rechazo, el liderazgo republicano en el Senado insiste en acelerar el proceso. El senador Thune pretende iniciar el debate esta misma semana y lograr la aprobación antes del fin de semana, lo que permitiría devolver el texto modificado a la Cámara para su votación final antes del 4 de julio.
Sin embargo, algunos senadores republicanos están retrasando intencionalmente el calendario, buscando tiempo adicional para negociar ajustes que les permitan votar a favor sin enfrentar consecuencias políticas en sus distritos o estados.
Así, la llamada “gran unidad” proclamada por Trump parece estar sujeta a tensiones reales entre sectores del mismo partido. Mientras la Casa Blanca busca capitalizar un nuevo logro legislativo de cara al verano, la propuesta se ve atrapada entre las exigencias de los conservadores fiscales, el escepticismo popular y el reloj legislativo. @mundiario


