La Constituyente de Petro irrumpe en la campaña y reordena la carrera presidencial en Colombia
Justo cuando la campaña presidencial en Colombia comenzaba a girar hacia propuestas programáticas y a tomar distancia de la polarización entre el presidente Gustavo Petro y la oposición, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto a alterar el equilibrio político. La inscripción de un comité de firmas para impulsar el proceso, promovido por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino y ciudadanos afines al oficialismo, ha devuelto a Petro el papel de actor central de la contienda, aun cuando constitucionalmente no puede aspirar a la reelección.
La iniciativa no es nueva. Durante su mandato, Petro ha recurrido en varias ocasiones a la idea de una Constituyente como respuesta al bloqueo legislativo que, a su juicio, ha frenado sus reformas estructurales. Sin embargo, el contexto actual —plena campaña electoral— amplifica su impacto político y explica por qué la propuesta ha sido interpretada tanto como una estrategia de presión institucional como una jugada electoral de alto riesgo.
Colombia elegirá nuevo Congreso el próximo 8 de marzo y definirá candidatos presidenciales en consultas interpartidistas clave para izquierda y derecha. En ese escenario, la recolección de firmas para una Constituyente se convierte, de facto, en un mecanismo de movilización política. Las bases del Pacto Histórico no solo harán campaña por sus candidatos, sino también por una agenda constitucional que refuerza el relato del “cambio inconcluso” defendido por el presidente.
Petro sostiene que la Constituyente no se realizará en época electoral y que cualquier proyecto de ley se presentará después del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso y ya haya un presidente electo. Sin embargo, analistas y opositores coinciden en que el efecto político se producirá mucho antes: durante la campaña legislativa y en la fase de definición de candidaturas presidenciales.
La izquierda se cohesiona, la oposición se reactiva
Para sectores oficialistas, la Constituyente es una vía legítima para destrabar reformas sociales, agrarias y ambientales que no prosperaron en el Congreso. Voces como las del precandidato Iván Cepeda o el diputado Alirio Uribe han defendido la necesidad de “activar el poder constituyente” frente a lo que consideran un bloqueo institucional persistente.
En contraste, la oposición ha reaccionado con rapidez y dureza. La coalición de centroderecha la Gran Consulta por Colombia ha calificado la iniciativa como una maniobra polarizadora que debilita las instituciones y genera incertidumbre en medio del proceso electoral. Sus candidatos se presentan como defensores de la Constitución de 1991, subrayando la paradoja de que sea un presidente surgido del M-19 —movimiento guerrillero clave en aquella Asamblea— quien impulse ahora su transformación.
Más allá de la pugna electoral, el debate toca fibras profundas del sistema político colombiano. Exconstituyentes como Humberto de la Calle y figuras académicas como Alejandro Gaviria han advertido que una reforma constitucional de fondo no debería plantearse como herramienta de campaña.
Desde el Gobierno, Petro defiende que la Constitución del 91 quedó corta frente a desafíos como la crisis climática, la desigualdad social o la reforma del modelo económico. Sus críticos, en cambio, alertan sobre propuestas que afectarían pilares institucionales como la independencia del Banco de la República o el equilibrio de poderes.
Una jugada de alto impacto, pero incierto desenlace
La posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ha atrapado la campaña presidencial colombiana en un debate que trasciende programas y candidatos. Para la izquierda, puede ser un factor de cohesión y movilización; para la oposición, un argumento para alertar sobre riesgos institucionales y concentrar el voto anti-Petro.
Lo que parece claro es que, más allá de su viabilidad jurídica y política, la iniciativa ya cumple una función decisiva: reordenar la agenda electoral y devolver al presidente saliente un protagonismo que la campaña comenzaba a diluir. El desenlace de esta “aventura constituyente” no solo marcará el tono de las elecciones de 2026, sino también el debate sobre los límites entre reforma institucional y estrategia electoral en la democracia colombiana. @mundiario
