La condena a Uribe divide Colombia: la euforia de la izquierda y el clamor de lawfare del uribismo
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos ha sacudido los cimientos del debate político y jurídico en Colombia, reavivando tensiones históricas entre las distintas fuerzas del país. Lo que para la izquierda representa una victoria del Estado de Derecho, para la derecha es una muestra más de la presunta “politización de la justicia”, dando paso a un nuevo capítulo de polarización nacional. Entre la celebración de la coalición del Pacto Histórico en el Gobierno y las acusaciones de lawfare del uribismo, el país sudamericano parece avanzar por una senda cada vez más dividida, en la que la institucionalidad judicial se convierte en campo de disputa.
El Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá declaró culpable al expresidente Uribe de fraude procesal y soborno a testigos este lunes. Esta condena es la primera en la historia del país contra un exmandatario, y tiene lugar tras un proceso judicial que se extendió por años, centrado en la supuesta manipulación de testigos que lo vinculaban con el paramilitarismo, una acusación del senador de izquierdas Iván Cepeda, uno de los impulsores de la causa y cuya investigación por supuesta manipulación de testigos, denunciada por el propio Uribe, desembocó en la sentencia que será conocida el viernes.
La reacción fue inmediata. Desde el uribismo, senadoras como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal calificaron la decisión como una “venganza judicial” y una amenaza a la democracia, esgrimiendo la tesis del lawfare, es decir, el uso de la justicia como herramienta de persecución política. A esta narrativa se sumó el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, quien denunció la “instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales”.
No fue una postura aislada. Vicky Dávila, precandidata presidencial e independiente de la derecha, afirmó que el fallo representa la “materialización de una venganza criminal”, y varios congresistas republicanos estadounidenses reaccionaron con alarma sobre el Estado de Derecho en Colombia. Sin embargo, la embajada de EE UU en Bogotá emitió un mensaje más equilibrado, expresando su “confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todos los niveles”.
Por el lado contrario, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y sectores afines reclamaron acatar el fallo como un ejercicio legítimo del Poder Judicial. Petro calificó de “ultraje” los comentarios de Rubio, y defendió la soberanía judicial del país. “Lo demás es bestialidad, y Colombia debe ser sabia. Este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas”, escribió el mandatario en X.
Desde Human Rights Watch, Juanita Goebertus reforzó el respaldo al sistema judicial colombiano y recordó la gravedad del delito imputado. “Sobornar testigos y hacer fraude procesal en un caso por violaciones de derechos humanos es muy grave. Nadie está por encima de la ley”, escribió la directora de la ONG para las Américas .
Tensiones internas y el impacto electoral
Aunque el Centro Democrático —el partido fundado por Uribe— emitió un comunicado más moderado anunciando que acatarán el fallo y lo apelarán, internamente el golpe ha sido profundo. El uribismo, ya debilitado por divisiones internas y la hospitalización del senador Miguel Uribe Turbay tras el atentado de magnicidio, su carta más fuerte de cara a 2026, enfrenta un momento definitorio.
Mientras tanto, figuras como Cepeda podrían capitalizar políticamente este momento. El senador anunciaría en breve su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico, lo que marcaría un giro simbólico: el acusado convertido en acusador, en el marco de un nuevo proyecto de izquierda que aspira a consolidarse en el poder más allá del mandato de Petro.
La pregunta de fondo que atraviesa el debate es si se trata de una verdadera victoria de la justicia o un episodio más de judicialización de la política. Para sectores del uribismo, la condena no solo afecta a su líder, sino que instala un peligroso precedente de persecución judicial. Para la izquierda, en cambio, es apenas el inicio de una rendición de cuentas pendiente por otros hechos aún más graves, como los falsos positivos o los vínculos políticos con el paramilitarismo.
Las controversias sobre las interceptaciones telefónicas usadas como prueba y las críticas al debido proceso alimentan la narrativa de lawfare, pero también muestran las fisuras en la jurisprudencia colombiana. Todo dependerá de lo que dictamine el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá fallar antes del 16 de octubre, fecha en que prescribe el caso. Posteriormente, podría intervenir la Corte Suprema, que tendría hasta cinco años para una decisión definitiva. @mundiario
