Así avanza el lento proceso de liberación de presos políticos en Venezuela
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la liberación de 116 presos políticos como parte de lo que denomina una “medida de gracia” destinada a rebajar tensiones tras la captura y evacuación del expresidente Nicolás Maduro durante la reciente incursión militar estadounidense. Sin embargo, tal y como suele ocurrir con los comunicados oficiales en momentos de crisis institucional, la información difundida por las autoridades dista mucho de coincidir con los datos contrastados por las organizaciones humanitarias.
De acuerdo con el Foro Penal y otras ONG especializadas en el seguimiento de la represión política, por ahora solo se han verificado 24 excarcelaciones ocurridas durante la madrugada del lunes, además de otras 17 registradas el fin de semana. Esta cifra, un total de 41 personas, representa apenas una parte mínima de los más de 800 presos políticos reconocidos por las plataformas independientes, algunas de las cuales elevan el recuento a más de un millar.
Entre los liberados se encuentran dos ciudadanos italianos —el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò— que ya se encuentran en viaje hacia su país, así como Alejandro González, ciudadano hispanovenezolano y exmarido de la activista Rocío San Miguel. Todos ellos han abandonado centros penitenciarios de alta vigilancia, como El Rodeo I y Las Crisálidas, ubicados en Caracas.
González, militar retirado y trabajador de la petrolera Chevron, estaba acusado de delitos graves relacionados con la seguridad del Estado, desde revelación de información sensible hasta asociación para delinquir. Su excarcelación se produce casi un año después de haber sido detenido el mismo día que San Miguel, quien permaneció dos años arrestada en la sede del SEBIN hasta su liberación el pasado 10 de enero.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario ha descrito estas liberaciones como beneficios otorgados a “personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”. Sin embargo, familiares de los excarcelados denuncian que la mayoría recibe una libertad condicionada que les impide declarar públicamente sobre sus casos o salir del país sin autorización judicial.
Un goteo que genera desconfianza
El anuncio oficial de “116 medidas de gracia” contrasta con la lentitud real del proceso y con la histórica falta de concordancia entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos en relación con las cifras. No es la primera vez que el chavismo emplea esta estrategia en momentos de alta presión política: se anuncian liberaciones masivas que luego se materializan parcialmente o quedan diluidas con nuevas oleadas de detenciones.
En las semanas anteriores ya se habían prometido excarcelaciones para más de 180 personas, pero la opacidad administrativa y las contradicciones entre distintas entidades del Estado han dificultado cualquier verificación independiente. Además, las ONG denuncian que siguen produciéndose arrestos arbitrarios, lo que genera la sensación de que las autoridades liberan por una puerta mientras detienen por la otra.
Mientras continúa este flujo irregular de excarcelaciones, la situación dentro de las cárceles sigue despertando inquietud. La reciente muerte del preso político Edison Torres, atribuida por la Fiscalía a una “descompensación súbita de salud”, ha intensificado la alarma entre familiares y defensores de derechos humanos. Torres se encontraba detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, un lugar señalado reiteradamente por su precariedad sanitaria y sus condiciones de hacinamiento.
En respuesta a la incertidumbre, decenas de familiares pasaron la noche del domingo frente a varios centros de reclusión a la espera de noticias. Muchos temen que sus seres queridos se queden fuera de las listas de excarcelados o sean trasladados sin aviso previo, una práctica habitual en el sistema penitenciario venezolano.
Un gesto político con impacto limitado
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha calificado estas liberaciones como un “gesto por la paz” y una contribución a la “unión nacional” en un momento de extrema volatilidad política. No obstante, para buena parte de la sociedad civil, estos anuncios tienen un carácter político más que humanitario y responden al intento del Gobierno de proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional.
La brecha entre la narrativa oficial y la realidad constatada por las ONG revela que, pese a los movimientos recientes, el panorama de derechos humanos en Venezuela continúa marcado por la arbitrariedad, la falta de transparencia y un uso instrumental de los presos políticos como piezas negociables en tiempos de crisis. @mundiario
