El chantaje nacionalista

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El chantaje nacionalista
Uno de los argumentos más socorridos de los analistas de un amplio sector de la derecha política y mediática –a veces incluso de la izquierda– consiste en calificar de chantajistas a los nacionalistas periféricos, especialmente a los que pactan la gobernabilidad de España, con el argumento de que este tipo de partidos se aprovechan del sistema electoral, hasta ejercer una capacidad de presión desproporcionada en función de sus votos. Pues bien, algunos de ellos van a tener que tomar tila cuando se enteren del contenido de una ponencia sobre la ley electoral vigente, elaborada por el profesor Agustí Bosch, de la Universitat Autònoma de Barcelona y apenas difundida desde Madrid.

Resulta que la elección de los nacionalistas como chivos expiatorios de la política española, donde se les atribuye a menudo un chantaje al Estado, no pasa de ser una maniobra de distracción, ya que, como observa Bosch, el sistema electoral –lejos de primarlos– castiga a los nacionalismos gallego y catalán, del mismo modo que a UPyD y a IU. De hecho, las únicas circunscripciones en las que hay un mecanismo casi proporcional son Madrid y Barcelona.

Frente a lo que se difunde a menudo, PSOE y PP resultan beneficiados por el actual sistema. Así, las últimas elecciones obsequiaron al PSOE con 15 escaños más de los que les corresponderían en proporción estricta a sus votos, y con 14 al Partido Popular. Por su parte, Izquierda Unida obtuvo 11 diputados menos, que fueron tres en el caso de UPyD. A su vez, CiU, BNG y ERC también alcanzarían más representación aplicando la proporcionalidad. El BNG debería tener un escaño más en el Congreso, hasta alcanzar el tercero para las filas de Francisco Jorquera.

Es más, una cámara de 400 escaños no haría los pequeños distritos más proporcionales, según añade el estudio, que culpa al sistema electoral de la desaparición de los partidos bisagra de ámbito estatal. De hecho, de este informe también se desprende que el pluralismo en el voto cae de forma continua en España desde 1989. Más allá de viejos tópicos sin fundamento, Bosch concluye que es la propia Constitución la que no permite modelos que supongan una efectiva proporcionalidad, de ahí que quienes tanto se quejan del sistema pueden estar traicionando a la Carta Magna que aseguran defender.

Dentro de Galicia también hay problemas de proporcionalidad evidentes. El sistema da más peso a las provincias con menos población. En Ourense, por ejemplo, para conseguir un escaño sólo hacen falta 25.000 votos, mientras que en Pontevedra se necesitan 38.900. A la espera de una reforma aparcada para la siguiente legislatura, cada provincia tiene asignados como mínimo 10 escaños y a partir de ese número el reparto se hace proporcional a la población de cada circunscripción, de modo que a la provincia de A Coruña le corresponden 24 diputados, a Pontevedra 22, a Lugo 15 y a Ourense 14.

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