Feijóo se va y deja insuficiencias en la sanidad (II)

Mensaje de protesta sobre el logo del Servicio Galego de Saúde (Sergas). / Mundiario
Mensaje de protesta sobre el logo del Servicio Galego de Saúde (Sergas). / Mundiario
En las listas de espera de la sanidad pública no existe la participación necesaria, ni la transparencia exigible para su control y seguimiento, para evitar realmente su ocultación o maquillaje.
Feijóo se va y deja insuficiencias en la sanidad (II)

En el sector sanitario, el nuevo y viejo presidente del PP, también deja en Galicia importantes lagunas en su gestión. Es conveniente ponerlas de manifiesto y darlas a conocer, porque así se contribuye a esclarecer aspectos que han generado dudas o pueden llevar a engaño, sobre la función de quien ha presidido la Xunta de Galicia durante trece años.

La sanidad pública se ha debilitado conscientemente durante estos años en Galicia. El PP ha aprovechado la crisis financiera e inmobiliaria para reducir servicios esenciales desde el Gobierno de España. La Xunta de Galicia no ha estado al margen, más bien todo lo contrario, y ha aprovechado esa coartada para ir facilitando que la sanidad pública fuese perdiendo recursos, al mismo tiempo que se efectuaba una gestión ineficaz e ineficiente.

El personal sanitario se fue reduciendo, los contratos temporales precarios se extendieron profusamente, y se ha impedido la consolidación y fidelización del personal sanitario con el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) especialmente por la falta de estabilidad contractual. Así, muchos de estos profesionales, tuvieron que emigrar a otros países de la Unión Europea o a otras comunidades autónomas, para obtener unas condiciones laborales claramente mejores. 

Feijóo puso las bases para ofrecer una peor calidad en la atención sanitaria, porque si a lo anteriormente expuesto le unimos una mala gestión de los recursos disponibles, es evidente que se facilita un incremento del número de personas en las listas de espera (tanto en la atención primaria de salud, como en la atención especializada), y del tiempo que estas tardan en disponer de una consulta, de realizar pruebas diagnósticas, de aplicar tratamientos o de efectuar intervenciones quirúrgicas. El auténtico barómetro que indica la magnitud del problema, lo evidencian los casos individuales que son denunciados en los medios de comunicación por los afectados, lo que transmiten las organizaciones sindicales, sociales, las asociaciones profesionales o las personas que nos lo señalan personalmente y que lo padecen día a día.

En las listas de espera de la sanidad pública no existe la participación necesaria, ni la transparencia exigible para su control y seguimiento, para evitar realmente su ocultación o maquillaje.  No es ético ni permisible, en un estado de derecho, en el que no se conozcan las listas estructurales y también las no estructurales sin tapujo alguno, garantizando al mismo tiempo la lógica protección de datos de cada una de las personas que se encuentran en ellas. 

Hace trece años, con el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, las listas se exponían públicamente cada tres meses, en la página del Servicio Gallego de Salud; con Feijóo se estableció una normativa que permite publicarlas cada seis meses.

Los consejos de salud de zona sanitaria, distrito y de área sanitaria nunca fueron constituidos, como tampoco los consejos de dirección de área sanitaria, y así la Xunta de Galicia ha venido evitando la participación y el control necesario de usuarios, agentes sociales y e incluso de los ayuntamientos para así no tener que rendir cuentas.

La evaluación y el seguimiento de la gestión, la han dificultado hasta llegar a afectar la transparencia más mínima, como es que desde hace años no se realizan las memorias anuales por áreas sanitarias, que contemplen los datos estadísticos sobre lo planificado, lo ejecutado y los resultados obtenidos, tanto en atención primaria como en atención especializada.

Además, en la política de recursos humanos, ha habido una inhibición consciente e intencionada de la planificación que debería haberse llevado cabo, respecto del personal sanitario necesario desde el año 2010 hasta la actualidad. Sin embargo, no se hizo, a pesar de que la Administración autonómica era sabedora del número de jubilaciones de personal sanitario que se iba a producir durante estos años. En consecuencia, no se produjeron los reemplazos exigibles para al menos mantener los mismos niveles de atención y prestación sanitaria

Entiendo que en la sanidad pública se debería haber aplicado una excepción, a esa regla del 10% de plazas de reposición, sobre el número total de jubilados. En los años 2012, 2013 y 2014, con Rajoy en La Moncloa, la tasa de reposición se mantuvo en el 10%; es decir, de cada 10 plazas de personal sanitario que se jubilaba solo se podía reponer 1 plaza. Esta situación fue mantenida hasta el 2015 en que se subió al 50% y en el 2016 en que se alcanzó el 100%, pero ni en esas circunstancias la Xunta de Galicia cambió de actitud. 

Feijóo, hasta que llega Pedro Sánchez al Gobierno de España, incluso cuando ya tenía autorización para cubrir el 100% de las vacantes producidas, no daba pasos en esa dirección, e incluso en las plazas de formación de especialistas tampoco, porque las plazas ofertadas eran menos de las que tenía acreditadas; mientras Rajoy gobernaba no solicitó al Ministerio de Sanidad un incremento del número de unidades docentes para formar a especialistas (sí lo hizo con Pedro Sánchez de presidente, pero no antes). Se evidencia, pues, que no hizo petición alguna para incrementar el número de plazas, e incluso no cubría todas aquellas que tenía acreditadas, con lo cual se formaban especialistas por debajo de las necesidades reales. 

A Feijóo hasta el 2018 no se le conoce ninguna declaración alertando de la grave situación que se estaba generando y del riesgo que suponía no cubrir los puestos vacantes, que iban quedando año tras año, y no lo hacía porque compartía los recortes que el PP y sus máximos responsables en el Gobierno de España habían determinado. 

Por eso ahora observamos un auténtico páramo o desierto de especialistas en Galicia, porque no se ha formado el número de especialistas que Galicia necesitaba. Una nefasta gestión que tiene un culpable evidente: el señor Feijóo.

Ahora mismo hay un déficit de especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatría, que impide una atención sanitaria eficaz y de calidad en muchos centros de salud de Galicia. Después de estar callado y de mostrar su complicidad con Rajoy, desde el 2019 sitúa la responsabilidad en el Gobierno actual, para así exculparse y ocultar sus actuaciones pasadas, situando la responsabilidad en otros de manera vergonzante. Esta actitud ha sido habitual en su trayectoria. 

Con la llegada de un Gobierno progresista en España se han autorizado en Galicia más centros de salud, servicios y unidades de hospitalización, es decir más unidades docentes y más tutores para formar a los médicos internos y residentes (MIR), a enfermeras/os internos y residentes (EIR), a psicólogos internos y residentes (PIR), etc., en concreto para disponer de más especialistas sanitarios y se han subido las posibilidades de reposición de plazas hasta el 120%.

En la atención primaria de salud se viene percibiendo desde hace años, de manera alarmante, la falta de médicos con la especialidad de medicina familiar y comunitaria y de pediatría, y también se mantiene la negativa a incrementar los refuerzos necesarios de personal de enfermería, fisioterapeutas, matronas, psicólogos clínicos, etc.

La promoción y fomento de la salud ya es una reliquia en la atención primaria. Los programas de prevención de la salud son una entelequia. El PP (antes Alianza Popular), siempre estuvo en contra de las directrices emanadas de la OMS, para que la educación sanitaria y el trabajo en equipos multidisciplinares fuesen una realidad. Aquí, en Galicia, se opusieron ya en los años ochenta del siglo pasado a la constitución de los equipos y a un desarrollo adecuado en todas sus prestaciones.

En el gasto en atención primaria de salud, la comunidad autónoma de Galicia está situada en el penúltimo puesto de todas las comunidades autónomas, con el 11,6% sobre el total del gasto sanitario público consolidado (Estadísticas del gasto sanitario público 2020. Ministerio de Sanidad).

En la atención especializada (hospitales) hay un número insuficiente de especialistas en traumatología, cirugía general, neurocirugía, neurología, oftalmología, ginecología, dermatología, etc. Se han cerrado durante este periodo 900 camas hospitalarias. Es decir, su política ha sido el recorte sistemático de los servicios sanitarios públicos, mientras se ha venido utilizando estos años dinero, de todas las gallegas y de todos los gallegos de manera insultante, en más de cien chiringuitos (fundaciones, consorcios, institutos o agencias, que supusieron 1.589 millones de euros el pasado año) para eludir los controles públicos, según informa el Consello de Contas; en publicidad; en ayudas arbitrarias a determinados medios de comunicación afines, buscando acaparar páginas y anular las posturas críticas de la oposición o de los afectados; a un uso partidista de la RTVG y a la bajada de impuestos a los ricos.

El Consello de Contas, durante estos años, ha criticado en diferentes informes la gestión económica del SERGAS por inadecuada en su gestión directa, a la falta de datos y transparencia en las fundaciones creadas y también respecto de algunos de los conciertos establecidos.

El Estudio Nutricional de la Población Española, publicado en la Revista Española de Cardiología, informa de que Andalucía y Galicia tienen las tasas más altas de obesidad en España con un 26,7%. Igualmente ocupamos los primeros puestos en tasas de mortalidad; tenemos la segunda tasa más alta en enfermedades del aparato circulatorio; el segundo puesto en muertes relacionadas con el alcohol y el tabaco; el cuarto lugar en el índice de frecuencia de accidentes de trabajo y de tráfico; en tumores de estómago ocupamos el primer lugar, el tercero en tumores de colon… La ciudadanía de Galicia fue la que peor valoró su percepción de salud de todas las comunidades autónomas. Todos estos datos se refieren a indicadores de salud de 2020, publicados por el Ministerio de Sanidad.

Durante su gobierno hubo muchos años sin ningún avance en política de salud mental, los planes no se elaboraban o no concretaban, y existen datos bastantes contundentes, que desde hace tiempo evidenciaban la necesidad de un cambio significativo en la atención de la salud mental que nunca ha llegado. Entre las comunidades autónomas Galicia ocupa la segunda posición con mayor riesgo de mortalidad por suicidio, con una tasa de mortalidad ajustada por edad del 40% superior a la media del conjunto del Estado.

Galicia tiene la frecuencia más alta de prescripción de tranquilizantes con el 20,1%, cuando es del 9,2% de media en España, lo que pone en evidencia que no ha habido ninguna política sanitaria preventiva y la atención de salud mental ha carecido de una planificación que era inaplazable y que precisaba de la incorporación progresiva de psicólogos clínicos, psiquiatras y enfermeras especializadas en salud mental.

Con esta situación sanitaria de largas listas de espera, que abarca un déficit en la atención sanitaria integral e integrada, que no es capaz de ofrecer una asistencia sanitaria permanente, continuada y que en ocasiones no es capaz de atender urgencias o emergencias eficazmente, muchas personas se ven obligadas a darse de alta en seguros privados (con pólizas en muchos casos muy limitadas) o a acudir directamente a la sanidad privada y abonar los gastos correspondientes para ser vistos con mayor prontitud. 

En esta etapa de gestión del señor Feijóo, ha crecido continuamente el número de gallegas y gallegos que han suscrito seguros privados. Son 413.350 personas en Galicia las que cuentan con un seguro privado, según un informe hecho por la Fundación IDIS, y que además dice que en el período 2015-2019 ha habido un incremento de asegurados, con un porcentaje medio del 2,5% anual.

En definitiva, Feijóo nos deja una sanidad pública peor y en grave riesgo de colapso. Con un crecimiento preocupante en el número de gallegos que contratan seguros privados, porque se lo pueden permitir económicamente o lo hacen a costa de privarse de otras necesidades. Una parte importante de la población gallega no puede suscribir una póliza de seguro privada y, por tanto, sólo tienen el recurso a esa sanidad pública que Feijóo y la Xunta han dejado deteriorada.  

Se ha hecho un grave daño a un servicio esencial, con la aplicación de una política contraria a la defensa de la sanidad pública gallega y a los intereses generales de la ciudadanía de Galicia. @mundiario

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