O todos o ninguno
Anda el parque móvil profesional y cierto sector de la opinión pública soliviantado por la llegada a las ciudades gallega de las plataformas que ofrecen servicios de vehículos con conductor, tipo Uber. Concretamente, ha sido en Vigo donde primero se ha desatado la batalla y donde los taxistas se han puesto en pie de gerra reclamando sus derechos y solicitando la paralización de los nuevos servicios.
Tras un repaso a las noticias respecto a la cuestión y un vistazo a los muchos comentarios aparecidos en las redes, tengo la sensación de que existe un notable desconcierto en torno a como funcionan estos servicios y a como debe ser su regulación.
El verdadero núcleo del conflicto no es una guerra entre taxis y plataformas, sino una contradicción creada por la Administración al permitir que dos modelos económicos convivan bajo marcos jurídicos diferentes para hacer lo mismo: transportar personas en coche con conductor.
He ahí el primer gran disparate y la causa de fondo del malestar generado entre los profesionales que actualmente ofrecen sus servicios en un taxi, que, no hay que olvidar, funcionan bajo una licencia administrativa, operan con unas tarifas reguladas y están obligados a prestar servicio público incluso en condiciones poco rentables.
He leído estos días varios comentarios que hablaban de las “mafias del taxi”. Es evidente que tales mafias no existen. La propia regulación a la que esta sometida esa actividad lo impide. Una regulación que no afecta a plataformas como Uber, creando un agravio comparativo intolerable.
Así, por ejemplo, si una persona quiere ejercer como taxista, no puede hacerlo libremente. Necesita una licencia y en las ciudades gallegas no las hay disponibles. Por lo tanto, si Uber o cualquier otra plataforma quiere entrar en ese mercado, tendría que hacerlo bajo el mismo marco legal. Algo que hoy no ocurre.
Las plataformas funcionan como entidades libres, con licencias VTC, precios dinámicos, algoritmos de asignación y no están sujetas a los límites, ni a las tarifas, ni a la obligación de servicio público que sí obligan a los taxistas.
Insisto en que esta situación a todas luces injusta está propiciada por la propia Administración que, además de permitir que coexistan dos sistemas distintos para un mismo servicio, trata con una vara de medir muy diferente a los taxistas y a las plataformas.
Estoy seguro de que muchos taxistas estarían de acuerdo en que se liberalizase su actividad. Pero lo que hay ahora no es liberalización: es una especie de privilegio encubierto para las plataformas tecnológicas, que se benefician de no tener las mismas obligaciones.
No quiero entrar en el debate de si Uber es buena o mala, o desi el taxi es caro o anticuado. La exigencia que se debería imponer es que todos operen en igualdad de condiciones. O se regula todo, o se liberaliza todo. Pero este modelo mixto solo crea conflictos, precariedad y mal servicio para el ciudadano. No puede es haber un mercado con reglas distintas para hacer lo mismo. O para todos o para ninguno. @mundiario
