Vivienda pide retirar más de 86.000 anuncios de pisos turísticos

El mercado del alquiler turístico ha dejado de ser tierra de nadie. Tras años de crecimiento desordenado y de convivencia tensa con el alquiler residencial, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha activado una de las mayores operaciones de limpieza digital del sector: más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada han sido señalados para su retirada por carecer del número de registro obligatorio. No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de un golpe directo a un modelo que, para muchos ciudadanos, simboliza la pérdida de vivienda asequible en las grandes ciudades.

Durante los últimos doce meses, desde que arrancó el registro estatal de alquileres de corta duración, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha detectado miles de viviendas que se publicitan en plataformas digitales sin cumplir los requisitos legales. Son inmuebles cuyos propietarios solicitaron el número de registro, pero no lograron obtenerlo al no acreditar las condiciones exigidas. Aun así, siguieron anunciándose. Y ese matiz se ha convertido en una grieta que el Gobierno ha decidido cerrar.

La cifra impresiona por sí sola: 86.275 anuncios irregulares localizados desde enero del año pasado. Pero el dato cobra otra dimensión cuando se pone en contexto. En ese mismo periodo, se recibieron más de 412.000 solicitudes de registro, la mayoría para alquiler turístico. Es decir, el fenómeno no es marginal: es estructural. Y también lo es el conflicto que genera en barrios saturados, donde cada piso turístico menos es visto por algunos como una pequeña victoria colectiva.

La norma que lo cambia todo entró en vigor el 2 de enero de 2025, cuando se activó el registro único de alquileres turísticos y de temporada. Desde entonces, cualquier propietario debe obtener un número oficial a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos antes de anunciar su vivienda. Aunque la obligación plena no comenzó hasta el 1 de julio, el mensaje estaba claro desde el principio: sin registro, no hay anuncio. O al menos, no debería haberlo.

Un filtro legal que muchos no superan

Obtener el número de registro no es un simple trámite. Los propietarios deben aportar referencia catastral, dirección exacta, tipo de alquiler, ocupación prevista y, sobre todo, las licencias autonómicas o municipales correspondientes. Licencia turística, cédula de habitabilidad, autorización urbanística. La lista no es corta, y ahí es donde muchos expedientes encallan.

Según reconoce el propio Ministerio, la mayoría de las solicitudes rechazadas se concentraron a partir del verano, cuando el sistema dejó de ser una promesa futura y pasó a tener consecuencias reales. Solo entre julio y agosto se denegaron cerca de 35.000 solicitudes. Desde ese momento, cada notificación ministerial activa un mecanismo automático: las plataformas están obligadas a retirar los anuncios afectados, incluso si el mismo piso se ofrece en varios portales a la vez.

El mapa de las denegaciones

Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias encabezan la lista de territorios con más solicitudes rechazadas, una radiografía que coincide con las zonas de mayor presión turística. Sin embargo, el foco urbano apunta a otro lugar: Madrid. La capital es el municipio con más denegaciones, por delante de Barcelona y Málaga, tres ciudades donde el debate sobre la vivienda ha dejado de ser técnico para convertirse en emocional.

No es casual. Allí donde el alquiler turístico crece, la percepción de expulsión del vecino permanente se intensifica. Y ahí es donde el registro deja de ser un mero número para convertirse en símbolo: de control, de límite, de intento de equilibrio.

Plataformas bajo vigilancia y multas millonarias

La ofensiva no se limita a Vivienda. El Ministerio de Consumo también ha entrado en escena, investigando a portales como Idealista, Fotocasa o Airbnb por posibles incumplimientos de la ley de Vivienda. Algunas sanciones ya son una realidad. Airbnb fue multada con 64 millones de euros por permitir anuncios sin licencia, una cifra que revela hasta qué punto el Estado ha decidido endurecer el pulso.

El mensaje es inequívoco: las plataformas ya no son simples intermediarias tecnológicas, sino corresponsables del mercado que ayudan a crear. Y ese mercado, hoy, está bajo sospecha.

Detrás de la retirada de 86.000 anuncios hay algo más profundo que una depuración administrativa. Hay una batalla por el modelo de ciudad, por el uso del espacio urbano y por el derecho a vivir —no solo a visitar— los centros históricos. Para el Gobierno, el registro obligatorio es una herramienta contra el fraude y una vía para devolver vivienda al alquiler residencial. Para otros, es el principio del fin de un negocio rentable. @mundiario