No se ve luz en el túnel de la financiación autonómica

La fijación de las características de la financiación de las comunidades autónomas tiene mucha importancia por las relevantes competencias asignadas a las instituciones de autogobierno en materias relativas a prestaciones públicas básicas.

El sistema de financiación autonómica vigente fue aprobado en el año 2009 y, tal y como se contempla en la normativa existente, debía ser revisado en 2014.Existe, por tanto, una escandalosa demora de 7 años que merece una mínima reflexión previa.

A pesar de que, en el 2014, el PP disponía de una amplia mayoría absoluta en el Congreso, Mariano Rajoy no fue capaz de establecer un proceso de diálogo y negociación que posibilitara el nacimiento de un nuevo modelo de financiación pública. La explicación de ese fracaso  pivotó sobre dos premisas: la negativa del gobierno de aquel momento a contemplar una asignación adicional de recursos para ampliar el tamaño de la “ tarta” que debía ser objeto de reparto entre las comunidades autónomas  y el rechazo absoluto de las propuestas formuladas por Artur Mas -en ese tiempo presidente de la Generalitat- favorables a una formula específica para Cataluña (insertada en una filosofía análoga a la que figura en el concierto del País Vasco y en el convenio de la Comunidad Foral de Navarra). Rajoy aplicó, sin complejos, la lógica de la reducción del gasto público que emanaba de las directrices y discursos de los responsables de la llamada troika y, al mismo tiempo, optó por el nihilismo en el tratamiento del conflicto catalán, pensando que el paso del tiempo resolvería el problema sin necesidad de tomar medidas ambiciosas.

Como es sabido, la fijación de las características de la financiación de las comunidades autónomas  tiene mucha importancia por las relevantes competencias asignadas a las instituciones de autogobierno, primordialmente aquellas que se refieren a prestaciones públicas básicas (enseñanza, sanidad, dependencia, servicios sociales...). También resultan muy determinantes las fórmulas que se establezcan para concretar el nivel de autonomía fiscal que posee cada Hacienda territorial para recaudar el volumen de ingresos que permita acometer los servicios públicos encomendados con un nivel de suficiencia apropiado.

Las balanzas fiscales son fotografías parciales de la realidad. Las relaciones económicas entre dos o más territorios no pueden ser reducidas a la contabilización de los flujos monetarios que se registran entre ellos

En la última década ha habido mucho debate respecto del papel que deberían jugar las llamadas balanzas fiscales en el proceso de negociación de la financiación de las comunidades autónomas. La dificultad en la utilización de esta herramienta deriva, en una buena medida, de su propia naturaleza. Las balanzas fiscales son fotografías parciales de la realidad. Las relaciones económicas entre dos o más territorios no pueden ser reducidas a la contabilización de los flujos monetarios que se registran entre ellos (a través de los impuestos y cotizaciones sociales y de los gastos e inversiones de las administraciones públicas de referencia). Estos flujos no reflejan completamente la realidad pasada y presente de las relaciones económicas tejidas en el ámbito del Estado español. Se deberían analizar simultáneamente, por ejemplo, los flujos de mercancías, de mano de obra, de recursos financieros y el coste de los impactos medioambientales derivados del modelo de crecimiento registrado en las últimas décadas.

No existe, por otra parte, un consenso inequívoco (entre los especialistas y, mucho menos, entre los representantes de las instituciones políticas) respecto de los criterios de contabilización que deben ser empleados en el cálculo de dichas balanzas. Resulta muy discutible, por ejemplo, el método que se debe seguir para computar las cotizaciones y las pensiones del sistema de la Seguridad Social: los cambios de residencia operados por los beneficiarios pueden distorsionar parcialmente los resultados. Los criterios de imputación del impuesto de sociedades, de los fondos europeos o de los intereses de la deuda pública también ofrecen un amplio margen para la polémica.

La autonomía o soberanía fiscal y la suficiencia de recursos (necesaria para asegurar un nivel de bienestar colectivo equiparable a los niveles medios estatal y europeo) son dos problemas que están relacionados pero que tienen una naturaleza diferente y que deben merecer argumentos singulares, aunque lógicamente compatibles. No resulta apropiado pretender legitimar -explícita o implícitamente- el nivel de autogobierno en términos de poder fiscal en base al saldo que tengan las distintas Comunidades con la Hacienda estatal. En otras palabras: la dimensión de la autonomía fiscal no debería de estar correlacionada exclusivamente con el nivel de riqueza relativo de cada territorio.

Para que haya un nuevo sistema de financiación autonómica se requiere un nivel de acuerdo político que hoy aún no se percibe como verosímil. Además de las divergencias anteriormente señaladas, hay dos aspectos que complican la resolución de este contencioso. Uno de ellos tiene que ver con el nivel de bilateralidad que debe existir antes de formalizar en un foro multilateral -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- el contenido final del modelo. En las décadas pasadas, se registró una negociación previa entre la Generalitat y el gobierno del Estado (así pasó con Felipe González, Aznar y Zapatero) que sirvió de base para un posterior pacto multilateral. La situación actual por la que atraviesa la política catalana va a dificultar la repetición de un proceso de esas características.

Por otra parte, la fuerte dinámica de centralización económica focalizada en la Comunidad de Madrid y la política fiscal desarrollada por los responsables políticos de ese territorio suscita la necesidad de arbitrar fórmulas de armonización que neutralicen la pretensión de instalar una suerte de “paraíso fiscal” en el interior del Estado español.

Las dificultades son muy notables y las voluntades políticas concernidas no parecen muy apropiadas para alcanzar semejante objetivo. El escepticismo sobre el resultado final está, pues, servido. @mundiario