Un tribunal anula los aranceles de Trump: ¿qué significa para la política comercial de EE UU?
Un tribunal de apelaciones de EE UU ha dictado un fallo histórico que anula la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump durante el primer semestre de su segunda presidencia, al considerar que mandatario se excedió en el uso de sus poderes ejecutivos. La decisión no solo pone en entredicho una de las piezas centrales de la política exterior y comercial de Trump, sino que abre un debate de gran calado sobre los límites de la autoridad presidencial, el papel del Congreso y el futuro de la estrategia arancelaria de Washington.
De momento, los gravámenes seguirán en vigor hasta mediados de octubre, mientras la Casa Blanca prepara su apelación ante el Tribunal Supremo.
Trump ha convertido los aranceles en una herramienta multifuncional. No solo los utilizó para negociar acuerdos comerciales —como sucede con la Unión Europea, Reino Unido, México y China—, sino también como instrumento de presión política en asuntos no directamente económicos, como el control del tráfico de fentanilo con sus vecinos fronterizos o disputas diplomáticas, como las amenazas a Brasil por el juicio contra su aliado ideológico, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunto intento de golpe de Estado.
El presidente de EE UU invocó la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 (IEEPA), concebida en un contexto de crisis energética, para justificar que existía una “emergencia nacional” que le habilitaba a imponer gravámenes globales. Sin embargo, el tribunal ha concluido que esta interpretación fue abusiva: la normativa no contempla expresamente la posibilidad de fijar impuestos o aranceles, una competencia que la Constitución reserva al Congreso.
La sentencia: límites de la autoridad presidencial
“Las leyes conceden una autoridad significativa al presidente para que adopte una serie de acciones como respuesta a una declaración de emergencia nacional, pero ninguna de esas acciones incluye explícitamente la imposición de aranceles o impuestos”, argumentan los jueces en su auto.
Además, los magistrados arguyen que, si bien la legislación estadounidense permite que el Poder Legislativo transfiera las competencias de imposición de gravámenes al Poder Ejecutivo, esta cesión se hace “de manera explícita”, algo que no habría ocurrido en este caso. “Eso no debería sorprender, pues el poder fundamental del Congreso de aprobar impuestos, tales como los aranceles, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, según nuestra Constitución”, señalan.
El fallo, aprobado por una mayoría de siete jueces contra cuatro, sostiene que el presidente no puede inventar atribuciones que la ley no le concede. Con esta sentencia, el tribunal de apelaciones respalda la decisión previa de la Corte de Comercio Internacional, que ya había invalidado la estrategia arancelaria de Trump frente a una demanda presentada por estados gobernados por demócratas y empresarios afectados.
La decisión no afecta a todos los aranceles. Permanecen vigentes los aplicados a sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la industria automotriz, al estar amparados en otra normativa. Sin embargo, el dictamen sí impacta directamente en los gravámenes generalizados contra países como China y México, que Trump justificó como represalias en materia de seguridad y salud pública.
Esto supone un duro golpe para la narrativa de “aranceles recíprocos” que Trump proclamó desde la Casa Blanca, y que alcanzaban un mínimo universal del 10 %.
Implicaciones económicas: ingresos fiscales y credibilidad internacional
La anulación de estos aranceles afecta directamente a los cálculos fiscales de la Administración Trump. Los gravámenes suponían cientos de miles de millones de dólares en ingresos previstos, destinados a financiar los recortes impositivos incluidos en la llamada “Una Gran y Bonita Ley” (OBBB) y a contener el déficit público.
Además, la decisión genera incertidumbre sobre acuerdos ya cerrados con la Unión Europea, Japón, Indonesia y Filipinas, que incluían compromisos de importación y reducción de barreras comerciales. De hecho, el fallo coincide con el inicio del proceso legislativo en Bruselas para retirar aranceles industriales a productos estadounidenses, como parte de un pacto alcanzado la semana pasada.
Trump reaccionó con rapidez y contundencia. A través de su cuenta en Truth Social, denunció que “un tribunal de apelación enormemente partidista ha dicho incorrectamente que habría que cancelar nuestros aranceles, pero ellos saben que al final ganará Estados Unidos. Si desaparecieran esos aranceles, sería un desastre total para el país”.
También aseguró que con la ayuda del Supremo los gravámenes se mantendrán, reafirmando su visión de que estas medidas “hacen a EE UU rico, fuerte y poderoso de nuevo”. “Si se mantuviera esta decisión, destruiría literalmente a Estados Unidos”, advirtió el republicano.
¿Qué sigue? El papel del Tribunal Supremo
Del otro lado, la oposición celebró el fallo como una victoria para la Constitución y el Estado de derecho. Para los demandantes, representados por empresarios afectados y un grupo de estados gobernados por los demócratas, la decisión protege a consumidores y empresas de la volatilidad generada por políticas comerciales unilaterales.
El caso ahora se encamina hacia el Tribunal Supremo, donde la mayoría conservadora (seis jueces de nueve) podría favorecer la postura de Trump. Sin embargo, incluso en ese escenario, el debate ya ha dejado una huella importante: ha reforzado la interpretación de que el presidente no puede usar poderes de emergencia como atajo para modificar la política fiscal y comercial sin la participación del Congreso.
La anulación de los aranceles de Trump no solo es un revés para su política comercial, sino que representa un choque entre el poder ejecutivo y el legislativo en Estados Unidos. También plantea dudas sobre la fiabilidad de Washington como socio comercial en un momento en que la competencia con China y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro son más intensas que nunca. @mundiario
