Toca revisar al alza el objetivo de déficit en las autonomías y reformar su financiación

Vuelve el debate sobre la financiación autonómica, que como suele ser habitual llega tarde. De entrada, las comunidades autónomas han decidido plantarse ante Cristóbal Montoro, no congelar el gasto social, al suponer otro tijeretazo en los servicios públicos, y exigir otro reparto del déficit público. 

¿Por qué exigen las comunidades autónomas otro reparto del déficit? Por algo elemental: parten de la base de que el gasto autonómico sobre el total es muy superior al porcentaje de déficit público asignado por el Gobierno central. Es decir, las autonomías asumen mucho gasto público pero desde Madrid le cortan las alas, dando fiel cumplimiento al viejo refrán que dice que el que reparte deja para sí la mejor parte.

Para entendernos podemos repasar algunos datos. Supongamos un déficit público de un 5% para el conjunto del Estado, incluyendo al Gobierno, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y provinciales y la Seguridad Social. En números redondos hablaríamos de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, actualmente el Gobierno se reserva al menos un 3,5% del déficit, lo que supone unos 35.000 millones, quedándole a todas las comunidades autónomas poco más de un 1,5%, a lo sumo unos 16.000 millones de euros, menos de la mitad del déficit que se atribuye Madrid.

Incluso comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León se sumaron a la demanda de otras autonomías ligadas a la izquierda. Unas y otras califican el reparto de los objetivos del Gobierno de “injusto e irracional”,  en palabras de la consejera de Hacienda de dicha comunidad, Pilar del Olmo.

La perversión del sistema empieza por el lenguaje. En todas las publicaciones del Gobierno central sus redactores confunden el Estado con el Gobierno, sin respetar que la Constitución también considera que las comunidades autónomas son Estado. Parece una anécdota pero no lo es, porque a veces esos juegos de palabras desorientan a los ciudadanos y dan pie para que el Gobierno central practique el derecho de pernada distribuyendo el déficit público o los ingresos del Estado, creyendo que son suyos, cuando en realidad son suyos y de las comunidades autónomas.

Hay dos grandes retos: revisar al alza el objetivo de déficit para las comunidades y reformar la financiación autonómica de cara a 2017

Ahora, unos y otros están más apurados –y exigidos, como diría el entrenador Arsenio Iglesias-, ya que el déficit público español habrá que reducirlo algún día al 3%, lejos de superar el 5%, para poder cumplir los compromisos con la Unión Europea. Traducido para las comunidades autónomas, el Gobierno pretende que ese objetivo se fije como meta el 0,3% del PIB partiendo del 1,6% actual. En euros estaríamos hablando de sólo 3.000 millones para todas las autonomías del régimen común.

Están, pues, en marcha dos grandes retos: la revisión al alza del objetivo de déficit público para las comunidades autónomas y el inicio de la reforma de la financiación autonómica para que pueda entrar en vigor en el año 2017. Son objetivos a los que el profesor Santiago Lago Peñas, director del grupo GEN (Governance and Economics research Network) de la Universidad de Vigo, donde es catedrático, propone añadir un análisis de forma individualizada de la situación de cada comunidad autónoma. Se trataría de un plan de ajuste a la luz de las experiencias de los territorios que, como Galicia, han sido capaces de cumplir objetivos, y también de hablar del uso de los impuestos autonómicos, donde hay cierto margen para actuar. @J_L_Gomez