Por qué los pactos con las mutuas para agilizar las bajas médicas siguen en punto muerto
El absentismo laboral es un agujero negro que engulle miles de millones de euros y horas de trabajo cada año en España. Sin embargo, pese a la preocupación compartida entre sindicatos, patronales y Gobierno, la respuesta institucional continúa estancada. Hace más de un año que se abrieron las puertas para que las comunidades autónomas firmaran convenios con las mutuas con el fin de acelerar los diagnósticos y tratamientos en bajas médicas por lesiones traumatológicas, una de las principales causas de ausentismo prolongado. Pero la iniciativa apenas ha prendido: solo Baleares, Asturias y Cataluña —además de Ceuta y Melilla— han formalizado acuerdos.
El contraste es inquietante. Mientras los datos de la patronal de mutuas (Amat) cifran el coste del absentismo en casi 30.000 millones de euros anuales, la herramienta diseñada para combatirlo avanza a paso de tortuga. La paradoja es evidente: todos los actores coinciden en el diagnóstico del problema, pero nadie logra que el tratamiento funcione. Ni el impulso del Ministerio de Seguridad Social ni el respaldo del diálogo social han bastado para romper la inercia.
En teoría, el plan parecía tenerlo todo para triunfar. Mutuas, comunidades autónomas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) trabajarían juntos para reducir las esperas médicas y facilitar una reincorporación más rápida de los trabajadores con dolencias musculoesqueléticas. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la coordinación entre administraciones, los recelos políticos y la complejidad burocrática pueden más que las buenas intenciones.
Según EL PAÍS, el procedimiento diseñado por la Seguridad Social, concebido para garantizar transparencia y control, ha acabado convirtiéndose en un laberinto administrativo. El médico de atención primaria, responsable de la baja y del alta, debe solicitar al INSS que autorice la derivación a una mutua, que a su vez dispone de cinco días hábiles para aceptar o rechazar el caso. En todo momento se requiere la aceptación del paciente. Lo que iba a ser un circuito ágil se ha transformado, según fuentes del sector, en una maraña de intermediarios, formularios y demoras.
Convenios rígidos y desconfianza mutua
Desde la patronal de mutuas, Amat, señalan que el principal obstáculo es la rigidez de los convenios impuestos desde Madrid. “El Gobierno creó un modelo único para todas las comunidades, con más papeleo y un intermediario extra —el INSS— que retrasa el proceso”, explican. Además, las mutuas recelan de un detalle esencial: la decisión final sobre el alta médica sigue en manos del médico de cabecera, aunque el paciente haya sido tratado y diagnosticado en la mutua. “Si somos quienes hacemos las pruebas y el seguimiento, lo lógico sería que nuestra opinión tuviera más peso”, defienden.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social insiste en que esta cautela es necesaria para preservar la confidencialidad y evitar que el sistema público delegue en exceso su función asistencial. Pero este enfoque protector ha terminado por desincentivar a las mutuas, que no quieren asumir un papel secundario en un proceso que consideran suyo por experiencia y capacidad técnica.
Política, ideología y rivalidad empresarial
El bloqueo no es solo técnico. En algunos territorios, las reticencias tienen color político. Fuentes de la Administración reconocen que ciertas comunidades han optado por no firmar los convenios como gesto de oposición al Gobierno central. En otras, los sindicatos regionales han mostrado su rechazo frontal a que el servicio público colabore con las mutuas, a pesar de que sus direcciones nacionales avalaron el acuerdo.
Incluso dentro del sector de las mutuas hay divisiones. Algunas de menor tamaño temen perder pacientes en favor de entidades más grandes, con más medios y capacidad de respuesta. En un mercado donde la reputación y los resultados pesan tanto como la eficiencia, pocos quieren arriesgar su posición por un convenio que aún genera incertidumbre.
El intento de resurrección del Gobierno
Ante este panorama, el Ejecutivo ha decidido mover ficha. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, participó recientemente por primera vez en el Consejo Interterritorial de Salud, un gesto simbólico para tender puentes entre la Administración central y las autonomías. Desde allí, Suárez apeló al sentido común: “Es una iniciativa donde nadie tiene que perder y todos podemos ganar”.
Pero las palabras no bastan. Mientras las comunidades deliberan, los costes del absentismo siguen creciendo y el sistema sanitario público continúa soportando la carga de miles de bajas médicas que podrían resolverse antes.
El caso de los convenios con las mutuas retrata una realidad muy española: todos están de acuerdo en el diagnóstico, pero nadie se atreve a aplicar el tratamiento. El absentismo es una enfermedad crónica del mercado laboral, y los remedios se estrellan una y otra vez contra la desconfianza, la burocracia y la política. @mundiario
