Una prórroga necesaria: por qué España no puede permitirse otro vacío legal en vivienda
El reloj avanza hacia el 31 de diciembre con una precisión fría, como si la vida de decenas de miles de personas no dependiera de él. Más de 60.000 familias vulnerables están pendientes de la prórroga de la moratoria antidesahucios, una medida que nació durante la pandemia pero que hoy responde a una realidad que no ha dejado de crecer. La mayoría de los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez han mostrado su disposición a extenderla. Solo queda un apoyo incierto, el de Junts, cuya ausencia en las reuniones de las plataformas sociales ha dejado la sensación de un freno que nadie esperaba en este punto.
Aunque la formación se excusó por motivos de agenda y promete un próximo encuentro, la incertidumbre pesa más que las explicaciones. Al final, no se trata de debates abstractos: estamos hablando de hogares que viven en el límite. Cuando las decisiones políticas se retrasan, el vacío no es solo jurídico, es vital.
Una medida temporal que necesita madurar
Las organizaciones sociales llevan meses pidiendo que esta protección deje de depender de emergencias excepcionales. Tiene lógica. Si cada año se repite el mismo debate, quizá el problema no es coyuntural, sino estructural. Convertir la moratoria en una herramienta estable permitiría que familias con menores, dependientes o víctimas de violencia de género no vivieran pendientes del calendario para saber si podrán seguir bajo su propio techo.
También reclaman flexibilizar los criterios para que más colectivos vulnerables queden protegidos. No es un capricho: los datos del Observatori DESCA muestran que solo en un 2% de los desahucios se ofrece un alojamiento alternativo temporal y apenas en un 3% se garantiza una vivienda social. Es decir, el sistema ofrece soluciones simbólicas ante un problema que es real y diario. El Estado tiene la obligación formal de realojar o compensar, pero esa obligación, hoy, funciona más en el papel que en la práctica.
Frente a esto, los grandes tenedores —con Blackstone entre ellos— argumentan que extender la moratoria daña la seguridad jurídica y retrae la oferta de alquiler. Es cierto que cualquier política de vivienda debe tener en cuenta el equilibrio entre protección social y dinamismo del mercado, pero también es verdad que sin un mínimo de estabilidad para los más vulnerables el mercado deja de ser un espacio de intercambio y se convierte en un campo de supervivencia.
La urgencia de evitar un nuevo vacío
Si la prórroga no se aprueba antes de 2026, jueces de todo el país podrían ejecutar desahucios sin margen de interpretación. Las organizaciones hablan de una “emergencia habitacional” comparable a los peores momentos de la Gran Recesión. No es una advertencia exagerada: basta recordar que un desahucio no es solo la pérdida de un techo, es también la ruptura de la rutina, del colegio, de la comunidad. Un desahucio arranca de raíz, no solo desplaza.
El Gobierno se ha comprometido a llevar la medida al Congreso antes de fin de año. Es un paso necesario, pero no suficiente. La política no debería actuar como los bomberos que llegan cuando el fuego ya ilumina el cielo. Necesitamos anticipación, claridad y responsabilidad compartida. España no puede seguir parcheando un problema que, como una grieta en un edificio antiguo, se ensancha si no se refuerzan los cimientos.
La moratoria no es la solución total, pero sí evita un daño inmediato mientras se construyen alternativas reales: parque público, mediación, alquiler asequible y una administración que actúe con eficacia. Lo contrario sería aceptar que la vivienda siga siendo un tablero donde las personas más vulnerables juegan siempre con desventaja.
Aún hay tiempo para actuar. Pero el tiempo, como siempre en materia de vivienda, nunca es neutral. Y cada día que pasa sin una decisión firme se cobra un precio que pagan los mismos de siempre. @mundiario
