Los precios del alquiler caen en Cataluña, pero se disparan los contratos de temporada
El precio del alquiler en Cataluña ha descendido tras la aplicación de la regulación de rentas en 140 municipios, en cumplimiento de la Ley de Vivienda. Sin embargo, la intervención del mercado también ha generado efectos colaterales: la caída en la firma de nuevos contratos y el aumento de los alquileres de temporada, empleados como vía de escape a la normativa.
Según datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la regulación ha permitido que el precio medio de los alquileres en los municipios tensionados bajara un 3,7%, pasando de 911 a 878 euros mensuales, y un 6,4% en Barcelona, donde las rentas descendieron de 1.193 a 1.117 euros. No obstante, también se ha registrado un desplome del 61% en el saldo de contratos firmados, pasando de 6.244 en el primer trimestre a 2.401 en el último. En la capital catalana, la caída ha sido aún más pronunciada, del 80%.
Paralelamente, la regulación ha propiciado un incremento del 45% en los contratos de alquiler de temporada, una modalidad que escapa a los topes de precios y que en 2024 sumó 4.187 contratos más que el año anterior. A pesar de ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la eficacia de la ley y ha instado a otras comunidades a declarar zonas tensionadas para aplicar la regulación. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha celebrado la caída de precios, aunque ha advertido sobre la expansión del mercado no regulado.
Menos ofertas del alquiler tradicional
En el otro extremo, los agentes inmobiliarios han expresado su preocupación por la disminución de la oferta de alquiler tradicional. Según Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Cataluña, muchos propietarios prefieren vender sus viviendas o recurrir a contratos temporales para evitar las restricciones de la ley.
El Gobierno insiste en que la regulación está funcionando y confía en que su aplicación se extienda a otras comunidades, aunque la oposición de algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid, sigue siendo un obstáculo. Mientras tanto, los efectos de la regulación continúan generando debate entre administraciones, inquilinos y propietarios. @mundiario
