El precio del conflicto en Oriente Próximo llega al campo antes que al petróleo
El campo español se encuentra atrapado en una tormenta económica que no provoca directamente: el conflicto en Oriente Próximo ha disparado los costes de producción, obligando a agricultores y ganaderos a pagar una especie de “prima de guerra” por un conflicto que no afecta directamente a sus suministros. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), solo la subida del gasóleo agrícola y de los fertilizantes ya supone un sobrecoste diario de 2,4 millones de euros, que, de mantenerse, podría sumar más de 800 millones al año.
La raíz del problema, advierten los expertos, no está en la escasez física de insumos. Los precios del gasóleo B se han disparado un 41%, de 0,85 a 1,20 euros por litro, y la urea —uno de los fertilizantes nitrogenados más utilizados— ha subido un 20%, pasando de 500 a 600 euros por tonelada. COAG apunta a un mecanismo especulativo detrás de este aumento: la compra de contratos de futuros por parte de fondos financieros y el ajuste de precios por parte de distribuidores locales que trasladan a los agricultores un riesgo potencial sobre suministros futuros.
“El agricultor español está pagando por un riesgo que aún no existe”, subraya COAG. La organización recuerda que la mayor parte del crudo que llega a España no pasa por el estrecho de Ormuz, y que los principales proveedores de fertilizantes, como Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, tampoco dependen de esta vía marítima para sus exportaciones. Pese a ello, los precios se han disparado anticipadamente, dejando al sector atrapado entre contratos cerrados meses antes del conflicto y las decisiones especulativas de los distribuidores.
Un coste que ahoga a explotaciones de todo tipo
El impacto económico no es abstracto: según EL PAÍS, para una explotación cerealista de 150 hectáreas, la subida del gasóleo B representa un sobrecoste anual de 5.250 euros, mientras que la urea eleva la factura en 3.600 euros. En un olivar intensivo de 80 hectáreas, el gasóleo sumaría 2.800 euros y la urea 1.440 euros al año. Son cifras que, sumadas a otros costes de producción, presionan a un sector ya vulnerable frente a la volatilidad de los mercados y las condiciones climáticas extremas.
La especulación como motor del encarecimiento
COAG denuncia que la subida de precios responde más a la anticipación de riesgos que a un problema real de suministro. Los distribuidores, según el informe, trasladan el coste del conflicto antes de que este impacte físicamente en España; un efecto que podría tardar entre 60 y 120 días en materializarse. Esta práctica provoca un efecto cascada: los agricultores pagan más, la producción se encarece y el consumidor final podría terminar notando la factura en los supermercados.
Frente a esta situación, COAG ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue las prácticas de fijación de precios y que el Gobierno active mecanismos de seguimiento de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos. Además, piden a la Comisión Europea que active mecanismos de alerta temprana para evitar que estas subidas especulativas sigan golpeando al sector agrario. @mundiario
