El plan histórico de recortes de Rodrigo Paz para salvar Bolivia de la crisis económica
A solo dos semanas de asumir el cargo, el presidente Rodrigo Paz puso sobre la mesa un plan que marca un giro drástico respecto al modelo económico vigente en Bolivia durante casi dos décadas. La hoja de ruta contempla una reducción del 30 % del gasto público en el presupuesto de 2026, la eliminación de cuatro impuestos —incluido el que grava a las grandes fortunas— y un pago inmediato de deudas acumuladas con proveedores estatales desde hace tres años.
La magnitud del ajuste evidencia la gravedad del diagnóstico: una economía presionada por la falta de dólares, la escasez de combustible, un mercado cambiario dual y un déficit fiscal alimentado por subsidios que el Gobierno aún no se atreve a desmontar.
El anuncio más contundente del nuevo Ejecutivo es la reducción del gasto público en un 30%, equivalente a cuatro puntos porcentuales del PIB. Aunque Paz evitó detallar qué partidas serán afectadas, su ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que se eliminará “la grasa del Estado” sin tocar servicios básicos ni inversiones en infraestructura.
Como primer gesto, el Gobierno redujo de 17 a 14 el número de ministerios. La expectativa, según Espinoza, es reorientar el presupuesto hacia áreas que generen crecimiento efectivo y aliviar una estructura estatal que, afirma, fue inflada durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
El dilema de fondo: tipo de cambio y subsidios a los combustibles
La segunda gran pieza del plan es la derogación de cuatro impuestos a las grandes fortunas, al juego, a las transacciones financieras y a las promociones empresariales. El objetivo es doble: estimular la inversión privada y atraer capital extranjero. El Gobierno sostiene que estos tributos, que en su conjunto representan menos del 1 % de la recaudación fiscal, generan más costes administrativos que beneficios reales.
El impuesto a las grandes fortunas —creado en 2020— es considerado por Paz un freno directo a la inversión: asegura que provocó la fuga de más de 2.000 millones de dólares hacia países vecinos como Paraguay. El sector empresarial respaldó de inmediato la iniciativa, mientras el Gobierno insiste en que la simplificación tributaria es indispensable para reactivar la actividad productiva.
Aunque las reformas anunciadas son profundas, el Gobierno evitó por ahora tocar los pilares más sensibles del modelo económico boliviano: el tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar, vigente desde 2011 y los subsidios a los combustibles, que cubren casi el 50 % del precio real de importación.
Con un dólar que en el mercado informal supera los 10 bolivianos y un país altamente dependiente de importaciones, la brecha cambiaria presiona los precios y reduce la capacidad del Estado para obtener divisas. Muchos esperaban que Paz actuara con rapidez en estos frentes. “Sería demasiado irresponsable arrancar con medidas de ese tipo cuando todavía tienes un proceso inflacionario. Estamos trabajando antes en levantar las trabas al sector productivo; está por salir un paquete de decretos que está siendo trabajado”, afirmó el ministro Espinoza.
Financiamiento internacional y un Estado bajo investigación
El Gobierno anunció además que Bolivia recibirá 550 millones de dólares de un crédito mayor de 3.500 millones negociado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y que el país está en proceso de captar más de 9.000 millones en financiamiento multilateral adicional.
En paralelo, Paz ha impulsado una serie de “comisiones de la verdad” para investigar las irregularidades en múltiples empresas estatales —desde hidrocarburos y telecomunicaciones hasta carreteras y litio— asegurando que se encontró con un “Estado cloaca” y mencionando un presunto desfalco de hasta 15.000 millones de dólares.
Las medidas de Rodrigo Paz constituyen el primer intento serio en años por corregir los desequilibrios estructurales de la economía boliviana. El recorte del gasto, la eliminación de impuestos y el pago de deudas buscan estabilizar el escenario macroeconómico y recuperar la confianza de inversores y ciudadanos.
Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. La persistente escasez de dólares, la presión sobre los precios y la dependencia de subsidios mantendrán en tensión al nuevo Gobierno, que deberá equilibrar el ajuste con la estabilidad social. La verdadera prueba llegará cuando deba decidir si mantiene —o transforma— los pilares del modelo económico heredado del MAS.
Por ahora, Bolivia inicia una nueva etapa, marcada por el intento de reconstruir confianza y reorganizar un Estado que lleva años navegando entre el gasto crónico, la desconfianza empresarial y un mercado cambiario fracturado. @mundiario
