Las operadoras deberán bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas
Las estafas telefónicas, que suponen ya el 50% de los fraudes reportados en España, están afectando a millones de consumidores. Los delincuentes se hacen pasar por instituciones públicas, bancos o compañías de servicios para robar datos personales o suscribir a usuarios a servicios no solicitados. Ante este panorama alarmante, el Gobierno ha dado un paso firme en la lucha contra estos fraudes mediante la aprobación de una normativa que obliga a las operadoras telefónicas a bloquear las llamadas y los SMS sospechosos de ser fraudulentos.
El nuevo marco legal establece que las operadoras de telefonía, como Movistar, Vodafone o Digi, deberán implementar tecnologías que detecten y bloqueen las llamadas o mensajes de texto provenientes de números no atribuidos o de origen internacional que simulan ser locales. Las sanciones por no cumplir con estas medidas pueden alcanzar los dos millones de euros, aunque las compañías no serán responsables de indemnizar a los usuarios afectados. En su lugar, serán los consumidores quienes deberán interponer una denuncia ante la Policía para recuperar lo perdido.
El secretario general de Telecomunicaciones, Matías González, subrayó que la medida busca reducir drásticamente estas estafas, que han crecido de manera exponencial en los últimos años. "Esperamos que, con este sistema, podamos emular los éxitos de países como Finlandia o Bélgica, donde las estafas telefónicas se han reducido hasta en un 90%", afirmó.
Un registro seguro para SMS
A pesar de que la medida solo afecta a llamadas y SMS, se deja fuera a otros canales como WhatsApp o correos electrónicos, que también son utilizados por los estafadores. La normativa entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque algunas de las disposiciones tendrán plazos más largos para su implementación.
Además de los bloqueos en origen, la normativa también establece la creación de un registro seguro para SMS, que estará a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este registro permitirá verificar los códigos alfanuméricos usados por entidades legítimas, como bancos o administraciones públicas, evitando que los estafadores puedan suplantar su identidad fácilmente.
También se han introducido medidas para regular las llamadas comerciales, que deberán realizarse desde números 800 o 900, y se prohíbe el uso de números móviles para este fin. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha resaltado que estas medidas forman parte de un "paquete integral" que busca proteger a los ciudadanos de la suplantación de identidad y las estafas telefónicas, un problema que afecta a millones de usuarios cada año.
El cambio normativo, aunque bien recibido, deja claro que la lucha contra las estafas telefónicas está lejos de ser fácil. Sin embargo, con la colaboración de las operadoras y la implementación de nuevas tecnologías, el Gobierno espera poner freno a una de las amenazas más comunes en la era digital. @mundiario
