El Gobierno repetirá el examen de las pensiones por la presión de la UE

El Gobierno español no quería volver a pasar por ahí. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había aprobado, aunque por la mínima, el examen de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero Bruselas no se ha fiado. Con el argumento de que España había introducido de forma oportunista unas transferencias que maquillaban las cuentas, la Comisión ha obligado al Ejecutivo a repetir la prueba antes del 1 de junio de 2026. Esta vez, sin trucos contables, sin inyecciones artificiales, y bajo la amenaza de congelar los pagos del plan de recuperación europeo.

Es mucho más que una cuestión técnica. Lo que está en juego no es solo la credibilidad del sistema de pensiones, sino la confianza de las instituciones europeas en la seriedad presupuestaria de España. En su momento, el Gobierno decidió contabilizar como nuevos ingresos unas transferencias del Estado a la Seguridad Social que, según consta en el texto al que ha tenido acceso el diario El País, ya estaban aprobadas desde antes.

Con ello, evitó un ajuste que habría exigido medidas impopulares, como subir cotizaciones o recortar prestaciones. Pero a ojos de Bruselas, se trató de una jugada de trileros contables: el agujero seguía ahí, solo que desplazado del sistema de pensiones al conjunto del presupuesto.

Repetir el examen: un gesto de desconfianza

Obligar a rehacer un hito ya superado es un bofetón político. Europa ya había liberado fondos tras ese examen, pero ahora considera que se incumplió el compromiso. Técnicamente, es una reversión del objetivo, lo que podría derivar en una devolución de fondos si no se corrige. España, que aún espera nuevos desembolsos millonarios del plan Next Generation EU, no se puede permitir ese desliz.

Por eso el Gobierno se ha apresurado a incluir esta nueva evaluación en un real decreto que se tramitará por la vía urgente. El texto, que ya ha entrado en audiencia pública, elimina expresamente las polémicas transferencias del cálculo y anticipa que el examen se repetirá en menos de un año, a pesar de que por ley debería hacerse cada tres.

Bruselas exige transparencia, no maquillaje

El discurso oficial del Gobierno es que se trata de una actualización necesaria, un ejercicio de transparencia. Que no es una nueva evaluación, sino un seguimiento. Pero no convence. Bruselas ha sido clara: si España quiere mantener la ayuda europea, debe demostrar que el sistema de pensiones es sostenible con ingresos reales, no contables. Y no solo por el bien del sistema, sino por el equilibrio de todas las cuentas públicas.

La Airef, el FMI y otros organismos internacionales ya habían advertido de que el modelo español no era estructuralmente sostenible. El propio informe de la Airef señalaba que la mejora del PIB en los últimos años ha sido el principal factor que evitó un ajuste, pero se trata de un elemento coyuntural, susceptible de revertirse si cambia el viento económico.

El examen que Bruselas quiere no es solo de pensiones

La Comisión no quiere que España mida solo el gasto en pensiones, sino el conjunto del equilibrio fiscal. Y aquí empiezan los problemas: el déficit previsto entre ingresos y gastos en 2050 alcanza el 3% del PIB, unos 45.000 millones de euros con las cifras actuales. Según las proyecciones de la Airef, para revertir la trayectoria ascendente de la deuda, haría falta un ajuste estructural anual de más de 3 puntos del PIB hasta 2040.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. El envejecimiento poblacional, la jubilación masiva del baby boom y la mayor generosidad del sistema están tensionando la sostenibilidad. Aunque se han aprobado reformas importantes —como la subida de cotizaciones, el destope de bases o la equiparación de autónomos—, los efectos a largo plazo siguen siendo dudosos. No basta con recaudar más: hay que gastar mejor y hacer un sistema que no dependa de parches.

El precio de la credibilidad

España no está sola en esta batalla. Varios países europeos están enfrentando desafíos similares. Pero lo que la diferencia es la tendencia al escapismo fiscal. Cambiar las reglas del examen después de haberlo pactado con Bruselas es una mala señal. No es una simple disconformidad de criterio técnico: es una cuestión de confianza política.

Ahora, con un nuevo examen a las puertas, el Gobierno tiene una segunda oportunidad. Puede optar por seguir disfrazando los números o por afrontar la realidad y aplicar un ajuste serio, aunque impopular. Porque si algo ha dejado claro Bruselas es que no se trata de contentar a los votantes, sino de garantizar que las pensiones de hoy no comprometan el bienestar de mañana. @mundiario