El Gobierno confirma que concederá miles de licencias VTC vía judicial

Protesta de taxistas esta semana en España. / Twitter
Protesta de taxistas esta semana en España. / Twitter

El conflicto entre taxistas y plataformas que operan con este permiso especial podría avivarse todavía más a raíz de la decisión del Ministerio de Fomento.

El Gobierno confirma que concederá miles de licencias VTC vía judicial

El Gobierno ha avisado que para los próximos meses otorgará miles de licencias VTC conforme vayan avanzando los recursos interpuestos por empresas como Uber y Cabify, que han aprovechado el enorme agujero en la regulación que dejó la Ley Ómnibus de liberalización de servicios que se firmó en el último mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con este anuncio, todo parece indicar que el frente abierto que sostienen los taxistas con aplicaciones que se valen de este tipo de licencias podría subir el tono próximamente. La ley en cuestión causó que se impugnara ante los tribunales la normativa de proporcionalidad entre ambos bandos, que es de una licencia VTC por cada 30 taxistas.

La ley cambió en 2013, con el PP en el poder. La gestión del Ministerio de Fomento dejó un agujero legal del que se han valido estas empresas, que a su vez exigieron a los tribunales las licencias entre 2009 y 2013 y de momento han ganado en todos los recursos presentados. Es más, de las 5.928 autorizaciones de estas licencias, unas 3.740 fueron obtenidas mediante una vía judicial a partir de entonces. Con la proporcionalidad, deberían haber solamente 2.188 conductores con documento VTC, de acuerdo a cálculos presentados por El País.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) también ha entrado a la duela y ha recurrido ese Real Decreto que dictó la repartición de permisos.

Movimiento de Fomento

Por su parte, el Ministerio de Fomento impulsará junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos un proyecto para reforzar la inspección a las empresas de vehículos manejados por usuarios VTC, tal como Uber y Cabify entre otras, a fin de garantizar que respetan la normativa en rigor.

Estas inspecciones monitorearán la contratación previa de los servicios de parte de los pasajeros, puesto que las VTC no permiten circular por la ciudad en búsqueda de ellos, como sí a los taxis.

El ministerio ha llamado a una reunión para el martes de la próxima semana, a la que fueron invitados los jefes de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los principales ayuntamientos afectados por este alboroto, como Madrid y Barcelona, a fin de diseñar la remodelación de este sistema de inspecciones.

Hasta ahora en el 2017, Madrid ha sido el escenario más conflictivo por la llegada de las aplicaciones ya mencionadas, y en sus calles se han inspeccionado unos 5.000 autos de VTC, de los que más de 1.000 han sido sancionados por la captación de clientes. La mayoría de estas inspecciones fueron realizadas por la Comunidad de Madrid puesto que el Ayuntamiento realizó solamente 75, explica el periodista Ramón Muñoz.

El año pasado se se abieron 589 expedientes a transportes de viajeros en vehículos con capacidad para menos de 9 pasajeros -en ambas modalidades- y se hicieron 172 campañas de inspección. Aparte, dentro del plan específico de control de plataformas digitales en vehículos turismos particulares se abieron unos 415 expedientes, de los que 355 circulan en Madrid.

Límites a la competencia

Lo cierto es que la oficina de Fomento tiene jurisdicción solament en la coordinación de actividades de inspección en las comunidades autónomas, las cuales deben coordinarse con los ayuntamientos, que al final son los que conceden las licencias. Las comunidades junto con las policías locales deben controlar los puntos como estaciones o aeropuertos, en tanto que Fomento realiza las inspecciones en carretera con el apoyo de la Guardia Civil, y a la vez auditan a las compañías VTC. Este enredo de competencias ha causado nuevos frentes entre las administraciones, como el de la Comunidad de Madrid al pedir más policías municipales al ayuntamiento de la capital para respaldar al inspector de turno.

Fomento espera modificar la normativa para permitir que un policía municipal tenga autoridad para levantar un acta de inspección sin tener que recibir la aprobación del inspector comunitario.

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