El Gobierno aplaza los Presupuestos y eleva el techo de gasto en la espera de un gesto de Junts
El Gobierno ha asumido públicamente que los Presupuestos Generales del Estado para 2026 no llegarán al Congreso antes de cerrar el año, pese al calendario inicialmente anunciado por Pedro Sánchez. Con el rechazo explícito de Junts y la fragmentación del bloque de investidura, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fija ahora el primer trimestre de 2026 —idealmente febrero— como la nueva ventana para presentar las cuentas.
El Ejecutivo confía en que el escenario político pueda redefinirse en primavera, especialmente si se materializa el retorno de Carles Puigdemont tras el informe favorable del Abogado General del TJUE sobre la ley de amnistía. En La Moncloa creen que ese giro podría suavizar la posición de los posconvergentes y permitir un segundo intento si el proyecto fuera rechazado inicialmente.
Mientras mantiene abierta la negociación política, el Ejecutivo ha dado un paso clave en la arquitectura presupuestaria: aprobar la senda de estabilidad y elevar el techo de gasto no financiero hasta los 212.026 millones de euros, o 216.177 millones si se incluyen fondos europeos. Esto supone un incremento del 8,5 % respecto al año anterior y constituye el límite más alto de gasto del Estado desde que existe este mecanismo.
Montero defiende que el aumento está respaldado por una revisión al alza del crecimiento económico —del 2,7 % al 2,9 %— y por la mejora gradual del déficit, que se prevé situar en el 2,5 % este año y bajar al 2,1 % en 2026. El Gobierno subraya que España crecerá por encima del 2 % en los próximos tres ejercicios, con un mercado laboral resistente y una reducción paulatina de la deuda pública.
Tensiones con las autonomías y un PP reticente
El incremento del techo de gasto ha generado presiones adicionales sobre el Partido Popular, cuyos gobiernos autonómicos tendrán que posicionarse sobre la senda fiscal. Montero reprocha al PP su voto en contra a pesar de que la medida permitiría a autonomías, diputaciones y ayuntamientos acceder a miles de millones adicionales en recursos públicos.
En caso de repetirse el bloqueo de 2024, las comunidades perderían 5.485 millones entre 2026 y 2028. Para Hacienda, ese escenario sería difícil de justificar políticamente, especialmente en territorios gobernados por el PP.
Más allá de Junts, otros socios habituales del Gobierno también muestran distancia. Podemos afirma que no puede desligar la senda de déficit del debate presupuestario y denuncia que las cuentas propuestas son “presupuestos de campaña”. Àgueda Micó, la diputada de Més-Compromís encuadrada en el Grupo Mixto, critica la falta de diálogo previo y reclama mayor capacidad de endeudamiento para las comunidades.
Estas fricciones reflejan un clima legislativo complejo, en el que el Ejecutivo intenta combinar estabilidad macroeconómica con una negociación política cada vez más enconada.
Crecimiento económico y presión política: un equilibrio frágil
El Ejecutivo utiliza la evolución del PIB, el empleo y la reducción de la desigualdad como carta de presentación de su estrategia económica. La revisión a la baja de la deuda y la mejora del rating español por parte de agencias internacionales refuerzan el relato de estabilidad.
Sin embargo, la prórroga presupuestaria y la ausencia de apoyos suficientes dibujan un horizonte incierto. El Gobierno confía en que el crecimiento económico actúe como contrapeso mientras espera que el clima político evolucione a su favor en los próximos meses. @mundiario
