España libera las reservas de petróleo para frenar la escalada de precios por la crisis de Ormuz

El Ejecutivo ordena movilizar hasta 11,5 millones de barriles para contener la escalada del crudo mientras diseña un paquete de medidas urgentes para amortiguar el impacto económico de la crisis energética.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. / X.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. / X.

La nueva crisis energética provocada por las tensiones en el estrecho de Ormuz ha llevado al Gobierno español a activar una de sus herramientas más relevantes de intervención: la liberación de reservas estratégicas de petróleo. La decisión, coordinada con la Agencia Internacional de la Energía, busca contener el fuerte aumento del precio del crudo y evitar efectos más profundos sobre la economía.

El Ejecutivo ha autorizado la puesta en el mercado de hasta 11,5 millones de barriles —equivalentes a más de 12 días de consumo nacional— en una operación que se ejecutará por fases. Al mismo tiempo, prepara un paquete de ayudas directas, especialmente orientadas a carburantes y sectores más expuestos, que será presentado en los próximos días por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El detonante de esta medida es el encarecimiento acelerado del petróleo, que ha llegado a subir en torno a un 60% desde el inicio de la crisis en Oriente Próximo. El bloqueo o la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte esencial del suministro energético mundial, ha generado tensiones en los mercados internacionales.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía ha impulsado una liberación coordinada de reservas entre sus países miembros, con un volumen histórico de 400 millones de barriles durante un máximo de 90 días. España aportará el 2,9% de ese total, alineándose con otras grandes economías que han decidido actuar con rapidez.

Objetivo: aumentar la oferta y frenar los precios

La operación española se estructura en varias fases. En una primera etapa, inmediata, se liberarán algo más de tres millones de barriles, equivalentes a unos cuatro días de consumo, con un plazo de ejecución de 15 días. Esta fase inicial recurrirá principalmente a las reservas que están en manos de empresas energéticas como Repsol, Naturgy o BP, ya que cuentan con capacidad logística para trasladar rápidamente el combustible al mercado.

El resto de la operación dependerá de la evolución del conflicto y podría implicar también a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el organismo público encargado de custodiar parte de las reservas nacionales.

El mecanismo es relativamente directo: al aumentar la oferta disponible de petróleo y derivados, se busca reducir la presión alcista sobre los precios. Sin embargo, el impacto real de esta medida depende de factores externos, como la duración del conflicto, el grado de afectación del transporte marítimo y la respuesta de otros grandes productores.

Desde el Gobierno, la ministra Sara Aagesen ha subrayado que los productos liberados —principalmente diésel— se comercializarán a precios de mercado, con el objetivo de estabilizar el sistema sin distorsionar completamente las señales del mercado.

Un paquete de ayudas en paralelo

La liberación de reservas no es la única medida en marcha. El Ejecutivo prepara un paquete de ayudas con un doble enfoque, según ha adelantado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Por un lado, se prevén medidas coyunturales para amortiguar el impacto inmediato en consumidores y empresas. Entre ellas destacan posibles ayudas a los carburantes, así como apoyos específicos para sectores especialmente vulnerables como el transporte o el agrícola.

Por otro lado, el plan incluirá medidas estructurales orientadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Uno de los elementos que condiciona la respuesta española es su estructura energética. España cuenta con 92 días de reservas estratégicas obligatorias, lo que le proporciona cierto margen de maniobra en situaciones de crisis. Además, dispone de una infraestructura diversificada, con múltiples plantas de regasificación y capacidad de importación de gas, así como un creciente peso de las energías renovables en el sistema eléctrico.

Este contexto permite al Gobierno defender que el impacto de la crisis, aunque relevante, es más manejable que en episodios anteriores como el derivado de la guerra en Ucrania. @mundiario

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